Moncloa aprobará hoy la reforma del subsidio de paro dictada por Podemos

El Consejo de Ministros tiene previsto aprobar este martes la reforma del subsidio por desempleo firmada entre el Ministerio de Trabajo y los sindicatos CCOO y UGT el pasado 8 de mayo. Con esta medida, España cumple uno de los hitos asociados al cuarto pago de los fondos europeos. Se espera que tenga el apoyo necesario en el Congreso de los Diputados para sacar adelante la medida, después de que el Ministerio de Trabajo recupera la sobrecotización del 125% que exigió Unidas Podemos para mayores de 52 años en el subsidio por desempleo.

Bruselas desvelará también durante este martes su evaluación de las reformas e inversiones comprometidas por España para el cuarto desembolso de los fondos, tras la ampliación de dos meses acordada con el Ejecutivo español el pasado mes de marzo.

La reforma del subsidio por desempleo que aprobará hoy el Consejo de Ministros contempla un aumento gradual de la cuantía de esta ayuda, actualmente de 480 euros al mes (80% del Iprem); amplía el colectivo de beneficiarios, y permitirá compatibilizar el subsidio y la prestación contributiva de desempleo con un salario, entre otras medidas.

La reforma, que entrará en vigor en noviembre de este año, incorpora algunas novedades respecto a la que fue rechazada en enero por el Congreso con los votos de PP, Vox y Podemos, como las referidas a la compatibilidad de las ayudas por desempleo con un puesto de trabajo.

En el caso del subsidio, cuya duración máxima seguirá siendo de 30 meses, la compatibilidad será por un periodo máximo de 180 días por cada nuevo empleo a tiempo completo o parcial, sin reducción de la cuantía. En el caso de la prestación contributiva, se podrá compatibilizar con un empleo tras un año cobrando la prestación y siempre que el salario no supere el 225% del Iprem (1.350 euros al mes con el Iprem actual).

Esta medida, que no estaba recogida en la anterior reforma y que en principio operaría a partir de 2025, persigue evitar que el paro "se enquiste", pues a partir del año es cuando empiezan a existir "grandes problemas de inserción". De este modo, la compatibilidad de la prestación contributiva con un empleo se configura como "una fórmula especial de protección a los parados de larga duración", en palabras del secretario de Estado de Trabajo, Joaquín Pérez Rey.

Este nuevo régimen de compatibilidades irá acompañado del establecimiento de mecanismos de control a través de la firma de un convenio de colaboración entre el Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE) y la Inspección de Trabajo para determinar los supuestos de compatibilidad de prestaciones por desempleo y trabajo por cuenta ajena que deban ser objeto de actuaciones inspectoras, todo ello para evitar el fraude en la obtención y disfrute de las prestaciones.

La nueva reforma, que se aprobará en forma de Real Decreto-ley, mantiene la simplificación de los trámites administrativos para acceder al subsidio, eliminando el mes de espera para las personas que hayan agotado su prestación contributiva y quieran solicitar el subsidio. Así, la ayuda se podrá cobrar desde el primer día.

Se mantiene además en el 125% del salario mínimo interprofesional (SMI) la base de cotización para los subsidios de mayores de 52 años, frente a la rebaja que introducía la primera reforma y que motivó el rechazo de Podemos, al considerar que se recortaban los importes de la pensión futura. Con esta decisión, se allana el camino para que la reforma reciba el visto bueno en el Parlamento.

La reforma, que no ha sido firmada por la CEOE y Cepyme, mejora las cuantías de los subsidios durante los primeros 12 meses de percepción, estableciendo tres tramos: el subsidio será del 95% del IPREM durante los primeros seis meses (570 euros mensuales con el IPREM actual); del 90% durante los siguientes seis meses (540 euros) y del actual 80% durante el resto de la duración de la prestación (480 euros).

Podrán acceder al subsidio personas víctimas de violencia de género o sexual a partir de los 16 años, así como emigrantes retornados, menores de 45 años sin cargas familiares y trabajadores eventuales agrarios de todo el país (unos 200,000 según cálculos sindicales).

Además, los trabajadores residentes en Marruecos que hayan desempeñado su última relación laboral en las ciudades autónomas de Ceuta y Melilla, con autorización de trabajo para trabajadores transfronterizos, podrán acceder a la protección por desempleo de nivel contributivo sin necesidad de acreditar residencia en España, siempre que cumplan todos los requisitos establecidos en la legislación aplicable y en las condiciones reglamentarias.

Se eliminan los subsidios parciales

La reforma elimina los subsidios parciales para quienes hayan trabajado a tiempo parcial, permitiendo que puedan cobrarlos íntegros. Además, permitirá que las personas con menos de 12 meses cotizados (el requisito necesario para acceder a una prestación contributiva) puedan acceder al subsidio, beneficiando principalmente a los jóvenes.

Se facilita también el cumplimiento del requisito de insuficiencia de rentas para acceder al subsidio, permitiendo el acceso tanto por insuficiencia de rentas personales como de la unidad familiar, de forma alterna. Además, se ampliará la cobertura al permitir que las parejas de hecho sean consideradas parte de la unidad familiar.

Asimismo, se establece un régimen de compatibilidad entre los subsidios agrarios de Andalucía y Extremadura y los del Régimen General. Además, se compromete a reducir las jornadas reales requeridas para acceder a los subsidios agrarios debido a la sequía.

La reforma también permitirá que quienes estén cobrando subsidios puedan agotar sus prestaciones actuales y, posteriormente, pasar a incorporarse en el Ingreso Mínimo Vital (IMV). Sin embargo, las víctimas de violencia de género y los emigrantes retornados quedarán excluidos de esta pasarela y se mantendrán en el subsidio.

Se introduce como causa de suspensión del subsidio el que los trabajadores fijos-discontinuos sean llamados a reiniciar su actividad y no se reincorporen a su puesto de trabajo, salvo causa justificada.

Además, la reforma establece un mecanismo de reserva de políticas activas de empleo para mayores de 52 años, destinando una parte de los fondos de empleo a este colectivo, aproximadamente 600 millones de euros.

Finalmente, la prestación se coordinará con un itinerario personalizado de activación para el empleo, mediante la suscripción de un acuerdo de actividad (anteriormente conocido como compromiso de actividad) con los Servicios Públicos de Empleo, priorizando a los parados de larga duración en los programas y acciones de inserción laboral.