¿Son los fijos discontinuos la alternativa 'encubierta' a los ERTEs? Habría 865.000 potenciales afectados

El pasado mes de agosto, los servicios públicos de empleo registraron un total de 863.261 demandantes de empleo con relación laboral, una cifra que supone un máximo histórico descontando las correspondientes a la pandemia. Son un 181% más que en el mismo mes de 2019 y un 10% más que hace un año. Una evolución llamativa por el hecho de que en esta categoría figuran los fijos discontinuos que han pasado a la inactividad, es decir, que no trabajan ni cobran sueldo, pero siguen ligados a la empresa por un contrato, a la espera de volver a ser llamados. Esto despierta la sospecha de que muchas empresas estén aprovechando esta figura no solo para sustituir a sus antiguos trabajadores temporales, sino también para plantear ajustes temporales de plantilla mediante una alternativa simple y, sobre todo, gratuita a unos ERTE que han vuelto a ser mucho más rígidos tras la pandemia.

La idea se ha planteado incluso en el marco de convenios colectivos sectoriales. En 2023, el del calzado proponía "priorizar la eventual transformación" de los contratos indefinidos ordinarios en fijos discontinuos como alternativa a los despidos colectivos, función que tradicionalmente ocupan los ERTE. Las patronales de este sector, compuesto por muchas pequeñas empresas, han solicitado al Ejecutivo mayor flexibilidad en el uso de los contratos fijos discontinuos para adaptarlos a sus particularidades, mientras que las centrales sindicales CCOO y UGT (pese a firmar el convenio) mantienen distancias respecto a esta idea.

Aunque la contratación de fijos discontinuos responde a unas condiciones tasadas por la ley, el margen de actuación sigue siendo mucho más laxo que el de una regulación temporal de empleo. Esto lleva a que lo que legalmente no parece factible, sí se produzca en la práctica.

En lo que va de año, los trabajadores que han sufrido un ERTE han caído un 57%, arrastrados por los de suspensión de jornada, que retroceden un 60%. Ello a pesar de que los despidos colectivos han repuntado un 17,5%, sobre todo en la industria, el sector donde más han caído las regulaciones temporales.

La situación de los fijos discontinuos es una rareza en el mercado laboral. Aunque su peso en términos de afiliados es reducido (apenas suponían un 5% de los asalariados en agosto), su impacto en otras variables es claramente desproporcionado. De hecho, el pasado mes acabó con 861.049 afiliados con este tipo de contrato, una cifra inferior a la de los demandantes con relación laboral. Sin embargo, la cifra exacta de cuántos de estos últimos son trabajadores con este tipo de contrato que han pasado a la inactividad no es clara, porque el Ministerio de Trabajo se niega a facilitarla.

En todo caso, el debate siempre se ha centrado en si estos trabajadores deberían considerarse "desempleados ocultos" y sumarse al paro registrado, algo comprensible porque su cifra actual equivale a un 36% de los desempleados considerados como tales. Pero el hecho es que nunca se han contabilizado así. Se excluyen desde una Orden Ministerial de 1985 que, sin embargo, sí faculta al Gobierno a desglosar y publicar sus cifras. Algo que Trabajo sí hace a nivel anual, como hemos contado en elEconomista.es, pero no mensual, según sus responsables, porque no es competencia suya, sino de las comunidades autónomas.

Contradicciones políticas aparte, el repunte de los demandantes desde la reforma laboral se produce al tiempo que han descendido los afectados por ERTE. Y la relación entre ambos fenómenos es más profunda de lo que parece a simple vista.

La conexión entre ERTEs y fijos discontinuos

Los ERTE son la primera opción antes de un despido colectivo, pero su complejidad y exigencias hacen que muchas empresas, sobre todo las de pequeño tamaño, opten por ajustar plantillas mediante despidos, ya sean colectivos o individuales. Esta es una de las críticas recurrentes a la figura durante la crisis financiera y, por ello, la reforma laboral del PP trató de simplificarlos. Sin embargo, no fue hasta la pandemia, ya en 2020, cuando el mecanismo afrontó su verdadera prueba de fuego.

Para evitar una debacle en el mercado laboral por la crisis sanitaria, el Ministerio de Trabajo, liderado por Yolanda Díaz, pactó con patronal y sindicatos flexibilizar al máximo la figura, simplificando los procesos y abaratando de paso su coste tanto para las empresas como para los propios afectados (gracias a que no se consumían prestaciones). Esto llevó a un repunte sin precedentes de las personas en esta situación.

Un afectado por ERTE ha de inscribirse como demandante de empleo, si bien no se considera parado. Ahora bien, ¿en qué categoría? No está muy claro. En primer lugar, las estadísticas de Trabajo sirven para analizar la tendencia de las regulaciones, pero no miden con precisión los afectados por ERTE, algo que desde la pandemia se encomendó a las cifras de la Seguridad Social. Pero hay una enorme discrepancia entre ambas y n ninguna deja claro en qué situación están a efectos del SEPE, que es quien abona sus prestaciones.

En principio, si el ERTE es de suspensión total, sería demandante con relación laboral, como un fijo discontinuo. Si es de reducción de jornada, entra en otra categoría: la de demandantes ocupados. A diferencia de los anteriores, estos son personas que se supone que están trabajando para la empresa, aunque se inscriban como demandantes. Una de las situaciones más habituales es haber visto su jornada reducida por un ERTE, en cuyo caso el SEPE abona, a través de prestaciones, la diferencia.

Históricamente, el número de demandantes ocupados ha sido mucho mayor que el de demandantes con relación laboral, lo que refleja que el recorte de jornada es la alternativa más habitual. No tanto por su número, sino por su duración en el tiempo. Las suspensiones totales son más conflictivas porque suponen una merma mayor de salario para el trabajador, pero también para la empresa. Por ello, se aplican durante menos tiempo. Esto ha ocurrido así hasta la pandemia, cuando muchas empresas recurrieron a ERTE totales para mantener empleos a pesar de que estaban cerradas.

En 2021 y 2022, la tendencia se corrigió, es decir, volvió a haber más demandantes ocupados que con relación laboral, lo que coincide con un descenso de los ERTE de suspensión mayor que el de los de reducción de jornada. Sin embargo, a partir de ahí se invirtió radicalmente, hasta el punto de que, mientras los demandantes ocupados se sitúan un 25% por debajo de los niveles de agosto de 2019 (algo coherente con la evolución del paro, que ha retrocedido un 20%), los demandantes con relación laboral se han disparado un 180%.

En 2022 confluyeron dos fenómenos: la entrada en vigor de la reforma laboral (que no se aplicó por completo hasta abril, lo que afectó a la menor firma de contratos fijos discontinuos) y la caducidad de los últimos ERTE que seguían las reglas de la pandemia. La nueva norma legal introdujo dos fórmulas: una de ERTE normales, con los mismos requisitos aunque aumentaban los supuestos, y el Mecanismo RED, pensado para crisis como la de la pandemia o situaciones que obligan a una reestructuración de un sector. Pero este solo se han aplicado en una ocasión.

La tendencia en el último año sigue a la baja: los afectados por ERTE de suspensión han caído un 60% y los de reducción un 3%, según las cifras de Trabajo. En ese tiempo, los demandantes con relación laboral han subido un 10% y los ocupados se mantienen planos, con un levísimo repunte del 0,1%.

Los fijos discontinuos son una modalidad contractual pensada para actividades estacionales y recurrentes, en las que el trabajador que veía interrumpida su actividad tenía garantizado el llamamiento, aunque durante el tiempo de inactividad no cobraba salario, ni cotizaba, ni tampoco recibía una indemnización por cese como sí ocurre con un temporal (otra cosa es si no se produce el llamamiento, en cuyo caso sí se considera un despido con su correspondiente indemnización). Pero si se inscribe como demandante de empleo y ha cotizado, puede cobrar el paro.

Con la reforma laboral, estas características no cambian, pero sí se flexibiliza su uso con la idea de extenderlo a más sectores y empresas, especialmente a las pymes. De esta forma, los contratos de este tipo firmados en 2025 ascienden a 1,39 millones, un 13,7% del total. Esto incluye a empresas de trabajo temporal, que se consideran una de las fuentes de volatilidad de estos empleos, si bien aquí conviene introducir una precisión: solo firman el 15,7% del total de contratos fijos discontinuos (aunque sus trabajadores encadenan más llamamientos). Es decir, el grueso de la contratación se produce en empresas convencionales.

En este escenario, el temor a que las empresas utilicen los fijos discontinuos como una solución ante potenciales problemas, en lugar de negociar y pactar un ERTE con sus trabajadores, se consolida entre algunos analistas del mercado laboral. Sobre todo porque es una solución sin apenas coste (ya que solo pagan una indemnización al trabajador en el supuesto de que no vuelvan a llamarle).

La pelota está en la Inspección de Trabajo, que es la que está verificando un uso no fraudulento de esta figura. Aunque su foco, al menos según las declaraciones de Yolanda Díaz, está más en los clientes de las ETT, que pese a su elevada rotación solo suponen el 16% de la contratación, en lugar de las empresas que realizan el 84% restante. Trabajo, en todo caso, solo ha facilitado información parcial sobre los resultados de las actuaciones, en otro ejemplo de la falta de interés por ofrecer una radiografía clara y completa de la situación real de estos trabajadores.