
El Gobierno valenciano sigue teniendo cuentas pendientes de su gasto sanitario de hace 7 años, como revela el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). Hace apenas un par de semanas el propio Pleno del Consell dio el visto bueno a aprobar un expediente de resarcimiento económico por el que se imputarán a los presupuestos de este año casi 5 millones de euros de gasto de ejercicios anteriores.
Según recoge el acuerdo, se trata de servicios y suministros prestados en los diferentes departamentos de Salud y centros de gestión del departamento de Sanidad de varios ejercicios pasados. Los más antiguos se remontan a 2016, aunque también se incluyen de todos los ejercicios posteriores hasta 2021.
En el texto oficial del acuerdo de resarcimiento económico no se menciona los proveedores que recibirán estos pagos, como si ocurre en los otros 5 expedientes de resarcimiento y enriquecimiento injusto incluidos en el mismo DOGV y que afectan a los departamentos de Igualdad y Educación, Cultura y Deportes. Si bien en esos casos, los retrasos son mucho menores que en los contemplados en el expediente de Sanidad.
El recurso a estas fórmulas de pago de facturas por servicios y suministros realizados, pero que no se han incluido en los presupuestos públicos y sin supervisión se ha hecho aún más habitual con la pandemia pese a las críticas de la Sindicatura de Cuentas.
Recurso demasiado frecuente
Según recoge su último informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración, del ejercicio 2020, la Generalitat asumió 1.763,3 millones de euros mediante la figura del "resarcimiento por enriquecimiento injusto".
El informe de Sindicatura detectó "falta de acreditación de los supuestos de hecho que dan lugar a la contratación de emergencia, falta de constancia de los precios de las prestaciones contratadas, imposibilidad de verificar la adecuada ejecución del contrato o su recepción de conformidad y falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior".
Más del 26% del gasto por la fórmula del enriquecimiento injusto de Sanidad de 2020 correspondía a años anteriores a la pandemia y, por tanto, no se pueden justificar por esa emergencia sanitaria. Un ejemplo del uso crónico de esa herramienta para saltarse las limitaciones presupuestarias.