El Gobierno valenciano que preside Ximo Puig aumentó notablemente el gasto público mediante operaciones al margen de los canales de control habitual de la contratación pública como la Intervención y fuera de los presupuestos. Según recoge el Informe de fiscalización de la Cuenta de la Administración del ejercicio 2020 de la Sindicatura de Cuentas, la Generalitat asumió 1.763,3 millones de euros mediante la figura del "resarcimiento por enriquecimiento injusto".
Este instrumento permite a las administraciones reconocer en sus cuentas los costes de prestaciones que se han llevado a cabo por encargo de las mismas, pero que no estaban incluidos en sus presupuestos. Una figura que por ejemplo se permite para los contratos de emergencia en los que no se lleva a cabo un proceso de contratación pública por la urgencia y falta de plazo, y que precisamente con la pandemia se han hecho habituales en Sanidad.
La Sindicatura ha detectado "falta de acreditación de los supuestos de hecho que dan lugar a la contratación de emergencia, falta de constancia de los precios de las prestaciones contratadas, imposibilidad de verificar la adecuada ejecución del contrato o su recepción de conformidad y falta de formalización por escrito de los contratos ejecutados en el exterior", señala en su comunicado.
En ese sentido, apunta que "los incumplimientos más reiterados se han observado en la Conselleria de Sanidad, donde en 30 expedientes no hemos podido verificar la adecuada ejecución del contrato ni su recepción de conformidad, ni su liquidación, agravados en los casos en que se acuerdan pagos anticipados sin que posteriormente se acredite en el expediente que el contrato haya sido ejecutado de conformidad".
No sólo por el Covid
Según los datos del informe, se ha incrementado un 22% el volumen de gasto que el Consell ha desembolsado mediante expedientes de enriquecimiento injusto, la mayoría vinculados a Sanidad, que acapara 1.602 millones, algo que también era habitual en años anteriores.
Sin embargo, más de una cuarta parte de esa cifra, 474 millones de euros, corresponden a gastos de ejercicios anteriores. Es decir, más del 26% del gasto por la fórmula del enriquecimiento injusto de Sanidad de 2020 son de años anteriores a la pandemia y, por tanto, no se pueden justificar por esa emergencia sanitaria. Un ejemplo del uso crónico de esa herramienta para saltarse las limitaciones presupuestarias.
La Sindicatura también vuelve a reflejar en el balance la existencia de gastos reconocidos pero no presupuestados, en concreto un saldo de 816,2 millones de euros por las devengadas y vencidas, además de un saldo de 274,1 millones de euros por las devengadas y no vencidas.
La Sindicatura recoge asimismo en su informe la aprobación de modificaciones presupuestarias por un importe conjunto de 4.334,1 millones de euros por lo que el presupuesto definitivo ascendió en 2020 a 27.356,1 millones de euros (un 18,8% más). Entre ellas destacan por valor de 1.762,4 millones de euros las generaciones de crédito, que han sido financiadas principalmente mediante las distintas transferencias del Estado y Fondo Covid para hacer frente a la pandemia.
Advierte de los ingresos fantasma
En sus recomendaciones los síndicos vuelven a insistir en que "la Generalitat tiene que incluir en sus presupuestos iniciales de transferencias a recibir del Estado únicamente las previsiones de ingresos que de manera razonable se espera obtener". Una nueva advertencia sobre las cláusulas reivindicativas y otras partidas sobre supuestos ingresos de los que no hay compromisos reales, que en las cuentas para 2022 han crecido hasta más de 2.300 millones.
