Esta legislatura, desde que comenzó prácticamente en noviembre de 2023, se ha caracterizado por la debilidad política. Pero desde hace una semana esa debilidad se ha acentuado a pasos agigantados a causa de las investigaciones de la UCO, que están revolviendo hasta el fondo al PSOE, algunos de cuyos miembros están inmersos en casos de corrupción importantes.
La incertidumbre y hasta la desconfianza ha llegado a los socios de investidura de Pedro Sánchez, quien nada más conocerse el contenido del informe de la UCO se quiso reunir con todos. Hasta el momento ninguno le ha pedido la dimisión ni la convocatoria de elecciones, aunque el pasado miércoles el portavoz de ERC, Gabriel Rufián, amagó con ello al decir "que la gente decida". Y Podemos ha dado "por muerta la legislatura". Lo que es evidente es que todos los partidos, incluido su socio de coalición Sumar, están marcando distancias con el Gobierno. Todos han pedido una regeneración política y una batería de medidas sociales para frenar el deterioro reputacional del Ejecutivo de Sánchez.
Ante esta panorama, el país está abocado a una parálisis legislativa, política y económica. Si hasta ahora era difícil sacar adelante leyes y medidas por la continua falta de apoyos hacia unas u otras, ahora todo se ha complicado todavía más y gobernar se ha convertido en una tarea casi imposible. Una consecuencia inmediata de la extrema debilidad del Gobierno de Pedro Sánchez es que, de nuevo, España no va a tener Presupuestos Generales del Estado. Si la aprobación de los de 2025 ya se antoja de lo más improbable, ahora le toca el turno a los de 2026. Como ya adelantó este periódico a mediados de mayo, el Ministerio de Hacienda no tenía entonces preparado ni un solo papel, ni siquiera la orden ministerial preceptiva para llevar el techo de gasto al Parlamento, que es el primer paso para elaborar los Presupuestos del año próximo. Un mes después la situación continúa igual. Aunque desde el Gobierno aseguran que no han tirado la toalla, sigue sin haber avances y el tiempo se va agotando.
"Y no los habrá porque la situación es complicadísima", asegura Francisco de la Torre, inspector de Hacienda. "Lo es porque además ha surgido otra dificultad, la exigencia de la OTAN destinar el 5% del PIB a gastos de defensa". Para el Gobierno el panorama no puede ser más laberíntico. La negativa en forma de carta que Pedro Sánchez ha enviado a la organización atlántica argumentando que ese aumento recortaría el Estado de Bienestar en nuestro país "es verdad pero no toda. La auténtica realidad es que ese incremento en una ley de Presupuestos sería causa inmediata de rechazo por parte de sus socios de Gobierno y no los apoyaría nadie", explica De la Torre. Lo que ocurre, añade, es que la presión internacional es muy fuerte "y veremos qué pasa porque, además, su negativa está animando a otros países, no ya a protestar, sino a plantarse como él". Suecia, Eslovaquia, Italia y hasta Reino Unido, tradicional aliado de Estados Unidos, han expresado sus dudas a llegar al 5% del PIB cuando no se oponen directamente.
Los gastos de Defensa son una de las piezas más difíciles de encajar. Ya lo han sido los que elevan este desembolso al 2% del PIB. Con los presupuestos prorrogados de 2023, se ha hecho una distribución más bien "imaginativa" para dar salida a los 10.471 millones de euros que se necesitan en 2025 mediante la reasignación de créditos no ejecutados y fondos comprometidos no utilizados del ejercicio anterior.
Aunque para gastar en Defensa, la UE ha flexibilizado las reglas fiscales, el problema es que "no hay de donde colgarlos si seguimos sin cuentas públicas y habrá que seguir llegando al 2% del PIB", afirman los expertos. Si como todo hace prever tampoco se aprueban los Presupuestos de 2026, "la única solución pasa por lo lo decidido en las cuentas de 2023, las que ahora están en vigor, en las que se le dio al ministro de Hacienda, en este caso ministra, la competencia para traspasar créditos entre secciones, es decir, entre ministerios", declaran fuentes internas de Hacienda.
Por otro lado, no hay ninguna norma que impida seguir prorrogando las mismas cuentas públicas año tras año. Sin embargo, los efectos negativos de las prórrogas sucesivas son ya evidentes. El Instituto de Estudios Económicos (IEE) ha cuantificado en 15.000 millones de euros el dinero que hará falta para recuperar la competitividad perdida por falta de inversión. Igualmente, en esta institución prevén un aumento de la deuda pública. "La prórroga presupuestaria introduce un importante componente inercial en la programación, ejecución y gestión del gasto público", comentan. También influye en la planificación fiscal a medio plazo, lo que incidirá en el previsible aumento de la deuda pública, y en la corrección del déficit estructural.
Una tercera prórroga presentará estos y otros problemas. Hay que tener en cuenta además que el 31 de agosto de 2026 finaliza el plazo de ejecución de los Fondos Next Generation en forma de subvenciones de la Unión Europea. Por mucho que Bruselas flexibilice las reglas y se puedan realizar inversiones y reformas para acceder a los 83.000 millones que España tiene asignados en préstamos, los retos son ingentes. Hasta el esfuerzo en desembolsos para defensa, dado que son una imposición, es probable que pase a depender de fondos de la UE del Plan de Recuperación.
Pero una nueva prórroga supondrá que apenas quedarán créditos no ejecutados y que el fondo de contingencia no dará para más, a pesar de que en 2021 se dobló su partida hasta los 4.000 millones de euros. "El uso del fondo de contingencia en estos últimos ejercicios (para gastos que no son solo imprevistos como es su función) añade un nuevo interrogante a las posibles consecuencias de otra prórroga presupuestaria", según escribe el experto Rubio y Álvarez en un informe del IEE sobre los efectos de la no aprobación de cuentas públicas en 2025.Y si, como prevén las principales instituciones macroeconómicas, este año la economía española va a crecer menos de lo previsto, los ingresos pueden resentirse y dejar de sostener las finanzas públicas como lo están haciendo hasta ahora.
El escenario político complica otro asunto importante que el Gobierno está llevando entre manos: la decisión sobre la opa del BBVA sobre el Sabadell, que el Consejo de Ministros tiene que aprobar el próximo martes 24 al cumplirse el plazo marcado por la ley.
Una tercera consecuencia importante de la paralización en la que vive el país afecta a la 'financiación singular' que se está preparando para Cataluña, pactada entre el PSC y ERC para investir a Salvador Illa presidente de la Generalitat. Fuentes políticas catalanas han declarado a elEconomista.es que "no ven claro que esta financiación salga adelante". La frase es muy importante. Significa que el pacto entre nacionalistas y PSC queda diluido por falta de avances.
El próximo 30 de junio es la fecha marcada para que la comisión de expertos que debe diseñar esta 'financiación singular' entregue sus conclusiones tras varios meses de trabajos. Esta comisión formada en octubre de 2024 a instancias de la Generalitat presidida por Salvador Illa está dirigida por Martí Carnicer, exsecretario general de Economía y Finanzas durante el tripartito. La componen siete personas y solo una de ellas, Jesús Ruiz-Huerta, catedrático de Economía Aplicada de la Universidad Rey Juan Carlos de Madrid no es catalán. "Me consta que siguen funcionando a pesar de todo y que van a entregar su trabajo el día 30", revela Francisco de la Torre. "¿Pero de qué va a servir en la práctica? Si se rompe la legislatura, todo va a saltar por los aires y el informe que hayan hecho no servirá de nada".
Los nervios están a la vista. ERC ha exigido esta misma semana al Gobierno de Pedro Sánchez un acuerdo de máximos, por el cual el 1 de enero de 2026, es decir en tan solo seis meses, Cataluña se haga cargo de todos los impuestos. El comité de expertos trabaja con la transferencia del impuesto responsable del 45% de la recaudación, el Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) y con la creación de una Agencia Tributaria solo para el territorio catalán. Por ello que pide ahora ERC revela que hay prisas, que se temen una debacle y por eso han encarecido su apoyo a los socialistas en Madrid y en Barcelona.
Para Francisco de la Torre la actual situación va a impedir muchas de estas cesiones. "Aunque Sánchez les diera la razón, hay que reformar la Ley Orgánica de Financiación de las Comunidades Autónomas (LOFCA). No hay tiempo de llegar al 1 de enero, porque además se trata de una cesión que tiene mucho de compleja", afirma el coautor de "La factura del cupo catalán". Una ley orgánica requiere la aprobación en el Congreso de los Diputados por mayoría absoluta, muy difícil de conseguir en los tiempos que corren.La 'financiación singular' sacaría a Cataluña del régimen común del sistema de financiación autonómica de que goza ahora. Supone que la comunidad autónoma catalana gestione, liquide, recaude e inspeccione la totalidad de los impuestos generados en su territorio. Por eso se conoce a esta financiación como "cupo catalán" porque pretende seguir los mismos esquemas que los conciertos económicos del País Vasco y de Navarra.Cataluña se compromete a abonar "una cuota de solidaridad" con las demás comunidades autónomas y a hacer una aportación por los gastos del Estado solo en su territorio.
Reunión inesperada Sánchez-Illa a 10 días del informe del concierto fiscal
En el ir y venir político de estos últimos días ayer se conocía que el presidente Sánchez se reunió en el Palacio de la Moncloa con el presidente de la Generalitat catalana Salvador Illa. Fue una sorpresa por cuanto ninguno de los dos políticos contaba con esta cita en su agenda, como suele ser lo normal. El presidente no tenía nada en la suya pero Illa tuvo que cancelar su asistencia a un acto en el Colegio de Economistas de Barcelona para volar a Madrid.
Tampoco trascendió ningún detalle de la entrevista y fuentes de Moncloa declararon que "se enmarca dentro de la normalidad" y que se trató de un encuentro privado. Sánchez e Illa mantienen una buena relación desde que el segundo era ministro de Sanidad en los años de la pandemia de covid. Su confianza le valió su designación como número uno en las listas del PSC para las elecciones autonómicas de mayo de 2024.Pero a nadie se les escapa que la reunión coincidió en el tiempo con dos hechos: la imputación del exsecretario general del PSOE, Santos Cerdán, por el Tribunal Supremo y el registro por parte de la UCO de la sede socialista de la calle Ferraz y de despachos del Ministerio de Transportes para clonar el correo electrónico de Ávalos.
Por otra parte, Pedro Sánchez tiene interés en conocer que se piensa en Cataluña. Fuentes políticas catalanas han manifestado a este diario que la 'financiación singular' no está yendo como se esperaba y que "no lo ven claro". Y esta misma semana ERC ha instado al Gobierno a un acuerdo de máximos y le ha puesto de plazo el próximo 1 de enero de 2026.Además, la comisión de expertos formada por la Generalitat para diseñar el concierto fiscal catalán tiene previsto entregar sus conclusiones el 30 de junio. Por lo que se sabe a estas alturas, las posibles recomendaciones de los expertos no se parecen al acuerdo de máximos que han pedido los de Esquerra, lo que indica que entre los políticos hay inquietud y muchas prisas. La reunión tuvo una duración de tres horas y estuvo rodeada del hermetismo más total.