Valencia
El Gobierno valenciano de coalición de izquierdas que preside Ximo Puig ha convertido el aumento del gasto social como una de sus grandes banderas. Y para hacerlo realidad la Generalitat Valenciana incrementa año tras año el gasto fuera de presupuesto y sin los controles que marca la propia ley, según el último informe de la Sindicatura de Cuentas autonómica.
En 2021 el Gobierno valenciano convalidó 1.808,3 millones de euros mediante expedientes de "resarcimiento de enriquecimiento injusto", con los que regulariza compras de suministros y servicios ejecutados sin haber sido incluidos en las partidas presupuestarias correspondientes.
Según el informe de fiscalización de la Cuenta General de la Administración valenciana que elabora la Sindicatura, esos contratos, que se suelen justificar por causas extraordinarias, emergencias o prórrogas por retrasos en licitaciones, incurren en "supuestos de nulidad de pleno derecho" de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones.
La Sindicatura se muestra muy crítica por "la importancia cuantitativa y creciente del volumen de gasto contraído" mediante esta fórmula. Y es que después de que en 2020, con la aparición de la pandemia de Covid, se disparase el importe de esos expedientes un 22%, en 2021 el dinero desembolsado sin los controles que exige la contratación pública ha vuelto a crecer otro 2,5%, y esta vez sin el efecto extraordinario que supuso la aparición de la pandemia.
Los gastos sin asignar a partidas presupuestarias supusieron "el 43,8% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo al capítulo 2 de gastos de funcionamiento" y en el caso de Sanidad representa más del 49%, apunta el informe del órgano fiscalizador.
Precisamente Sanidad, uno de los departamentos a los que destina más dinero público la Generalitat Valenciana, también aparece señalada en el informe como uno de los grandes áreas con más riesgo contable. Uno de los motivos son las liquidaciones y las reversiones de las concesiones de gestión de departamentos de Salud que asumieron varias empresas privadas.
"A 31 de diciembre de 2021, existían 45 liquidaciones anuales pendientes de aprobación. Se desconocen los importes definitivos de estas liquidaciones y, por tanto, no es posible determinar el efecto que su adecuado reflejo contable", señala entre sus salvedades el órgano administrador.
De hecho, en su contenido el informe cuantifica en 530,7 millones las liquidaciones pendientes a favor de la Generalitat y en 115,8 millones lo que aún se debe resarcir a las concesionarias según la Administración. Sin embargo, debido a los continuos litigios, los síndicos consideran difícil valorar el impacto real.
Precisamente otra de las cuestiones que plantea el informe es la falta de una valoración del riesgo por los litigios pendientes del Gobierno autonómico en general, que debería realizar la Abogacía de la Generalitat.
Grave desequilibrio patrimonial
Además, la Sindicatura vuelve a alertar del "grave desequilibrio patrimonial de la Administración de la Generalitat", con un patrimonio neto negativo de 37.436 millones de euros y después de que la deuda se incrementase ese año en otros 3.000 millones más.
"En 2021 ha vuelto a aumentar el desequilibrio negativo después de que descendiera en 2020 condicionado por los ingresos y gastos extraordinarios asociados a la lucha contra la pandemia", destaca el informe.
Los síndicos también vuelven a achacar el desfase presupuestario a la infrafinanciación por el modelo de financiación autonómica, que lleva a elevar la deuda para afrontar el gasto. Pero también afea a la Generalitat que incluya ingresos fantasma en la que se supone que es la principal Ley autonómica anual y base de las cuentas públicas autonómicas, como la denominada partida reivindicativa de 1.300 millones que aparece año tras año.
"La Generalitat debe incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado, derivadas del sistema de financiación autonómico, únicamente las previsiones de ingresos que de forma razonable se espera obtener, teniendo en cuenta que su determinación se encuentra reglada en el marco normativo de aplicación", señala.
