El Consejo del Poder Judicial aprueba el informe crítico con la Ley de Vivienda

El Pleno del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) ha aprobado por mayoría de 15 votos frente a seis la propuesta de informe sobre el anteproyecto de Ley de Vivienda.

Tal y como ya informó elEconomista el texto, redactado por los vocales Enrique Lucas y José Antonio Ballestero, recuerda al Ejecutivo de Pedro Sánchez que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica".

Denuncia el texto aprobado que en el anteproyecto se han incluido "una serie de directrices generales que cabe encuadrar en el marco de la política de vivienda, imbuidas de un claro dirigismo de la actuación de las instituciones autonómicas y locales, de problemático encaje en el orden constitucional de competencias".

Concluye el informe, que es de tener en cuenta la directa relación del objeto de la regulación con una materia -la vivienda- que el artículo 148.1. 3º de la Constitución Española atribuye a las Comunidades Autónomas y en las que estas han aprobado, en virtud de la asunción estatutaria de las competencias sobre la misma, una estimable legislación que se vería afectada por la regulación proyectada.

El nuevo texto, del que han sido ponentes José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas, defiende, como lo han hecho los expertos, que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica, por lo que su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponde a cada uno de los Gobiernos autonómicos, que desarrollan las competencias de acuerdo a la orientación política mayoritaria existente en ellas".

Este informe, por tanto, representa la opinión oficial de la Cúpula Judicial, tras el rechazo hace dos semanas del primer informe, redactado por el exdiputado socialista Álvaro Cuesta, en el que avalaba la constitucionalidad de la Ley.

La nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la futura Ley de Vivienda  considera que el anteproyecto distorsiona categorías y conceptos asentados en el Derecho Civil con las definiciones que introduce, que chocan con las que forman parte de otras muchas leyes, "sin que se aprecien razones suficientes para ello".

El próximo paso será la ratificación por el Consejo de Ministros. El Gobierno se encuentra dividido, como en otros asuntos, ya que Unidas Podemos quiere que se apruebe el texto sin modificaciones, mientras que el PSOE ha anunciado su voluntad de revisar, a la luz del informe del CGPJ, si es necesario incluir modificaciones para ajustarlo a la legalidad y evitar la judicialización.

A este respecto, el Informe advierte a Gobierno de que el Consejo General del Poder Judicial ha venido indicando la oportunidad de efectuar en sus informes otras consideraciones relativas, en particular, a cuestiones de técnica legislativa o de orden terminológico, con el fin de contribuir a mejorar la corrección de los textos normativos y, por consiguiente, a su efectiva aplicabilidad en los procesos judiciales, por cuanto son los órganos jurisdiccionales quienes, en última instancia, habrán de aplicar posteriormente las normas sometidas a informe de este Consejo, una vez aprobadas por el órgano competente.

De esta forma, los ponentes recomiendan que se deslinde con más claridad la normativa administrativa y la que incide sobre las relaciones jurídico-privadas.

"Esta diferenciación no solo la consideran necesaria a nivel meramente teórico sino, sobre todo, a efectos de valorar si son las Administraciones Públicas quienes deben procurar los fines que la ley pretende o, por el contrario, algunas de las cargas y obligaciones que el anteproyecto describe afectan a las relaciones jurídico-privadas. No puede obviarse que el anteproyecto contempla no pocas reglas afectantes a la titularidad dominical de la vivienda, así como a los contratos de compraventa y relaciones arrendaticias", se afirma el informe aprobado por el Pleno.

Un voto particular

Han votado a favor del texto el presidente del Tribunal Supremo y del Consejo General del Poder Judicial, Carlos Lesmes, y los vocales Roser Bach, José Antonio Ballestero, Ángeles Carmona, Victoria Cinto, Nuria Díaz, Juan Manuel Fernández, Rafael Fernández Valverde, Vicente Guilarte, Enrique Lucas, Carmen Llombart, José María Macías, Juan Martínez Moya, Gerardo Martínez Tristán y Wenceslao Olea. Se han opuesto los vocales Mar Cabrejas, Álvaro Cuesta, Clara Martínez de Careaga, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda.

Los vocales Clara Martínez de Careaga, Álvaro Cuesta, Rafael Mozo, Concepción Sáez y Pilar Sepúlveda han anunciado la formulación de un voto particular.

El informe final incluirá algunas observaciones menores al texto de la propuesta, sin alterar su contenido sustancial.