El Instituto Santalucía ha publicado las valoraciones de su foro de expertos con recomendaciones sobre el sistema de pensiones en España, que afronta durante este año una serie de reformas. La más cercana, la del segundo pilar de ahorro, los planes de pensiones de empleo. Desde 2020, el diferimiento fiscal de aportaciones al tercer pilar, los planes individuales, se ha visto reducido desde 8.000 euros anuales a los actuales 1.500 euros. El Instituto Santalucía alerta de esta severa reducción y llama a mejorar el tratamiento fiscal de los planes individuales de pensiones para complementar el ahorro para la jubilación, buscando un desarrollo de los tres pilares.
El foro de expertos del Instituto Santalucía está compuesto por entidades como Guillermo de la Dehesa, Ignacio Conde-Ruiz, Rafael Domenech, Ángel de la Fuente, José Antonio Herce y Mercedes Valcárcel. En su reunión de mayo, plantean Reflexiones sobre el segundo bloque de medidas pendientes de implantar para la reforma del sistema de pensiones tras la actualización del Programa de Estabilidad 2022-2025 remitido a Bruselas.
El Instituto recalca el compromiso con la línea de actuación en la Unión Europea (UE), en vistas a mejorar la previsión social y a complementar los tres pilares, siendo el primero (la pensión pública) el fundamental. Valoran positivamente la reforma para el impulso de los planes de pensiones de empleo que mañana estará en la Comisión de Trabajo, Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en el Congreso de los Diputados. Eso sí, critica que el impulso de la previsión del lado empresarial se realice a costa de reducir la capacidad complementaria de los planes individuales.
En la comparativa con las economías desarrolladas de la OCDE, el Instituto Santalucía remarca que el enfoque de diferimiento fiscal "se debería aplicar en las mismas condiciones a todos los sistemas complementarios" para evitar excluir del ahorro previsional a aquellos trabajadores que no tienen la oportunidad de acceder a los planes de pensiones de empleo. El objetivo del Gobierno y el Pacto de Toledo, recordemos, es sumar a 13 millones de adscritos a los planes de ahorro del segundo pilar.
En documentos previos del Instituto, recuerdan, ya pidieron revisar la fiscalidad del ahorro previsional bajo un principio de neutralidad: "la fiscalidad no debe distorsionar en ningún caso las decisiones de inversión real o financiera de los ahorradores. Debería incentivarse el ahorro previsional a largo plazo entendiendo este concepto de manera genérica" que permita crear un perímetro de ahorro previsional a largo plazo, una especie de paraguas para elegir entre los diversos activos como planes de pensiones.
El cliente podría vender y comprar los distintos activos sin penalización fiscal alguna, siempre que los recursos se mantengan dentro de esta cuenta, tributando únicamente en el momento de retirar sus aportaciones tras haber alcanzado la edad de jubilación. De cara a la fiscalidad de los rendimientos vinculados al ahorro a largo plazo, una posibilidad a considerar sería la de descontar la inflación y gravar sólo los rendimientos reales del ahorro aplicando una tarifa progresiva, explican.
Reta y más medidas en la segunda parte del año
El Instituto Santalucía remarca el desgaste de la sostenibilidad y la equidad del sistema español. Con las reformas de pensiones la primera parte "se traslada el problema al futuro sin encauzarlo" al aumentar el gasto sin "casi" ninguna contrapartida de ingresos. Hablan de la derogación del Índice de Revalorización de las Pensiones (IRP) y el Factor de Sostenibilidad (FS), además de la introducción de la indexación de las pensiones con el IPC.
Además de la suficiencia, recalcan la equidad intergeneracional que se ve afectada por este paquete de medidas que consideran una patada adelante; la equidad intra-generacional habla de la suficiencia entre dos jubilados comparables, que ha de ser parecida.
Sobre la reforma del Régimen Especial de Trabajadores Autónomos (Reta), cuya última propuesta está actualmente está en discusión entre los agentes sociales y el Gobierno con el rechazo de ATA y Uatae. La actual propuesta, tal y como publicó eE, provocará un desequilibrio actuarial de la fórmula del cálculo que no mejorará la sostenibilidad del sistema y aumentará los gastos a largo plazo: según cálculos de este medio, la nueva propuesta costará 925 millones.
También comprometido con Bruselas están dos medidas clave en materia de Pensiones: la ampliación del periodo de cómputo para el cálculo de las pensiones y el destope base máxima del sistema.
Observar toda la carrera laboral mejoraría la contributividad y la equidad del sistema. Sin embargo amenaza con impactar de forma negativa sobre la equidad y la propia sostenibilidad si se incluyen medidas que conlleven excluir años de bajos ingresos o cubrir lagunas de cotización ya que se favorecerá a unos trabajadores frente a otros. Dependiendo de la fórmula, una ampliación del periodo de cálculo podría reducir hasta un 8,8% la pensión inicial de los jubilados del régimen general, según cálculos del Grupo de Pensiones y Protección Social de la Universidad de Valencia y la Universidad de Extremadura.
En el aspecto del destope, en la reforma de 2011 se acordó ampliar de forma progresiva las bases máximas de cotización y actualmente se encuentra topado en 4.139, casi un 30% más que en 2010. Junto con la adecuación de la base máxima, recuerdan, llegará la de la pensión máxima. "Actualmente, existe un diferencial de más de un 20% entre la base máxima de cotización y la pensión máxima, lo que convierte una parte de la cotización en un impuesto puro en vez de compensación diferida para algunos trabajadores", explican, y temen que brecha se vaya a abordar en diferentes velocidades.
Pensando en el largo plazo y tomando la referencia del valor actual actuarial del gasto en el tiempo, esta reforma tomaría un doble impacto: "no mejorará la sostenibilidad del sistema ya que incrementará los ingresos a corto plazo, pero también, y de manera desproporcionada, los gastos a largo plazo al aumentar las prestaciones calculadas con una fórmula tan desajustada como la española, que además tenderá a empeorar con avances en la esperanza de vida". También recuerdan tener en cuenta el posible efecto adverso del destope sobre la competitividad y la capacidad empresarial
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