Los viernes de las próximas semanas hasta que se celebren las elecciones generales del 28 de abril van a estar llenos de novedades legislativas. Así lo ha anunciado María Jesús Montero, ministra de Hacienda, quién ha revelado que los próximos Consejos de Ministros estarán repletos de medidas, sobre todo en el ámbito laboral, que se aprobarán a través de reales decretos ley (RDL). Sin embargo, la propia Montero también ha descartado que se asuman nuevas políticas ajenas al empleo.
El Ministerio de Trabajo y de la Seguridad Social es el departamento, con diferencia, más beneficiado por las iniciativas previstas. De hecho, casi todas pertenecen a su ámbito. De esta manera, tal y como anunciara hace unas semanas Pedro Sánchez, presidente del Gobierno, el Consejo de Ministros resucitará la subvención a parados de larga duración mayores de 52 años y la cotización con cargo al Estado de las cuidadoras no profesionales de dependientes, ambas medidas incluidas en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado vetado por el Congreso.
Contrarreforma laboral
En esta dirección se mueve la iniciativa de que las empresas de tamaño mediano tengan que transparentar cuánto pagan, de media, a hombres y mujeres, con el fin de atajar la brecha salarial, que se aprobará a través de un RDL. Esta herramienta legislativa se empleará también para sacar adelante la derogación parcial de la reforma laboral, que incluye aspectos como el control horario de los trabajadores -para lograr una mejor evaluación de las horas extra-, la vuelta de la ultraactividad y que se priorice el convenio sectorial sobre el de empresa.
A estas apuestas el Ministerio de Trabajo sumó la semana pasada la ampliación del permiso de paternidad de cinco a ocho semanas, así como su evolución progresiva a 16 semanas en 2021, otra medida que también estaba incluida en el proyecto de Presupuestos.
Oferta de empleo público
Además, este mismo martes se ha confirmado una nueva medida que se aprobará por decreto ley: el Gobierno habilitará una nueva oferta de empleo público antes de las elecciones, pero por lo pronto se desconoce de cuántas plazas será. Sin embargo tanto Montero como Meritxell Batet, ministra de Administraciones Públicas, afirmaron que era necesaria para mantener el correcto funcionamiento de los servicios públicos.
Todas estas medidas, que supondrán un incremento del gasto público indefinido pero no inferior a los 1.000 millones de euros -y eso sin saber la escala de la oferta pública de empleo que prepara el ejecutivo- el Gobierno espera compensarlas con el incremento de las cotizaciones a la Seguridad Social aprobadas a finales de 2018 y gracias al incremento del salario mínimo interprofesional (SMI) a 900 euros.
Por eso, ya la propia Montero ha confirmado qué medidas incluidas en los Presupuestos y de gran corte social se quedarán por el camino: casi todas las demás.
Adiós al copago
La ministra de Hacienda ha reconocido que sin contrapartidas de ingresos, algo que no se puede poner en marcha sin tener las Cuentas aprobadas, no existirá la posibilidad de aprobar nuevas medidas. De ahí que ella misma haya descartado la posibilidad de retomar una medida tan importante para el Ejecutivo como la derogación del copago farmacéutico para pensionistas y familias de rentas bajas, a pesar de la petición expresa que había hecho al respecto el Ministerio de Sanidad, tal y como ha podido saber elEconomista.
Un destino similar correrán otras medidas cuya aprobación se podría haber esperado a través de decreto ley, como los incrementos previstos en las becas escolares o la subida de la financiación de la dependencia, que se había rumoreado con que podrían acabar aprobados antes de los comicios.
Descartadas medidas de pensiones
Además, también se da por descartado aprobar cualquier medida adicional respecto a las pensiones, sobre todo su vinculación a la evolución del IPC, a pesar de su financiación corre al cargo de la Seguridad Social. Desde Moncloa responsabilizan a la falta de acuerdo entre los partidos políticos del Pacto de Toledo, aunque también aseguran que lo retomarán en la próxima legislatura.
Además, la propia Montero ha aclarado que no aprobará ningún tipo de subida o bajada de impuestos o de fiscalidad. En cambio, por lo pronto, el Gobierno ha pasado de puntillas respecto a posibles cambios en la política de vivienda y del alquiler, dadas las negociaciones hasta últimas hora con Podemos.
