Valencia revisa sus planes para el impuesto de Patrimonio y las futuras tasas 'verdes'

En los primeros seis meses del Gobierno valenciano de coalición de PP y Vox ya se han materializado varias de las medidas estrella prometidas para poner fin a lo que el propio presidente Carlos Mazón bautizó como "infierno fiscal valenciano". Sin embargo, aún quedan por acometer algunas de las incluidas en su reforma fiscal, algunas de las cuáles están en estudio de cara a este recién iniciado 2024.

El propio Mazón fijó el 28 de mayo, el día de las elecciones autonómicas, como fecha para aplicar la norma que supuso eliminar en la práctica el Impuesto de Sucesiones y Donaciones en el caso de los familiares más cercanos. En sus primeros presupuestos se han materializado otras medidas de alivio fiscal, en su mayoría mediante nuevas deducciones del IRPF en el tramo autonómico. También se ha aprobado la rebaja del Impuesto de Transmisiones Patrimoniales (ITP) y Actos Jurídicos Documentados (AJD) a los más jóvenes y colectivos desfavorecidos.

Pero a reforma fiscal incluida en el programa electoral del PP valenciano abarca cambios más ambiciosos en el IRPF, con la modificación de los tramos y la reducción de los tipos máximos, y otras iniciativas en línea con las de otros Gobiernos autonómicos del PP para rebajar impuestos.

Entre ellas se encuentra la eliminación del Impuesto de Patrimonio, una supresión que está en los planes de la actual Conselleria de Hacienda, que dirige Ruth Merino. De momento, la Generalitat ha desactivado el incremento de tipos que había aprobado el anterior Gobierno del Botànic y que iba a entrar en vigor a partir del 1 de enero. Ahora el futuro de ese tributo en la Comunidad Valenciana ha quedado condicionado por lo que ocurra con el Impuesto para Grandes Fortunas, puesto en marcha por el Gobierno central en principio con carácter provisional para 2023 y 2024.

Un tributo que precisamente el Gobierno de Pedro Sánchez diseñó para sustituir Patrimonio en aquellas CCAA donde no se aplica, ya que el importe abonado mediante Patrimonio es deducible de Grandes Fortunas.

La posición del Consell es estudiar lo que ocurre con el impuesto de grandes fortunas, que de momento el Ministerio ha prorrogado condicionando su continuidad a la reforma del sistema de financiación autonómico y a una revisión de la tributación patrimonial en el conjunto de las CCAA. "Lo que no vamos a hacer es suprimirlo para que el Estado se lleve esos ingresos que hasta ahora eran de las arcas valencianas con el impuesto de Grandes Fortunas", en palabras de la propia consellera Ruth Merino. Según la Hacienda valenciana, se estudiarán fórmulas como elevar el mínimo exento o rebajar los tipos para ajustar el Impuesto de Patrimonio de forma que en la práctica casi desaparezca, aunque siga en vigor.

No es el único tributo autonómico que está en revisión. Otra de las medidas fiscales del anterior Gobierno de izquierdas de Puig, los impuestos verdes incluidos en la Ley Contra el Cambio Climático, también se están revisando. Esa norma fijó tres nuevos gravámenes que se empezarían a aplicar en 2025. El primero grava las emisiones de dióxido de carbono de los vehículos de tracción mecánica. Otro impuesto incluye la emisión de gases de efecto invernadero de instalaciones y el tercero se aplicará a grandes establecimientos comerciales, por el tráfico rodado que generan en su entorno. Una carga fiscal que ha sido duramente criticada por la patronal autonómica CEV desde que se planteó la ley.

La recaudación autonómica baja

La Generalitat Valenciana, a través de la Agencia Tributaria Valenciana (ATV), ha recaudado 2.136 millones de euros durante 2023, un 3% menos, en impuestos sobre los que tiene las competencias, según los datos provisionales a falta del cierre del último mes del año. El Impuesto sobre Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados representa más del 50% de estos ingresos, mientras que Patrimonio aporta cerca de 200 millones de euros y Sucesiones otros 296 millones.

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