Valencia
La Generalitat Valenciana vuelve a recurrir a la fórmula de los expedientes de resarcimiento para esquivar sus propios presupuestos autonómicos y hacer frente al gasto de años anteriores no incluido en las cuentas. Apenas unos días después de que la Sindicatura de Cuentas desvelase que había regularizado gasto no presupuestado por 1.808 millones de euros en 2021, el Diari Oficial revela que en los últimos días de ha vuelto a utilizar esa forma de regularizar gasto formalizado en años anteriores.
En concreto, la edición de este martes del Diari Oficial incluía en total once expedientes de resarcimiento por más de 13 millones de euros en total, que incluían en algunos casos gastos materializados hace siete años, en 2015.
En concreto, el expediente que supone un mayor importe y que corresponde a la Conselleria de Sanidad, se remonta al periodo que va de 2015 a 2021 por un total de 4,3 millones de euros. Un expediente que incluye "servicios y suministros prestados en los diferentes departamentos de salud y centros de gestión" de Sanidad durante estos años y que gracias al acuerdo del Consell serán imputados al presupuesto corriente de 2022.
Los once expedientes fueron aprobados en uno de los últimos plenos del Gobierno valenciano, el del pasado 23 de diciembre, según la información del Diari Oficial. Además del de Sanidad, se incluyen servicios y gastos de otros departamentos autonómicos, desde la Vicepresidencia y Conselleria de Igualdad a la Agencia de Emergencias dependiente de Justicia. Durante este año ya se habían hecho públicos otros expedientes similares, cuyas facturas, algunas de luz y gas, se remontaban también a 2015.
Según el último informe de la Sindicatura de Cuentas, en 2021 el Gobierno valenciano convalidó 1.808,3 millones de euros mediante expedientes de "resarcimiento de enriquecimiento injusto", con los que regulariza compras de suministros y servicios ejecutados sin haber sido incluidos en las partidas presupuestarias correspondientes.
Las críticas de la Sindicatura
Esos contratos, que se suelen justificar por causas extraordinarias, emergencias o prórrogas por retrasos en licitaciones, incurren en "supuestos de nulidad de pleno derecho" de la Ley del Procedimiento Administrativo Común de las Administraciones según recoge el informe de la Sindicatura sobre la Cuenta General de la Generalitat.
Como en años anteriores, la Sindicatura se muestra muy crítica por "la importancia cuantitativa y creciente del volumen de gasto contraído" mediante esta fórmula. Y es que después de que en 2020, con la aparición de la pandemia de Covid, se disparase el importe de esos expedientes un 22%, en 2021 el dinero desembolsado sin los controles que exige la contratación pública ha vuelto a crecer otro 2,5%, y esta vez sin el efecto extraordinario que supuso la aparición de la pandemia.
Los gastos sin asignar a partidas presupuestarias supusieron "el 43,8% de las obligaciones reconocidas en el ejercicio con cargo al capítulo 2 de gastos de funcionamiento" y en el caso de Sanidad representa más del 49%, apunta el informe del órgano fiscalizador.
