Valencia
El Ayuntamiento de Valencia vuelve a centrar el informe que realiza anualmente la Sindicatura de Cuentas sobre los controles internos de las administraciones locales de la Comunidad Valenciana. El Gobierno de Joan Ribó volvió a incrementar el dinero público que gastó mediante operaciones sin fiscalizar en 2021, con un total de 64,8 millones de euros, un 27% más que el año anterior.
Una forma de actuar que los síndicos vuelven a echar en cara al Consistorio de la capital valenciana al volver a incluir la sentencia de que "los ayuntamientos son las entidades que acaparan la práctica totalidad de expedientes con omisión de fiscalización previa, con especial importancia para el tramo de mayor población, correspondiente al Ayuntamiento de Valencia".
Y es que aunque el informe no desglosa los datos por cada municipio, sí lo hace por población, lo que deja al desnudo al único ayuntamiento que tiene más de 500.000 habitantes en la región.
Por sí sola la administración local valenciana aplicó 589 expedientes que no cumplían con los requisitos de fiscalización previa que exige la normativa, es decir, representó uno de cada cinco que la Sindicatura detectó en todas las entidades locales. Por su importe, el peso de la capital es aún mayor, ya que representó más del 36% de los 177,9 millones de euros que el informe de la Sindicatura recoge en total de expedientes con omisión de fiscalización de entidades locales.
Además, el organismo fiscalizador llama la atención sobre el incremento tanto de expedientes como del importe y de las entidades locales, un 22,5% más, que han recurrido a esta fórmula para contrataciones públicas y otras finalidades.
El 90% contratación pública
El informe destaca que en general "los expedientes de contratación son la modalidad de gasto con el mayor número e importe de obligaciones reconocidas, con unos porcentajes superiores al 90% sobre el total. También destacan las modalidades de subvenciones y gastos de personal".
Según la Sindicatura, la causa más frecuente ha sido la falta de tramitación del correspondiente expediente, que en 2021 ha supuesto alrededor del 70% de las omisiones y del importe total, un porcentaje similar a 2020. Otra de las causas más comunes fue la utilización incorrecta del procedimiento de contratación.
