Sumar rescata su plan para definir la actividad bancaria como un servicio público y presentará una proposición de ley en el Congreso para imponer a las entidades financieras obligaciones específicas como conceder una cuenta corriente sin comisiones y de forma completamente gratuita o hipotecas fijas reguladas que protejan a las familias de la volatilidad de los tipos de interés.
Coincidiendo con las jornadas financieras celebradas este jueves en el Congreso, la portavoz de Sumar en la Cámara Baja, Verónica Martínez Barbero, acompañada de la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha anunciado esta iniciativa legislativa para definir a la actividad bancaria como Servicio de Interés Económico General (SIEG).
Ya a finales de año, el grupo parlamentario expuso su plan en una enmienda con la que quería introducir una disposición adicional al proyecto de ley por el que se crea la Autoridad Administrativa Independiente de Defensa del Cliente Financiero. Con ella buscaba obligar a todas las entidades de crédito que operan en España a ofrecer a la clientela minorista una cuenta corriente básica regulada, no remunerada, denominada en euros, y con todos los servicios de pago vinculados (visualización digital y física y pagos en todas las modalidades) y sin comisiones. Además, la enmienda estipulaba que la persona con una cuenta corriente en el mercado libre tendrá el derecho -y el banco la obligación- de pasarse a la cuenta corriente básica regulada dentro de la misma entidad.
En esa misma enmienda, Sumar añadía su propuesta para diseñar una hipoteca regulada con un tipo fijo ligado a la deuda española a diez años, con un mínimo del 1% TAE y un plazo máximo de 30 años, sin comisión de apertura o cancelación anticipada y con un límite máximo de crédito respecto al valor de la vivienda del 80%. El sistema de amortización de la misma sería el francés o el alemán y contaría con un máximo de servicios vinculados al préstamo hipotecario (la domiciliación de la nómina en la cuenta donde se paguen las cuotas hipotecarias).
Sumar considera que el sector bancario tiene que ser considerado de interés general y permitir operaciones básicas a la ciudadanía son coste alguno, así como conceder hipotecas "de tipo fijo, regulado y estable que proteja a las familias frente a la volatilidad de los tipos de interés". En este sentido, la portavoz del grupo parlamentario ha incidido este jueces en que la banca es "esencial" en la vida diaria de la ciudadanía y precisamente por su centralidad en la vida de la gente el sector bancario debe asumir una "elevada responsabilidad democrática y social".
En la misma línea se ha pronunciado Díaz al remarcar que la banca "no es un actor neutro" y asume un rol de servicio estratégico de alto impacto en la vida cotidiana de millones de personas, por lo que el sector tiene que estar sometido al interés general. "En una sociedad decente, el acceso al crédito, al ahorro, a una cuenta corriente, no puede depender del código postal, del lugar en el que viva (...) o la posición de clase que se ostente", ha reflexionado Yolanda Díaz durante su intervención, que ha remachado diciendo que los servicios financieros tienen que ser "absolutamente accesibles e inclusivos" para toda la ciudadanía.
Mantener el impuesto a la banca "es clave"
Díaz ha aprovechado para remarcar la necesidad de mantener el impuesto a la banca, que caduca el año que viene: "Es clave", ha insistido la ministra, para quien lo ideal sería que el propio sector estuviese de acuerdo con este tributo ante los beneficios que viene registrando en sus últimos ejercicios económicos. Además, la vicepresidenta ha defendido la necesidad de mantener este impuesto también por la "injusticia fiscal" que se produce en España, pues el 85% de la recaudación del IPRF procede ahora mismo de las rentas del trabajo: "Esto no es justo", ha insistido.
Para la ministra, al igual que en la crisis financiera España accedió democráticamente al rescate bancario, que según los cálculos del Tribunal de Cuentas tuvo un coste de 71.833 millones de euros, ahora le toca al sistema bancario asumir de manera democrática su rol estratégico como un bien de interés general y aportando lo que le corresponde en el impuesto al sector.