Valencia
El presidente de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, ha anunciado la supresión de 6 entidades públicas del sector público empresarial valenciano que calificó como "empresas fantasma" ya que fueron creadas por el anterior Gobierno del Botànic aunque no llegaron a entrar en funcionamiento. Mazón se mostró muy crítico con la gestión del anterior Gobierno de socialistas, Compromís y Podemos que consideró marcada por "el malgasto y descontrol".
La reducción de la estructura de las empresas, agencias y fundaciones públicas de la Administración valenciana era una de las promesas del Ejecutivo de coalición de PP y Vox. El propio Mazón había anunciado su intención de reducir "grasa" política y lo cierto es que en sus primeros presupuestos, que recogen un incremento del gasto general, la partida para el sector público empresarial era una de las que más se han reducido.
Según anunció, se eliminarán las entidades sin funcionamiento cuyas actividades ya desarrollan otros organismos de los propia Administración autonómica. En concreto se liquidarán cinco agencias: la Agencia Valenciana de la Energía, la Agencia para la Digitalización y la Ciberseguridad, la de Información y Control Alimentarios, la de Residuos y Economía Circular, y la de Cambio Climático. También se suprimirá la Escuela Valenciana de Administración Pública.
El presidente justificó esta supresión porque "la situación es crítica" en la Administración valenciana, "con el mayor déficit de Epaña y la deuda en máximos históricos, con casi 60.000 millones de euros". Un panorama del que responsabilizó al Botànic. Eso sí, esta medida en principio no reducirá el gasto, ya que según reconoció Mazón hasta ahora no habían ejecutado dinero público.
Pero además, el presidente popular anunció que su Gobierno se planteará medidas para reclamar la responsabilidad del anterior Ejecutivo. Para ello anunció que se va a poner en marcha una auditoría general de todo el sector público valenciano, que además incluirá auditoría específicas "forensic" en aquellas empresas públicas y entidades en que haya "posibles casos de fraude y gasto descontrolado". A partir de esas auditorías específicas se planteará exigir "las responsabilidades administrativas e incluso penales".
Las posibles irregularidades
Mazón se basó en los informes de la Sindicatura de Cuentas y la Intervención, que según la nueva Administración recoge procedimientos de contratación irregulares, suplicidades en los gastos, colocaciones a dedo e incluso pagos a terceros sin autorización. "En materia de contratación , sólo 4 de las 54 han recibido una valoración positiva de auditores e intervención", según Mazón. "El 92% de las entidades no realiza los contratos conforme a la ley", apuntó.
En su intervención, el popular aseguró que en los últimos 4 años del Gobierno de Puig "adjudicó a dedo 253.122 contratos" por un importe de 713 millones de euros. Además, señaló que sólo en 2021 se realizaron más de 4.000 contrataciones sin autorización de Hacienda. "La época de acumular empresas públicas para pagar favores y ejecutar enchufes masivos se ha terminado", subrayó Mazón.
La polémica Ciegsa seguirá existiendo
El tono de la rueda de prensa de Mazón recordó al que se realizó al poco de llegar el Botànic al Gobierno valenciano en que se desvelaron los datos de la Intervención y las auditorías sobre Ciegsa, la empresa pública valenciana encargada de construir los colegios públicos creada en la época del PP. El informe cifraba elevados sobrecostes y la sociedad pública llegó a estar incluida en una causa judicial por las posibles irregularidades en su gestión.
Aunque en su día el Botànic anunció que se liquidaría esa empresa símbolo de esas supuestas irregularidades, la sociedad sigue hoy operativa por los pasivos pendientes, que incluían al Banco Europeo de Inversión (BEI). A pregunta de elEconomista.es, el presidente aseguró que no es una de las que se plantea suprimir porque "Ciegsa todavía tiene una función pública".
