Madrid 
El pasado martes, el ministro para la Transformación Digital y de la Función Pública, Óscar López, señaló que "en breve y con efecto retroactivo de 2024 se hará efectiva la subida salarial pendiente del 0,5%" pactada en el Acuerdo Marco para una Administración del Siglo XXI y que afecta a más de 3 millones de trabajadores entre funcionarios, personal laboral u otro tipo de asalariados del sector público. A pesar de sus palabras, los sindicatos han confirmado a elEconomista.es que no tienen información sobre esa afirmación -ni CSIF, ni UGT, ni CCOO, a pesar de que los dos últimos fueron firmantes del acuerdo-, y aseguran, que tampoco han recibido una nueva convocatoria para negociar el nuevo incremento salarial.
Estas declaraciones llegaban un día después de que CSIF (Central Sindical Independiente y de Funcionarios) registrara una petición formal en Moncloa para que se hiciera efectiva esta subida y que el ministerio comenzara a negociar un nuevo acuerdo después de que el anterior pusiera fin el pasado 31 de diciembre de 2024. Además, el sindicato reclama también una nueva oferta de empleo público para 2025, remarcan, sin tasa de reposición -se trata de un indicador que determina cuántos nuevos trabajadores tendrán que incorporarse a la administración pública y que se calcula en función del número de bajas previas-.
Este alza del salario debería haberse realizado, con carácter retroactivo, desde el 1 de enero de 2024, ya que corresponde a la corrección del IPC de los años en los que tenía vigencia el acuerdo (2022, 2023 y 2024). Cabe destacar que esta subida del 0,5% podría suponer un desembolso al Estado de hasta 700 millones de euros, sin contar el arrastre de tablas, que podrían descender la cifra.
Mientras, Csif calcula que supondrá unos 168 euros de media para cada trabajador del sector público. Desglosando esta cifra en función de la categoría, supondría 182 euros, solo por el año 2024, para los funcionarios A1 con un sueldo bruto mensual de 2.576 euros en 14 pagas y una media de antigüedad de 15 años. Para los empleados A2 con 15 años trabajados en la administración pública y un salario bruto mensual de 2.383 euros supone un desembolso de 168 euros. Por último, los que recibirán una menor cuantía serán los funcionarios C1 con un salario de 1.687 euros brutos al mes, a los que se le abonarían 112 euros.
A pesar de que López aseguró que esa subida se abonará "en breve", todavía tiene que ser aprobada en el Consejo de Ministros para que se publique en el BOE y, una vez se haya realizado esa publicación, se podrá hacer efectivo el pago.
Cabe destacar que el ministro de Función Pública ya señaló el pasado mes de abril que el pago del 0,5% pendiente dependía, entre otras cosas, de cómo evolucionara la negociación de los PGE, cuya negociación se encuentra parada actualmente y el Ejecutivo sigue gobernando con los de 2023 prorrogados.
A pesar de que la negociación para un nuevo acuerdo macro se encuentra paralizada, los sindicatos ya han presentado algunas de sus propuestas, entre las que se encuentran pactar una nueva subida salarial, la equiparación del salario entre las diferentes administraciones públicas, la implantación del teletrabajo, una progresividad en las pagas extra, o agilizar los procesos para generar más empleo -actualmente, desde que se crea una necesidad hasta que se cubre ese puesto se tardan tres años y UGT plantea reducirlo a 18 meses-. El ministro, por su parte, reconoce la necesidad de negociar un nuevo acuerdo con los sindicatos para "mejorar las condiciones laborales de los servidores públicos" a través de la implementación de nuevas tecnologías como la inteligencia artificial y la digitalización.
