A pesar de no haber podido aprobar sus Presupuestos, el Gobierno ha logrado sacar adelante algunos reales decretos de ley -convalidados en el Congreso de los Diputados- que le han permitido cumplir compromisos contraidos durante el mandato de Pedro Sánchez, así como otros que ya habían sido prometidos por el Ejecutivo de Mariano Rajoy y que finalmente asumieron los socialistas.
Las medidas que sí salieron...
Subida del salario mínimo interprofesional a 900 euros
Se trata de una de las medidas pactadas entre el Gobierno y Podemos en su acuerdo de Presupuestos. Fue una de las principales reclamaciones de la formación morada y estuvo a punto de echar por tierra las negociaciones. Sin embargo, el Gobierno ha hecho suya esta propuesta que supone incrementar los salarios mínimos en España un 22,3%, traduciéndose inmediatamente en la mayor de la historia. Sin embargo, esta propuesta también ha estado revestida de polémica: tanto entes evaluadores como instituciones nacionales como el Banco de España o la Autoridad Independiente de Responsabilidad Fiscal (AIReF), han avisado de que la medida tendrá un severo impacto en la creación de empleo de los próximos años.
Incremento de las pensiones
En el último Consejo de Ministros del año, el Gobierno aprobó un macrodecreto cargado de medidas en el ámbito de la Seguridad Social, entre ellas, la subida del 1,6% de las pensiones de jubilación. En el RDL se incluyó también la subida de las bases máximas de cotización del 7% y de la cotizacion de los empleos de corta duración, de menos de cinco días, que pasa del 36% al 40%.
Aumento del salario de los empleados públicos
Antes de que acabara el año, el Ejecutivo tramitó el aumento del 2,25% del salario de todos los empleados públicos de todas las administraciones de manera lineal. En total, en un escenario de máximos, la subida salarial podría alcanzar el 2,75%, aunque para ello el PIB tendría que crecer un 2,5%.
Supresión del impuesto al sol
El Gabinete de Pedro Sánchez suprimió el cargo que se imponía a los autoconsumidores por la energía generada y consumida en la propia instalación, lo que se venía conociendo como el impuesto al sol.
Protección para la electrointensiva
También se promulgó un RDL, también convalidado por la Cámara Baja, para proteger al sector de la industria electrointensiva, que incluye el desarrollo de un estatuto que se aprobará antes de que se celebren las elecciones generales, según el Gobierno. y facilita el empleo de redes de energía cerradas.
Autoridades macroprudenciales
Aunque todavía no están en marcha, Pedro Sánchez ya ha puesto a disposición del futuro Gobierno los mimbres legales para permitir la actuacion de autoridades macroprudenciales que permitan evitar, dentro de lo posible, futuras crisis financieras relacionadas con el sector privado. De esta manera, se ha otorgado a la Comisión Nacional de Valores la capacidad de adoptar medidas dirigidas a reforzar la liquidez de las instituciones y entidades de inversión colectiva, así como introducir límites y condiciones a la actividad de sus entidades supervisadas para evitar el endeudamiento excesivo. Por otro lado, se ha habilitado al Banco de España para incrementar los requerimientos de capital y control sobre el sector bancario y financiero.
...Y las que no
Lo cierto es que son numerosas, y de calado, las medidas que se han quedado en el tintero del Gobierno. Destaca que la contrarreforma laboral no ha prosperado, los nuevos impuestos no saldrán adelanto y las medidas de vivienda no lograron apoyos suficientes de la Cámara Baja.
Contrarreforma frenada
El mercado de trabajo es uno de los sectores que sorteará los cambios previstos por el Gobierno socialista tras la convocatoria de elecciones y el fin de la legislatura. Si bien nunca se comprometió durante su estancia en el poder a derogar por completo la reforma laboral de 2012 impulsada por el PP, el Ejecutivo de Pedro Sánchez, y más concretamente la ministra de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social, Magdalena Valerio, sí que había acordado con UGT y CCOO modificar los aspectos que consideran más lesivos de la norma que rige desde hace siete años el mercado de trabajo español.
Principalmente, son tres los elementos que se habían acordado. El primero era la vuelta a la prevalencia de los convenios sectoriales sobre los de empresa, de modo que estos últimos nunca podrían rebajar las condiciones pactadas en el primero. El segundo es la recuperación de la ultraactividad de los convenios, que se prorrogarían una vez cumplido los dos años de vigencia. Y el tercero es el control de horarios en las empresas, lo que establecía un fichaje obligatorio del tiempo de trabajo, con el objetivo de evitar el impago de horas extra o los excesos de jornada.
No habrá tasas Tobin y Google
Aunque los proyectos de ley de los nuevos impuestos a los servicios digitales y a las transferencias financieras, las tasas Tobin y Google, sí que habían iniciado su camino en el Congreso, su tramitación, iniciada en enero, no podrá prosperar. Estas iniciativas necesitan al menos seis meses para cubrir plazos, algo imposible dado que en poco más de dos semanas se disuelven las Cortes, como ya había adelantado elEconomista.
Menos halagüeño todavía es el futuro de las medidas contra el fraude fiscal. El Consejo de Ministros no llegó a aprobar siquiera el proyecto de ley correspondiente, que hubiera incluido propuestas para limitar los pagos en metálico y actualizar la lista de paraísos fiscales, entre otras.
El frustrado RDL de vivienda
Si algo debe escocer tanto al Gobierno como a Unidos Podemos ha sido no ponerse de acuerdo, a tiempo, en las medidas de vivienda. A pesar de que el Ejecutivo aprobó un RDL de iniciativas urgentes en este ámbito, la formación morada lo bloqueó por que no incluía su principal reclamación: la puesta en marcha de propuestas que permitan controlar los precios de los alquileres de viviendas en zonas tensionadas. En las últimas semanas, ambas partes habían llegado a un punto de acuerdo que parecía indicar que el RDL saldría adelante. Sin embargo, no ha llegado a tiempo.
Reforma de la Ley de Estabilidad
Con ella empezó todo. La modificación de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, con el objetivo de arrebatar la capacidad que tiene el Senado para vetar la senda de estabilidad que proponga el Gobierno, era una condición indispensable para la política económica de Pedro Sánchez, que necesitaba ampliar el objetivo de déficit y poder diseñar unos Presupuestos expansivos. Sin embargo, la Mesa del Congreso, bajo el dominio del Partido Popular y Ciudadanos, ha paralizado en el trámite de enmiendas esta iniciativa, que contaba con el beneplácito de los partidos integrantes del pacto de la moción de censura, lo cuál dejó a las Cuentas sin cinco décimas más de décicit.
