Valencia
En los poco más de dos meses que se han cumplido desde que el nuevo presidente valenciano, el popular Carlos Mazón, su Gobierno ya ha concretado el primer paquete de reformas para cumplir con la que fue una de sus grandes bazas frente al socialista Ximo Puig: la rebaja de impuestos en una de las comunidades autónomas con mayor carga fiscal.
En total, las medidas que el Ejecutivo formado por PP y Vox ya está tramitando suman un ahorro para los contribuyentes estimado de 365 millones de euros, una cifra que, con todo, aún está lejos de las promesas que el PP valenciano incluyó en su programa electoral.
La reforma de más calado por su carácter simbólico y por lo que supone de declaración política es la de la supresión del Impuesto de Sucesiones y Donaciones para los familiares más cercanos. Una medida que supone alinear a la Comunidad Valenciana con la política fiscal de otras autonomías en las que gobiernan los populares, como Madrid, Andalucía y la vecina Murcia, y mostrar la ruptura con las tesis del Gobierno de Pedro Sánchez.
La Generalitat ya está tramitando el cambio en la ley para introducir una bonificación del 99% en ese tributo que beneficia a ascendientes, descendientes y cónyuges. Una medida que aunque aún no se ha formalizado se aplicará a partir del 28 de mayo de este año, la fecha de las elecciones autonómica. Toda una muestra del interés del propio Mazón en convertir en un símbolo la supresión de lo que define continuamente como "el impuesto a la muerte".
La aplicación de esta medida supondrá un ahorro fiscal de 166 millones de euros al año para los contribuyentes, según los últimos datos de recaudación de 2022 de la propia Administración valenciana. No es el único impuesto en que ya se ha concretado cómo se va a reducir lo que pagan los valencianos. El nuevo Gobierno también ha puesto en marcha la modificación de otros dos tributos a través de los que se nutren sus arcas: la Renta y el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, a través del anteproyecto de la ley de acompañamiento de los presupuestos para el próximo año.
En el caso del IRPF, la principal vía de recaudación entre la mayoría de los habitantes de la Comunidad Valenciana, el equipo de Mazón de momento ha optado por la vía de ampliar las deducciones para que ya se pueda percibir lo que denomina como "alivio fiscal" en la declaración de 2023, la que se realiza el año que viene. Una decisión que supone más aplicar el bisturí que la tijera, ya que también se pone un límite máximo a las rentas para beneficiarse de ellas. Aunque desde la Generalitat se asegura que se podrán beneficiar de ella hasta 2,1 millones de personas y el 87,5% de los declarantes está claro que su utilización real no llegará al total.
En total, el Consell prevé dejar de ingresar 180 millones de euros con esas modificaciones en la Renta, fundamentalmente ligados a gastos de salud y deportivos. Así, se incluyen deducciones de hasta 150 euros por el 30% de los gastos vinculados a la salud bucodental y deducciones de hasta 100 euros por el 30% de gastos para gafas, lentes y productos de limpieza para la vista.
También se incluyen deducciones de hasta 150 euros por el 30% de los gastos que tienen que ver con la práctica deportiva. Además se contemplan esas ventajas para familias con personas con discapacidad o enfermos de salud mental, alzhéimer u otras patologías raras y crónicas.
La reforma prometida
Sin embargo, aún tendrá que esperar la gran reforma del IRPF incluida en el programa electoral valenciana, que incluía simplificar y disminuir los tramos actuales del impuesto además de rebajar las tarifas en todos ellos. Según Mazón están a la espera de estudios sobre esos cambios y, aunque deja abierta la puerta a incluir otras mejoras durante la tramitación de la ley de acompañamiento, no ha dado plazos para acometer ese cambio más radical. En su programa, el PP cifraba en cerca de 1.000 millones el impacto de esos cambios en el IRPF. El monto total de las rebajas en todos los tributos ascendía a 1.750 millones de euros.
La tercera pata de las rebajas ya encarriladas afecta al tributo que grava la compra de casa, el Impuesto de Transmisiones Patrimoniales y Actos Jurídicos Documentados, con un recorte parcial y limitado, ya que reduce del 8% al 6% el tipo para la compra de vivienda protegida y jóvenes de menos de 35 años, siempre y cuando el precio sea inferior a 180.000 euros. También fija un tipo superreducido del 3% para colectivo desfavorecidos. Por esa modificación espera dejar de ingresar apenas 19 millones de euros.
