Hoy el Consejo de Ministros aprobará por la Ley de Vivienda sin cambios sobre el anteproyecto, que ha sido considerado inconstitucional por el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ).
Así lo han anunciado reiteradamente en las últimas horas, tanto desde las filas socialistas, en el caso de la ministra de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, Raquel Sánchez, o del portavoz de la Ejecutiva Federal del PSOE, Felipe Sicilia, como desde el ala podemita del Ejecutivo, personalizado por la ministra de Derechos Sociales y Agenda 2030, secretaria general de Unidas Podemos, Ione Belarra.
En la misma línea, la presidenta del Govern, la socialista Francina Armengol, ha expresado en Ibiza su confianza en que la nueva Ley de Vivienda les dé el marco jurídico necesario para ampliar las competencias del Govern y poder interceder en los precios del alquiler.
Armengol ha celebrado la aprobación de la nueva Ley estatal de Vivienda, que estudiarán "intensamente tras su paso por el Consejo de Ministros".
El presidente del PP, por su parte, Pablo Casado, ya ha advertido que el Partido Popular recurrirá esa ley si el Gobierno de PSOE y Unidas Podemos la aprueba en contra del criterio del CGPJ, algo que ha calificado de "cacicada".
Casado ha anunciado que las Comunidades Autónomas y Ayuntamientos del PP no emplearán la nueva norma. Así, lo ha ratificado la portavoz, del Gobierno de Murcia, Miriam Guardiola, que ha adelantado que su Gobierno no aplicará en la Región de Murcia la nueva norma, al considerar que "invade competencias autonómicas y crea inseguridad jurídica".
El Gobierno cuenta con los argumentos de los seis vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) que votaron en contra del informe aprobado por la mayoría, en su voto particular.
Así, defienden, por contra de lo argumentado por la mayoría del Pleno del CGPJ de que las competencias de vivienda coresponden a las Comunidades Autónomas (CCAA), que no existe un blindaje constitucional de la Comunidades Autónomas en materia de vivienda, susceptible de impedir el reconocimiento de las competencias del Estado sobre las condiciones básicas que garantizan la igualdad de todos los españoles en el ejercicio de sus derechos constitucionales y sobre la coordinación general de la planificación económica del llamado subsector vivienda.
Consideran que no se puede olvidar por ejemplo, que el Estado, con fundamento en las competencias horizontales reconocidas en el artículo 149.1.1ª, "ha puesto en pie el sistema nacional de la Dependencia, en una materia, la asistencia social, que se encuentra estatutariamente atribuida a las Comunidades Autónomas".
Y rechazan que "de manera grosera se imputa al Anteproyecto y al prelegislador, de un intento de burlar el tenor de la Constitución, en su artículo 150.3, acusándole de introducir una fraudulenta regulación de una ley Armonizadora, eludiendo los cauces constitucionales para ello".
Limitaciones de la valoración
Raquel Sánchez, por su parte, ha recordado al CGPJ que sus consideraciones debían ceñirse a los puntos que podrían interferir con tres artículos de la Ley de Enjuiciamiento Civil (LEC), relativos a los procedimientos de desahucio.
A este respecto, el informe del CGPJ indica que "no puede desconocerse el importante elenco de normas tuitivas contenidas en la legislación que tutela al deudor hipotecario, igualmente propietario de la vivienda que habita, y que es olvidado en la modificación procesal de los artículos de la LEC que se contienen en el anteproyecto". Y augura "no pocos conflictos a decidir en sede jurisdiccional civil.
Asociaciones empresariales de los sectores inmobiliario y de la construcción se han mostrado de acuerdo con el informe del CGPJ, como, por ejemplo , la Asociación de Promotores Constructores de España (APCEspaña).
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