La vicepresidenta segunda, Yolanda Díaz, tiene un 'plan B' para impedir que el subsidio de mayores de 52 años se utilice como un vehículo para 'prejubilar' a los parados a partir de esa edad, expulsándoles definitivamente del mercado laboral. Después de que se viera obligada a revertir el recorte a la 'sobrecotización' que aporta el SEPE por sus futuras pensiones, el foco se pone ahora en encontrarles empleo. Un objetivo que trasladará a las comunidades autónomas, a las que repartirá fondos específicos con ese objetivo.
Esta presión afectará especialmente a País Vasco, La Rioja, Madrid y Aragón, las comunidades con el mayor porcentaje de beneficiarios de este subsidio, el único que se percibe sin límite hasta la edad en la que pueden jubilarse anticipadamente (64,1 años). El SEPE reconoce que la mayoría de sus beneficiarios optan por mantenerlo hasta entonces en vez de buscar trabajo, lo que contradice los llamamientos a prolongar la vida laboral. La idea, por tanto, es fiscalizar la eficacia de las políticas activas de empleo para impedir que estas personas acaben optando por 'prejubilarse' en lugar de volver al mercado laboral.
La táctica recuerda la del 'palo y zanahoria' que rige las políticas activas de empleo desde la reforma del sistema que estableció el Gobierno del PP hace más de una década. La competencia de las medidas para encontrar empleo a los parados es autonómica, aunque el Gobierno reparte fondos a las comunidades para ejecutarlas, una cantidad que ronda los 2.800 millones al año y se distribuye en función del cumplimiento de una serie de objetivos.
Pero en el caso de los mayores de 52 años, se dotará una partida específica. "Dentro de los fondos presupuestarios que se distribuyan anualmente a las Comunidades Autónomas en la Conferencia de Empleo y Asuntos Laborales, se reservará una cantidad para ser invertida en políticas activas de empleo en favor de personas mayores de 52 años", reza el texto del acuerdo para la reforma del subsidio, que no concreta la cantidad prevista.
Pero aparte de la revisión anual, en ese caso se incluye un examen mucho más estricto, en el que no solo participará el Gobierno, sino también los agentes sociales. "El Ministerio de Trabajo y Economía Social convocará a las organizaciones sindicales y empresariales más representativas para analizar la efectividad de las cantidades invertidas en políticas activas de empleo en favor de personas mayores de 52 años", incide el documento.
Esta convocatoria se realizará en paralelo a la comisión interministerial integrada por los departamentos de Trabajo y Economía Social, de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, de Economía, Comercio y Empresa y de Hacienda y Función Pública para evaluar la eficacia de la reforma de los subsidios y prestación por desempleo en su conjunto, y funciona como un tribunal paralelo para examinar el papel de las comunidades en el desafío que suponen los parados mayores de 52 años y sus prejubilaciones.
En un momento en el que las críticas a las políticas activas de empleo arrecian, sin que la reforma de la Ley de Empleo que regula su marco legal aprobada hace un año haya dado resultados visibles, esta medida tiene el claro efecto de trasladar la presión a las consejerías autonómicas. Sobre todo, aquellas en las que los subsidios para mayores de 52 años tienen mayor peso: País Vasco, La Rioja y Madrid.
Los beneficiarios de esta ayuda suponen el 25,5% del total de los que perciben una prestación no subsidio por desempleo y un 60,7% de los que perciben un subsidio. Pero 11 comunidades superan estos umbrales y tres rebasan el 70% del total de beneficiarios de un subsidio. Se tratan de País Vasco, La Rioja y Madrid.
Las comunidades defienden que la eficacia de sus políticas acticas no se mide solo en términos de intermediación directa, es decir, personas que encuentran trabajo por una oferta gestionada por el servicio público. También incluye programas de formación o recualificación profesional y subvenciones a las empresas para la contratación, que ahora harán más hincapié en este colectivo. La cuestión ahora pasa por definir qué baremos tomará en cuenta la evaluación que hagan Trabajo y los interlocutores sociales.
Historia de un 'tabú'
El Ejecutivo del PSOE revirtió en 2019 las restricciones de acceso al subsidio que el PP había introducido en 2012 (elevando la edad mínima a 55 años). Pero desde entonces se ha encontrado con dos problemas.
El primero, es su coste. No tanto el número de beneficiarios, sino por esa cotización. El primer Gobierno de Pedro Sánchez recuperó también el porcentaje del 125% de la base mínima para su cálculo, tasa que el los 'populares' habían recortado al 100% con su reforma. Pero desde entonces, la base mínima, ligada al SMI, ha subido un 57%.
Un desembolso que alcanza los 1.872 millones al año y los 156 millones al mes, según las cifras aportadas por del Ejecutivo. Son unos 360 euros al mes por beneficiario que se suman a los 480 euros del importe del subsidio. El Gobierno preveía ahorrarse unos 468 millones al año al volver a recortarla al 100%. Ahora tendrá que contemplar opciones para garantizar esa minoración de gasto.
Por otro lado, este es el único subsidio por el que se cotiza para la jubilación, y además se percibe sin límite de tiempo, hasta que se alcanza la edad de jubilación anticipada para los desempleadosPero aquí surge la pregunta: ¿compensa vivir hasta diez años o doce años con un subsidio de 480 euros por esta ventaja en la jubilación? La respuesta es el tercer problema que el Gobierno pretendía atajar con este recorte: muchos de esos casosesconden prejubilaciones impulsadas por empresas en el marco de despidos colectivos.
Unas 'soluciones' pactadas entre empresa y sindicatos que se estructuran sobre indemnizaciones 'prorrateadas', convenios cola Seguridad Social, prestaciones por desempleo y estos subsidios para ofrecer unas condiciones más ventajosas a los despedidos hasta su retiro definitivo, siempre que no vuelvan a trabajar. Algo que explica que la jubilación de quienes acceden a la jubilación anticipada tras un despido sea 530 euros más alta que al de los que se jubilan a la edad normal sin haber dejado de trabajar.
Tanto el Gobierno como los sindicatos han eludido mencionar este puente de plata en todo el proceso de reforma de los subsidios. Un 'tabú' que, sin embargo, ha estado muy presente durante la negociación, que coincidió además con el anuncio de varios procesos de despidos colectivos centrados en los mayores de 50 años. Un goteo de anuncios rematado por el caso de Telefónica, que quince años después vuelve a optar por esta vía pese a presentar beneficios y una creciente presencia del propio Gobierno en su accionariado.
Podemos tumbó en el Congreso la versión inicial de la reforma del subsidio con el argumento de que reducir la 'sobrecotización' era un castigo a los parados de larga duración y con más dificultades para volver al mercado laboral. Díaz no supo rebatirles: hubiera supuesto reconocer que supone un incentivo al retiro anticipado. En paralelo, los sindicatos defendían la bondad de las prejubilaciones como la solución "menos traumáticas"para una nueva oleada de despidos que prevén inevitable por culpa de la inteligencia artificial.
En este aspecto, Díaz sí ha logrado mantener un refuerzo al controles sobre el nivel de renta que limita el acceso al subsidio , para evitar que los acuerdos de prejubilación jueguen con los topes legales (y de paso cerrar la puerta a que los beneficiarios recurran a empleos 'sumergidos'). Pero parece cuestionable que esto baste para desincentivar su uso.