El destino del proyecto de los Presupuestos Generales del Estado estaba cantado desde hace días, después de que ERC y PDeCAT anunciaran sendas enmiendas a la totalidad ante la negativa del Ejecutivo a negociar la autodeterminación de Cataluña. El veto a las Cuentas se ejecutó este miércoles en el Congreso de los Diputados, un hundimiento que significa para el Gobierno de Pedro Sánchez la pérdida de unos ingresos de 3.963 millones de euros tras haber elevado el gasto público de 2019 en, al menos, 2.913 millones a través de diversos reales decretos de ley (RDL). Es decir, que en prórroga presupuestaria y sin RDL que por lo pronto solventen esta situación, España se enfrenta a una brecha de caja de casi 7.000 millones.
Esto sucede porque las medidas comprometidas en el proyecto ya aparcado en la cuneta no se podrán poner en práctica - queda la posibilidad de que se ejecuten a través de RDL, pero el Gobierno alberga dudas al respecto y los expertos legales lo desaconsejan - . Entre ellas, la que más peso hubiera tenido habrían sido los cambios en el Impuesto de Sociedades, con los que el Gobierno esperaba un incremento de la recaudación de 1.776 millones, seguida de los ingresos esperados por el destope de la cotizaciones máximas, que se iban a aumentar un 7%, con la consecuente mejora de los ingresos de 850 millones.
Mientras, la subida del diésel suponía unos 670 millones más. En cualquier caso, esta medida podría salir adelante también a través de la Proposición de Ley de Transición Ecológica, según indican fuentes de Moncloa.
Respecto al gasto, a través de la aprobación de los sucesivos RDL en el Consejo de Ministros, el Gobierno ya había dado luz verde a diversas subidas que no quedaban sujetas a la aprobación de Presupuestos. De esta manera, se incrementaron las pensiones un 1,6% - con un coste de 588 millones - , se subió el salario de los empleados públicos un 2,5% - medida que en el Estado tiene un impacto en 2019 de 1.125 millones, sin tener en cuenta el efecto en las comunidades autónomas- y se confirmó la devolución del IRPF de maternidad y de paternidad tras el correspondiente dictamen del Tribunal Supremo -al precio de 1.200 millones -.
Por otro lado, en estos cálculos no entran las tasas Google y Tobin ni las medidas contra el fraude. Se trata de iniciativas que se han de tramitar individualmente y aparte de los Presupuestos. De hecho, los proyectos de ley de los nuevos tributos ya han sido presentados en el Congreso, aunque el que puedan finalizar su tramitación dependerá de cuándo acaben celebrándose las elecciones generales.
Hacia el adelanto electoral
Como en su momento dijera el propio Pedro Sánchez, el fracaso de los Presupuestos acorta la legislatura. La clave es cuál será la fecha escogida por el presidente del Gobierno para celebrar el presunto adelanto electoral, un anuncio que no hará hasta el próximo viernes, tras el Consejo de Ministros que se celebrará en Moncloa.
Hasta entonces, todo son apuestas, rumores y vaticinios más o menos acertados. Desde que la Agencia EFE precisara que el adelanto electoral sería en abril, este parece ser el mes ganador a todas luces. De hecho, durante el miércoles, en el Congreso varios ministros esperaban que los comicios se celebraran "cuanto antes", respaldando esta teoría. Sin embargo, también hay globos sonda que llevan a pensar en la dirección contraria y que el adelanto no será hasta otoño. Tras la votación -resuelta con 191 votos a favor y 158 en contra de las enmiendas a la totalidad - , María Jesús Montero, ministra de Hacienda, recordó que todavía "hay tareas pendientes" del Gobierno, con muchos puntos no incorporados en los Presupuestos, y que van como proyectos de ley o RDL que se tramitarán en breve en el Congreso. Además, indicó que hay asuntos de las Cuentas que se podrían llegar tratar por estas vía legislativas.
A este respecto, señaló que "algunas cuestiones" incluidas vía RDL ya iniciaron su tramitación y "hay que culminarla", si bien algunas leyes "importantes" están sometidas a la paralización por los plazos de enmienda, situación de la que acusó a Partido Popular y Ciudadanos, por "paralizar de las instituciones".
