Valencia
La primera reunión del Pleno del Gobierno valenciano que tenía en su agenda plantear las políticas para hacer frente a la escalada de la inflación y la crisis energética por la guerra de Ucrania también aprobó otra medida vinculada a la factura del gas y de la luz, aunque en esta ocasión sin estar condicionada por las decisiones de Putin.
La sesión del Consell del pasado 9 de septiembre aprobó varios acuerdos de lo que se conoce como expedientes de resarcimiento económico. En la práctica supone reconocer y legalizar gastos asumidos en años anteriores pero que no estaban incluidos en los presupuestos, es decir, una fórmula de la Administración para superar en la práctica los límites de gasto aprobados.
En este caso es especialmente llamativo porque se regularizan ahora las facturas del suministros básicos de gas y de luz de varios centros de atención social dependientes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, cuya antigüedad se remonta hasta 7 años.
En concreto, el Gobierno valenciano aprobó un expediente de resarcimiento "por la prestación de suministro de gas en centros de mayores y menores dependientes de la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y durante los meses de mayo a junio 2015, febrero a diciembre 2016 y enero a noviembre 2017", según consta en el acuerdo publicado en el Diario Oficial de la Generalitat esta semana.
En este expediente la Generalitat autoriza a incluir en los presupuestos de este año, 2022, una partida de 25.515 euros como reconocimiento de esas obligaciones económicas procedentes de ejercicios anteriores.
No es el único. En el mismo Pleno se aprobó otro expediente por el gasto en la prestación por servicios de "mantenimiento, accesibilidad, gestión integral, suministro de luz, agua y material de oficina en los centros de mayores y menores de la provincia de Castellón" por un total de 1,86 millones de euros.
Unas facturas que proceden de un periodo más largo, al incluir "el tercer y cuarto trimestre de 2017, del primer al cuarto trimestre de 2018 ambos inclusive y mes de diciembre de 2018, primer, segundo y tercer trimestre de 2019, mes de septiembre de 2020, los meses de noviembre y diciembre 2021 y enero, febrero, marzo, abril y mayo de 2022". Es decir, hasta este mismo año. En este caso imputa algo más de 220.000 euros al presupuesto de este ejercicio.
El departamento durante los años en que se realizó ese gasto no presupuestado estaba bajo el mando de la vicepresidenta de Compromís, Mónica Oltra, que hace unos meses dimitió y fue sustituida por Aitana Mas, que es quien firma el acuerdo del Consell.
Práctica extendida
En el mismo Pleno se aprobaron expedientes similares de la Conselleria de Agricultura, entre ellos el de las obligaciones por el servicio de limpieza de su sede en Castellón durante la mayoría de 2020. También el mantenimiento de los ascensores del servicio de empleo Labora en algunos meses de 2021 y 2022.
Por más que esta práctica para legalizar gastos de ejercicios anteriores se haya generalizado en la Administración autonómica a pesar de las críticas de la Sindicatura de Cuentas y la propia Agencia Valenciana Antifraude, resulta chocante que en plena crisis energética por la guerra de Ucrania y el chantaje de Putin a Europa con el corte del grifo del gas, el Gobierno valenciano vaya a incluir en sus cuentas públicas facturas de energéticas pendientes de años anteriores.
