Valencia
El último informe de auditoría de cumplimiento de la legalidad en la contratación en la Generalitat Valenciana elaborado por la Sindicatura de Cuentas vuelve a reflejar la falta de control y una retahíla de incumplimientos en la normativa de la Administración valenciana durante el anterior Gobierno valenciano de izquierdas presidido por Ximo Puig.
El órgano fiscalizador vuelve a hacer hincapié en el elevado volumen de gasto ejecutado fuera de presupuesto a través de los "expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto", una fórmula utilizada para hacer frente a pagos que no se han incluido en las cuentas autonómicas presupuestadas. Durante 2022, el último año auditado, se aprobaron 611 expedientes de este tipo por un total de 1.357,7 millones de euros. La mayoría de ellos se destinaron a hacer frente a gastos de Sanidad, que realizó casi el 83% del total.
Aunque ese importe es inferior a la cifra récord que alcanzó en 2021, en que se situó en 1.808 millones de euros, la Sindicatura insiste en que ese tipo de gastos "se han ejecutado prescindiendo del procedimiento legalmente establecido" lo que además dificulta que cumplan los controles establecidos.
Contratos bajo lupa
Pero además, la auditoría ha detectado "incumplimientos significativos" en buena parte de los procedimientos de contratación que ha analizado de las distintas Consellerias. Entre los procedimientos entre los que ha puesto su lupa se encuentran algunas de las mayores licitaciones públicas que adjudicó ese año la Generalitat, como el servicio de transporte público sanitario, fundamentalmente las ambulancias de Sanidad, que contaba con presupuesto de más de 370 millones de euros y un plazo de cuatro años.
Otro de ellos es la adjudicación de 7.100 plazas en residencias para mayores, con más de 427 millones de euros, y llevado a cabo por la Conselleria de Igualdad, que estaba en manos de Compromís. Un concurso que fue tramitado de urgencia, algo que precisamente el informe considera que no se acreditó debidamente.
Entre los incumplimientos legales, en ambos casos destaca la falta de algunos requisitos exigidos para la tramitación de esos servicios públicos, lo que "puede ser causa de nulidad administrativa", mientras que en otros apunta aumentos en el importe de los contratos poco después de adjudicarlos basándose en que era la oferta más barata.
Precisamente otras de las "incidencias" más habituales es que en los contratos y pliegos no se especifican ni se concretan las medidas para comprobar que se cumplen las condiciones exigidas específicamente por la Administración pública. El propio informe destaca la falta de personal en la Administración para poder hacer frente tanto a la contratación como a estas labores posteriores.
Por todas estas cuestiones detectatadas, la auditoría final de la Sindicatura de Cuentas recoge su "opinión con salvedades".
