
La nueva versión del real decreto-ley que reforma los subsidios por desempleo ha entrado en el Congreso de los Diputados con una sorpresa: pese a renunciar al ahorro de eliminar la 'sobrecotización' para la jubilación de los mayores de 52 años e incluir nuevas medidas, como una nueva compatibilidad entre la prestación por desempleo y un empleo, la estimación del Gobierno es que costará 64 millones de euros el primer año. Diez veces menos que la previsión de la anterior versión de la norma, que lo elevaba a 648 millones de euros.
Además, la norma establece que el gasto solo se producirá en el primer ejercicio, para el tercero se producirá un ahorro de 43 millones de euros y de 44 millones de euros en el quinto año. Con el decreto anterior, que fue rechazado por el Congreso en enero, se estimaba un gasto de 177 millones de euros en el tercer año y no se preveía alcanzar un equilibrio presupuestario, es decir, cero millones de euros de gasto, hasta el quinto. En ese ejercicio se hubiera desplegado el efecto presupuestario del recorte de 25 puntos porcentuales (del 125% al 100% de la base mínima) de la cotización para la futura jubilación de los beneficiarios del subsidio para parados mayores de 45 años.
Pero el rechazo a esta idea de Podemos, que la usó para justificar su voto contrario a aquella primera versión de la norma, se tradujo en una gran derrota parlamentaria que obligó a la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz,a negociar una nueva versión con patronal y sindicatos (aunque solo logró acuerdo con estos últimos) que no incluía este polémico apartado.
Por eso las nuevas cifras, recogidas en la memoria de análisis de impacto económico, a la que ha tenido acceso elEconomista.es han dejado perplejos a los técnicos de los grupos parlamentarios, que ven que la reforma pierde uno de los pilares de ahorro y además incluye nuevas medidas, como una compatibilidad de prestación contributiva de paro y un salario a través de la creación de un "complemento de ayuda para el empleo" (CAE) que beneficiará a unas 200.000 personas, que se suman a otras 230.000 que lo compatibilizarán con un subsidio.
Pagará 938 millones menos en prestaciones y subsidios
Y es que esta idea ya se introdujo en la primera versión de la norma pero restringida a los perceptores de las ayudas del nivel asistencial por desempleo. En aquella ocasión se estimó un coste de 613 millones de euros al año. Ahora, incluyendo la compatibilidad con las prestaciones contributivas, se estima un ahorro de 215 millones de euros ya en el primer año. ¿Cómo es posible? Introduciendo nuevas variables que la factura anterior no recogía.
En realidad, si solo contamos el gasto, este aumenta. El nuevo complemento de apoyo al empleo para la prestación contributiva supondría 262 millones de euros. Aunque, como contamos en elEconomista.es, la nueva norma endurece el encadenamiento de la compatibilidad entre los que cobren la prestación y el subsidio, lo que se traduce en un ahorro en su caso, pasando de los 648 millones previstos inicialmente a 461 millones. El nuevo total del complemento para ambas prestaciones ascendería a 723 millones.
Sin embargo, la nueva contabilidad introduce una previsión de ahorro en prestaciones y subsidios. Este ahorro no solo deriva de adelantar la vuelta total al empleo de estas personas, sino de que el complemento sustituye a la prestación mientras se percibe y, como ya explicamos en elEconomista.es, esto supone un ahorro sustancial para el SEPE, que en el caso de las prestaciones se estima en unos 500 euros por persona que trabaje a tiempo completo y en 150 euros para los que compatibilicen un trabajo con un subsidio en las mismas condiciones.
Esto supone que el complemento de apoyo al empleo ahorrará 411 millones anuales en prestaciones y 527 en subsidios, un tal de 938 millones. Al restarlos a los 723 millones de gasto adicional, arroja un saldo negativo de 215 millones de euros.
A esto se suma una estimación de ahorro de entre 192 y 200 millones al año en políticas activas gracias a la incorporación de estas personas a un empleo. Además, se considera que estas personas generaran 300 millones de euros más al año en cotizaciones, si bien solo un 7,05% se ingresará como prestaciones por desempleo, lo que supone un ingreso extra de 21,15 millones a año.
Esto eleva la 'ganancia' neta para las arcas públicas generada por la compatibilidad a unos 435 millones de euros al año, que compensan el gasto en los otros cambios en los subsidios.
Un ahorro de 1.159 millones
Tras el acuerdo con los sindicatos, solo la 'simplificación' de las ayudas asistenciales pasa de suponer un ahorro de 101 millones en la versión inicial aprobada en noviembre de 2023 a un gasto adicional de 79 millones, por ajustes y novedades como el subsidio para víctimas de violencia de género o sexual. Por si esto fuera poco, se incluyen otros ajustes como la supresión de la reducción en la cuantía a subsidios que provienen de trabajo a tiempo parcial que costará 138 millones adicionales.
Con estos y otros cambios, las medidas estrictamente en materia de subsidios, que en la primera versión de la norma sumaban un gasto de 128 millones en el primer año (a los que se sumaban 613 millones de la compatibilidad entre subsidio y empleo y se restaban 94 de la primera fase de la reducción de la sobrecotización para los mayores de 52 años), se disparan hasta los 500,4 millones. Si se sumara el gasto adicional que supone el CAE (723 millones sin descontar el ahorro en prestaciones), cmo se calculóen la anterior memoria, el total superaría los 1.223 millones.
Pero al introducir la nueva previsión de ahorro e ingresos acumulados (938 millones en prestaciones, 200 en políticas activas y 21 en cotizaciones, un total de 1.159 millones), el saldo se reduce a apenas 64 millones el primer año desde los 648 previstos en la norma anterior. Además, se prevé que estos ahorro se mantengan estables en los ejercicios siguientes, con lo cual el escaso gasto del primer año es un gasto se traducirá en un ahorro al tercer y cuarto año.
Las nuevas cifras han sorprendido en la Carrera de San Jerónimo, ya que estas estimaciones de ahorro no aparecían en la versión inicial. Algunos técnicos de los grupos parlamentarios lo vinculan con que la norma es clave para recibirel cuarto pago de los fondos europeos, con lo que la nueva estimación enfatiza más los beneficios de la activación de los parados, sobre todo los de larga duración. Justo lo que demandaba Bruselas.
Otros consideran que estas variables se debían haber incluido en la versión que aterrizó en la Cámara Baja hace más de seis meses y que lo sorprendente es que entonces no se tuviera en cuenta.
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