Madrid
El Gobierno vivirá su propia 'vuelta al cole'. Y todo apunta a que será frenética en el plano económico ya que tiene pocos apoyos parlamentarios para implementar sus medidas. La reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria será el primer escollo, al que seguirán la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado, los nuevos impuestos previstos por el Ejecutivo, así como las anunciadas reformas en materia laboral y de pensiones para revertir algunas de las medidas del Partido Popular. Todo ello y mucho más lo afrontará el Gobierno con el apoyo asegurado únicamente de los 84 diputados del PSOE.
El primer escollo llegará en el Parlamento con la reforma de la Ley de Estabilidad Presupuestaria, cuya modificación permitirá al Ejecutivo socialista esquivar la posibilidad de veto que tenía el Senado a los objetivos de déficit. Se da por hecho el apoyo de los grupos que presentaron la proposición de reforma en el Parlamento: Podemos, ERC y Compromís. No obstante, dada la previsible oposición de PP y Ciudadanos a la reforma, el Gobierno de Sánchez necesitaría el apoyo del resto de grupos que le invistieron presidente: al menos PDeCAT y PNV deberían votar a favor para que la proposición prosperase y el Gobierno pudiera presentar las cuentas de 2019 con ciertas garantías. El apoyo del PNV es más que probable, pero los últimos enfrentamientos con los independentistas catalanes pueden dar al traste con las previsiones de Pedro Sánchez.
Si salen las cuentas de Sánchez y logra el mismo apoyo que en la moción de censura, en noviembre será el momento de presentar las cuentas de 2019 y empezar a recabar apoyo para ellas. Ya ha empezado a negociar con Podemos algunas de las medidas que incluirían, como mayor financiación para la dependencia o la revalorización de las pensiones con el IPC. Pero el apoyo de la formación morada no le basta y tendrán que convencer a los grupos nacionalistas y en esta ocasión en pleno proceso judicial de los líderes independentistas, lo que puede complicar su apoyo.
En paralelo, se espera que el Ejecutivo empiece a remitir al Parlamento sus propuestas de cambios fiscales. El impuesto a las transacciones financieras anunciado tras el pacto con Podemos, la llamada tasa Google (anunciada a Bruselas ya desde los tiempos de Montoro) y los posibles recargos al diésel adelantados por Teresa Ribera, ministra de Transición Ecológica, podrían ser los primeros en llegar al Congreso. El Ejecutivo también explora la posibilidad de subir el IRPF a las rentas superiores a los 150.000 euros. Nuevamente, el trámite parlamentario se espera complicado dada la aritmética parlamentaria y la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas (en 13 comunidades), que tendrán lugar en mayo del año que viene.
Precisamente la cercanía de las elecciones municipales y autonómicas -la aprobación de las cuentas está prevista para febrero, en plena campaña electoral- puede obligar al Gobierno a replantearse una de las asignaturas pendientes de la legislatura: la reforma de la financiación autonómica. Es previsible que, a medida que se acerquen las elecciones, la presión incluso de los propios barones socialistas, irá incrementándose. No obstante, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, ya anunció que probablemente la reforma no podrá acometerse hasta la siguiente legislatura.
Pero los retos de Sánchez no sólo atañen a la política fiscal. La ministra de Trabajo, Magdalena Valerio, dio por seguro que no se derogaría por completo la reforma laboral del año 2012, pero sí quería reformar algunos de sus aspectos. Se esperan novedades al respecto, así como de las cotizaciones sociales que pagan los autónomos. En materia de pensiones, ya en septiembre se esperan nuevas reuniones de la Comisión del Pacto de Toledo. La idea del Gobierno era, como mínimo, blindar la revalorización de las pensiones con el IPC, aunque las últimas declaraciones de Valerio apuntan a algunos cambios en la financiación de las pensiones, con fuentes adicionales a las cotizaciones sociales después de que el pago de los atrasos a los pensionistas disparasen la nómina un 4,8% este mes, haciéndola crecer al mayor ritmo en ocho años.
El BCE, el Brexit, Bankia
Montero y Valerio no serán las únicas que tendrán una 'vuelta al cole' ajetreada. Nadia Calviño, hasta ahora la ministra que menos se ha expuesto de todo el Gobierno, también tiene deberes pendientes. El cambio de Ejecutivo y las últimas caídas en bolsa han retrasado la venta de las acciones que el Estado aún mantiene en Bankia. Si no hay ningún cambio legal, el 31 de diciembre de 2019 debería estar toda la participación vendida, aunque el Gobierno puede modificarla vía real decreto, algo que la propia Calviño no ha descartado. Aunque su convalidación sería a priori más sencilla que la de otras normas, debería recibir el visto bueno del Parlamento. Si no es así, al Ejecutivo apenas le quedan 15 meses para vender lo que aún conserva de Bankia.
Pero quizá el mayor reto de Calviño no tendrá que decidirlo ella, pero sí gestionarlo. Se da por hecho que en los próximos meses se producirá un endurecimiento de la política monetaria del BCE, lo que, unido a los mayores niveles de inflación, probablemente encarezca el coste de financiación de un Tesoro que sigue colocando más de 200.000 millones de euros al año a tipos de interés bajísimos. Un aumento de los tipos podría tener consecuencias presupuestarias importantes dado el alto nivel de deuda pública que aún mantiene España. Y más en el contexto de cierta desaceleración económica que espera el propio Gobierno.
En el plano internacional, la renovación en la presidencia del BCE, cuya carrera comenzó hace unos días, y la firma del acuerdo (o desacuerdo) definitivo para que Reino Unido abandone la Unión Europea en marzo de 2019 también ocuparán buena parte del tiempo de la ministra de Economía en los próximos meses.
Todos estos retos harán que los próximos meses sean frenéticos y que a estas alturas nadie descarte una convocatoria anticipada de elecciones si el Gobierno de Sánchez sufre algún revés en el Congreso de los Diputados.
