En el año 2024, los sueldos del conjunto de los empleados públicos de todas las Administraciones Públicas (central, autonómicas y locales) alcanzaron los 172.350 millones de euros, un 5,4% más que en el ejercicio anterior. Se trata de un máximo histórico que viene precedido por subidas constantes que han oscilado entre el 4% y el 5% desde hace seis años, según datos de la Intervención General de la Administración del Estado (IGAE).
Los mayores incrementos se produjeron en 2023, cuando se abonó a los empleados públicos un total de 163.373 millones, un 5,7% de aumento respecto a 2022. Y en 2019, cuando, con 134.769 millones destinados a nóminas públicas, hubo un incremento del 5,5%. En los años anteriores había subidas del montante total ejercicio tras ejercicio pero no tan abultadas, salvo algún salto concreto, como el que se produjo en 2008 respecto a 2007, año en que subió un 9,9%.
Hay varias razones para explicar los aumentos elevados de los últimos ejercicios. En primer lugar, hay que tener en cuenta que se trata de una cantidad que afecta a las tres Administraciones Públicas. En la actualidad, el 61,4% de los empleados públicos españoles pertenecen a las comunidades autónomas, las cuales aumentaron sus plantillas un 4,4% en 2024 respecto al año anterior, hasta alcanzar los 1,8 millones de trabajadores. De 2018 a 2023 las autonomías engordaron sus plantillas un 16,1%. A las administraciones autonómicas les competen servicios tan intensivos en mano de obra como sanidad, educación, justicia o servicios sociales.
La administración local ha sido la más prolífica en incorporar efectivos últimamente pues solo en el primer trimestre del año pasado éstos subieron en 110.209. En el periodo 2018-23 su personal creció un 6,8%. Desde julio de 2022 a julio de 2024, los trabajadores de la Administración General del Estado (AGE) han crecido en 15.000 personas debido a las sucesivas Ofertas de Empleo Público (OEP). En los últimos seis años se han convocado un total de 239.872 plazas en la AGE, cantidad que crecerá aún más con la OEP para 2025 que se aprobará en julio, según ha informado este diario, y que se prevé sea una de las más altas de los últimos años con 45.000 puestos de trabajo.
Las reposiciones en la AGE se deben a varios factores entre los que destacan la casi congelación de oferta de 2012 a 2017, con los Gobiernos presididos por Mariano Rajoy, que impusieron austeridad en el gasto. En ese periodo se llegaron a convocar 63.394 plazas. Y la presión provocada por el alto número de jubilaciones en las plantillas, más de 20.000 en los últimos 10 años. En el Estado ha habido de todo. En conjunto, perdió un 3,1% de sus empleados hasta que a finales de 2023 se quedaron en 527.000. Pero hay excepciones, puesto que la Seguridad Social registró un aumento de plantilla del 60,2% y pasó de 21.600 empleados a 34.000. Asimismo, el personal de empresas e instituciones registró una subida del 27,6%.
En general, el empleo público ha crecido un 11,9% entre el cuarto trimestre de 2018 hasta el mismo periodo de 2023, según la Encuesta de Población Activa (EPA). En la actualidad, el número de personas empleadas en las AAPP supera los tres millones. Especialmente desde la pandemia se está produciendo un fenómeno que no se veía desde hace décadas: el empleo público crece más que el privado. Concretamente, el primero se incrementó de 2019 a 2014 un 18,7% mientras que el segundo lo hizo un 8,2%.
La segunda razón del incremento de la masa salarial de los empleados públicos es la subida de las retribuciones. Hace tres años se firmó con los sindicatos CCOO y UGT el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI por el que, entre otras cosas, se pactó un aumento salarial para las plantillas del 9,8%, paulatino hasta diciembre de 2024 y formado por un 8% fijo y un 1,5% variable.
En estos momentos, queda pendiente un incremento del 0,5% que debía sumarse al 2% aprobado para 2024. El Ministerio para la Transformación Digital y Función Pública ha anunciado ya que se abonará "en breve", pero todavía no se ha producido el pago en las nóminas. Los sindicatos han amenazado con movilizaciones. Tanto el 2% como el adicional del 0,5% están contenidos en el acuerdo marco citado si la suma de la variación del IPCA de los años 2022-24 supera el incremento retributivo fijo acumulado en esos años, el 8%. El indicador superó en 2024 el 8,8%. El acuerdo afectaba a los más de tres millones de trabajadores públicos.
UGT y CSIF publicaron un estudio en 2022 en el que calculaban que los empleados públicos habían perdido un poder adquisitivo del 15,1% en la última década. Ya en 2010, el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero decretó una disminución de los salarios públicos que iba del 5% al 15% para los más altos. Al llegar Mariano Rajoy a la Moncloa en 2012 hubo otro recorte al eliminar las pagas extra de Navidad y de verano de aquel año. En 2018 se acabó con la congelación y las pérdidas de poder adquisitivo que afectaban a las plantillas de las Administraciones Públicas, pero debido a la moción de censura de mediados de ese año que cambió el color del Gobierno, las subidas las llevó a cabo el Ejecutivo de Pedro Sánchez. Queda por ver lo que ocurrirá en 2025 tras la expiración del acuerdo marco y la prórroga de los Presupuestos Generales del Estado.