Valencia
El último año completo del Gobierno valenciano de coalición del Botànic presidido por Ximo Puig volvió a suponer un incremento del gasto autonómico no presupuestado, según refleja el informe de fiscalización de la Generalitat Valenciana, que elabora la Sindicatura de Cuentas. Así, en el cierre de la cuenta de la Administración se recogen compromisos de gasto realizado durante ese ejercicio y anteriores que no se han pagado por 1.516 millones de euros y que, por tanto, tendrán que asumirse en los años posteriores, incrementando el volumen de deuda de la Generalitat.
En el último ejercicio completo del Gobierno de Puig, de hecho, ese volumen de dinero gastado sin haberse asignado al presupuesto del propio ejercicio se incrementó un 57,9%, según refleja la auditoría de la Sindicatura. En concreto, esa cifra se recoge en el balance de la Generalitat, en la denominada cuenta 413, que refleja lo que se debe a "Acreedores por operaciones devengadas".
Como explica el propio informe, si se imputasen esas obligaciones, que se trasladan a otros años en la cuenta de 2022 que es cuando realmente se materializaron, "supondría una disminución del saldo del resultado presupuestario por importe de 576,6 millones de euros y el remanente de tesorería del ejercicio 2022 sería más negativo en 1.516,2 millones de euros, lo que obligaría a aumentar el recurso al endeudamiento".
Es decir, el desequilibrio financiero en las cuentas autonómicas serían aún mayor del registrado oficialmente, y el resultado presupuestario sería negativo en cerca de 4.000 millones de euros, frente a los 3.382,3 millones de euros registrados finalmente. En el caso del remanente de tesorería no afectado, la cuenta reflejaba un saldo negativo de 4.998,6 millones de euros, que superaría los 6.500 millones según los criterios de los auditores públicos.
El informe refleja la precaria situación financiera de la Generalidad Valenciana, "en que las cuentas anuales del ejercicio 2022 muestran un grave desequilibrio". Así, el patrimonio neto autonómico es negativo, por 46.815,5 millones de euros, como consecuencia de la acumulación de resultados negativos por la insuficiencia de recursos de la Comunitat Valenciana, que tienen que cubrirse por medio del recurso al endeudamiento y cifra la deuda financiera del balance en 57.698,9 millones de euros al cierre de 2022.
Sanidad, el gran foco
¿De dónde procede ese gasto no incluido en los presupuestos? La Sindicatura vuelve a reflejar que durante el último año del Botànic se aprobaron 611 expedientes de resarcimiento por enriquecimiento injusto, es decir, el Consell legalizó pagos comprometidos pero que no contaban con fondos en las partidas presupuestarias, por 1.357,7 millones de euros. Según la auditoría, esta fórmula que sólo debería usarse de forma escepcional "se mantiene en niveles muy elevados" y como viene haciendo año tras año insta a corregirlo al considerar que están fuera de la legalidad.
"Los gastos incluidos en los expedientes de enriquecimiento injusto (EEI) son nulos de pleno derecho por corresponder a adquisiciones de compromisos de gasto u obligaciones por cuantía superior al importe de los créditos autorizados en el presupuesto y por ejecutarse prescindiendo del procedimiento legalmente establecido recuerda que la Administración", reza textualmente en sus conclusiones
El mayor volumen de dinero de esos expedientes, 1.124,5 millones de euros, corresponden a gastos tramitados por la Conselleria de Sanidad. Además vuelve a incluir entre las excepciones a su auditoría favorables las cuentas pendientes acumuladas entre la Generalitat y las concesionarias de departamentos públicos del denominado Modelo Alzira. Así, recoge 40 liquidaciones anuales pendientes de aprobación de las cinco concesiones sanitarias, "cuyos importes estimados (411,1 millones de euros en julio de 2023) pueden sufrir modificaciones, por lo que se desconocen sus importes definitivos". De hecho, dice que no puede valorar razonablemente esos importes, porque además se encuentran la mayoría en litigios judiciales.
