Bankia es una pieza fundamental del tablero político nacido tras la moción de censura del PSOE y la llegada de Pedro Sánchez a La Moncloa. Todo parece indicar que los movimientos que se van a hacer en la entidad serán predecibles, pero existe riesgo a que la táctica cambie drásticamente y se ponga en duda la credibilidad de España ante Bruselas, el FMI, el BCE y los inversores.
En principio y, según lo poco que se ha podido saber de las intenciones de la nueva ministra de Economía, Nadia Calviño, la estrategia seguirá siendo la misma que hasta ahora, es decir, mantener el proceso de privatización en el plazo establecido, diciembre de 2019, y que más adelante pueda extenderse el periodo si así fuese necesario para recuperar las ayudas públicas.
Un giro radical en este plan, con la anulación de la venta de Bankia por parte del Estado y, por tanto, su nacionalización vitalicia, conllevaría el incumplimiento de los compromisos asumidos con nuestros socios europeos, que en 2012 extendieron un cheque de 41.300 millones para sanear el sistema financiero español y evitar el rescate del país.
Entre los puntos que se pactaron se encontraba la entrega a manos privadas de Bankia en cinco años, un tiempo que ha sido alargado por dos ejercicios adicionales y que podría aumentarse si fuese preciso. De hecho, el Gobierno anterior se planteaba ya dicha posibilidad ante la cotización tan baja de la entidad.
Precisamente, el tener fijado una fecha límite para completar la privatización está presionando al precio de las acciones y a que el Estado, a través del Frob, haya llevado tan sólo dos operaciones de venta de títulos. Sería bueno, por tanto, dar cierto oxígeno a la cotización con una extensión del periodo, máxime cuando es prácticamente imposible e improbable, que en sólo año y medio se pueda poner en el mercado el 61% del capital, que es la participación pública.
Aunque no hay ningún tipo de urgencia, cuanto antes se cambie la fecha antes las acciones cogerán cierto aire en un momento en que hay otros factores que están penalizando en bolsa los valores bancarios, entre ellos los de Bankia, por una subida de tipos de interés que está tardando más de lo previsto en llegar, lo que genera dudas sobre los ingresos que el sector será capaz de generar.
El tiempo extra que pueda dar el Gobierno tiene que ser, primero pactado con Bruselas y el BCE, y segundo, suficiente para cumplir el doble objetivo de que se pueda concluir la tarea de la privatización y la recuperación de los 24.100 millones que fueron entregados a la entidad, incluyendo BMN.
Tentaciones arriesgadas
El Gobierno podría caer en tentaciones arriesgadas, como, por ejemplo, que quite la fecha límite y no incluya una concreta, lo que podría interpretarse como una nacionalización vitalicia encubierta. Este sería un paso intermedio en el difícil panorama de gobernabilidad al que se enfrenta Sánchez, que tiene que tranquilizar o no meter miedo a Europa y al mercado y, a la vez, contentar a Podemos, sustento de su presidencia. La formación de Pablo Iglesias, como también los sindicatos, proponen que Bankia se convierta en banco público para toda la vida con el objetivo de que financiar y dar servicios a aquellas capas de la población que están desabastecidas.
La cúpula de Bankia cree que nada hay que cambiar aún y que hay tiempo para que los plazos de la privatización se modifiquen. El presidente Goirigolzarri, además, podría no mirar con malos ojos ventas de títulos a pérdidas con tal de que Bankia se ponga en manos privadas de manera mayoritaria cuanto antes, porque es el último paso para la normalización completa de la entidad. Pero también, porque, a su juicio, el Gobierno tiene que adoptar una estrategia de racionalidad con los recursos que están a disposición del Estado, ahora que las medidas anunciadas y pretendidas por el PSOE tienen a elevar el gasto público.
De esta manera, con la venta de Bankia las arcas se nutrirían de fondos con los que sufragar partidas deficitarias, entre ellas, las pensiones, la dependencia o las carreteras. Una aceleración en el proceso conllevaría dar por perdidas la mayor parte de las ayudas al grupo nacionalizado en 2010 y 2012, algo que sería visto con desagrado por una buena parte de la población. En la actualidad, el valor bursátil de Bankia apenas alcanza los 10.350 millones, por lo que el 61 por ciento que está en poder del Estado se limita a unos 6.300 millones. La cifra se aleja mucho del montante otorgado, un importe que se alcanzaría si la cotización de la entidad subiera un 61 por ciento. Y un impuesto sobre el sector para pagar las pensiones complicaría muy mucho este ascenso, al ser Bankia una de los bancos más perjudicados. Hasta la fecha, las dos colocaciones de acciones materializadas no han servido para devolver las ayudas, sino que los fondos se han usado para sufragar las indemnizaciones a preferentistas, accionistas y afectados por cláusulas suelo por prácticas comerciales irregulares del pasado. Los ingresos obtenidos, al igual que los derivados de los dividendos que se reparten, han quedado en el holding BFA, que es 100 por ciento público, y no se han transferido al Frob, el organismo dependiente de Economía que tiene que gestionar la recuperación de las ayudas del rescate.
El futuro de Bankia, en estas circunstancias, se considera clave para la confianza que pueda despertar el nuevo Gobierno a nivel nacional e internacional. Sus decisiones influirán en la imagen y en los resultados que ofrezca de los compromisos asumidos por el país con aliados, acreedores e inversores.
