El Consejo de Ministros del Gobierno que preside Pedro Sánchez dio luz verde el pasado 18 de enero, entre otras medidas, a la conocida como Tasa Tobin, por la que se gravarán las operaciones en bolsa. Por plazos, lo habitual es que este tipo de impuestos entre en vigor unos seis meses después de su aprobación, que en este caso podría alargarse algunos más. En la práctica, ninguna de estas fechas encaja. Y, por tanto, la recaudación que tenía prevista el Ejecutivo, de 850 millones, tampoco.
El martes fue la Airef el organismo que cuestionó, entre otras, esta estimación, recortándola hasta una horquilla entre 105 millones y 215 millones de euros. Y el lunes fue el Banco de España el que habló de "mucha incertidumbre" respecto a la capacidad recaudatoria de los nuevos impuestos. Fuentes políticas consultadas creen que, como pronto, la recaudación empezaría a realizarse en el último trimestre. Pero en la industria financiera se niega la mayor y se ve incluso imposible recaudar nada este año con este tributo en bolsa.
Fuentes de la gestora del parqué español, BME, apuntan que su implementación podría dilatarse al menos 18 meses por cuestiones técnicas, puesto que se requiere un cambio importante en los sistemas informáticos, ya sea de la firma encargada de hacer la liquidación en España, Iberclear (propiedad de BME) o de los brókeres. Y es que ni siquiera este punto estaría totalmente aclarado.
La obligación de reunir la tasa de un 0,2% sobre las operaciones con títulos de compañías de más de 1.000 millones de euros de capitalización, independientemente de la nacionalidad del inversor, recae, según el Proyecto de Ley, en "el intermediario financiero que transmita o ejecute la orden de adquisición". Fuentes de mercado explican que están abiertas las dos vías: que sean los brókeres los que autoliquiden el impuesto a las transacciones financieras (ITF) o que recaiga todo sobre una plataforma central, en el caso de España, Iberclear. Ni siquiera en este último caso, aseguran, estaría preparado el desarrollo tecnológico necesario.
El plazo establecido para presentar posibles enmiendas sobre este sujeto pasivo, sobre el procedimiento o sobre cualquier otra cuestión concluirá el próximo 18 de febrero.
El otro problema surge cuando las operaciones sobre empresas españolas no se hagan en nuestro país. En estos momentos "nadie tiene los datos" de las ejecuciones que se realizan fuera, explican fuentes financieras. Es decir, más cuestiones técnicas por solucionar. Hoy no hay control sobre una compra que pueda hacer una firma como Goldman Sachs de acciones de una cotizada española. "Una de las problemáticas sobre la tasa es cómo se cobrará. No habrá problema en el caso de BME y las entidades españolas, pero no olvidemos que existen otras plataformas alternativas a BME y otros intermediarios extranjeros, que podrían ser una vía de elusión de la tasa", recalcan desde Self Bank.
Fuga de capitales
Más allá de los primeros interrogantes, saber cómo y cuándo se recaudará la tasa, la siguiente derivada es conocer hasta dónde alcanzará la deslocalización de los inversores hacia otros países, dando por hecho que sí o sí tendrá lugar, al menos de manera temporal hasta que se despejen incertidumbres. Esta circunstancia, de la que advierten desde la CNMV, es también reconocida, incluso, por el Gobierno en el análisis de impacto económico que acompañaba al Proyecto de Ley.
La Tasa Tobin no es exclusiva de España. Bélgica, Francia, Italia e, incluso, Reino Unido también gravan las transacciones en sus mercados, el problema es que no se ha realizado de una manera coordinada. "El ITF abre una ventana a la deslocalización de servicios financieros hacia territorios donde no se aplica el impuesto, por lo que únicamente un consenso en la UE dotaría de plena utilidad a este instrumento fiscal", apunta Patricia Lampreave, experta en derecho financiero y tributario del IEB. Fuentes de mercado aseguran que la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ante esta problemática, habla incluso de aprobar sanciones vía real decreto a quienes decidan ir a invertir a otros países, una medida que estas fuentes califican de difícilmente aplicable.
Y lo cierto es que tampoco es el mejor momento. La industria vive una situación ya de por sí complicada, mientras se resuelva un problema más grande como es un Brexit blando o duro. Además, impactará con fuerza sobre la negociación de la bolsa española, que no atraviesa, precisamente, su mejor año. En 2018, el volumen negociado en renta variable en el mercado nacional cayó en 10 de los 12 meses, hasta cerrar el ejercicio con un recorte del 9,8% respecto a 2017, con 587.486 millones de euros. A este importe hay que sumar los 300.000 millones de euros que se negocian fuera de BME.
Su presidente, Antonio Zoido, ha sido uno de los mayores activistas en contra de este gravamen. Según sus cálculos, un impuesto del 0,2% a la compra/venta de acciones supone "multiplicar por 66 el coste de una transacción".
En resumen, será más caro operar en España y la incertidumbre hará que grandes inversores, como las gestoras internacionales, puedan trasladar su inversión hacia otros países. Y no es una cuestión baladí. El 46% del capital de las cotizadas está en manos extranjeras y, más importante aún, son las que llevan a cabo ocho de cada 10 transacciones realizadas.
