Civil

El Poder Judicial rechaza la propuesta de informe sobre la Ley de Vivienda y el Consejo de Ministros retrasará la aprobación de la norma

  • Fuentes del CGPJ auguran que el próximo informeserá crítico con la ley
  • Las competencias autonómicas y el derecho de la propiedad, causas del rechazo
Fachada de la sede del Consejo General de Poder Judicial. EP

El Consejo de Ministros no podrá aprobar el anteproyecto de Ley de Vivienda este martes 18 de enero, tal y como tenía previsto, puesto que los vocales del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) han acordado rechazar la propuesta de informe y volver a estudiar una nueva propuesta a finales de mes, en el pleno ordinario del 27 de enero. Este dictamen es un trámite preceptivo, aunque el informe no es vinculante para el Gobierno.

El informe había despertado el rechazo de buena parte de los vocales del CGPJ en aspectos como la valoración de que la intervención sobre el alquiler introducido en el anteproyecto de Ley por el Derecho a la Vivienda es compatible con el derecho a la propiedad del artículo 33 de la Constitución.

Este es uno de los asuntos que más polémica ha levantado desde que se conocieron las primeras versiones de los borradores del anteproyecto.

El ponente que ha elaborado el informe, el vocal Álvaro Cuesta, consideraba que "la regulación adoptada no hace irreconocible dicho derecho (de propiedad) ni niega la utilidad económica de la propiedad, por lo que se mueve dentro de los parámetros de control establecidos por el Tribunal Constitucional y por el Tribunal Europeo de Derechos Humanos".

Además, otra de las grandes diferencias doctrinales entre los vocales del CGPJ es la conveniencia de que una ley estatal regule toda la problemática del derecho a una vivienda digna a través de una ley estatal, cuando el Tribunal Constitucional en sentencia de 1997, determina que las competencias de ordenación del territorio y vivienda corresponden a las Comunidades Autónomas. Así, muchas de las medidas recogidas en el texto legislativo deberían adoptarse a iniciativa de estas instituciones.

Inconstitucionalidad por competencias

Según la nota de prensa emitida por el Consejo, el Pleno ha estimado las alegaciones, convertidas en enmienda a la totalidad, formuladas por el vocal Enrique Lucas.

Lucas señalaba en sus alegaciones las dudas sobre la competencia del Estado para legislar sobre una materia –el derecho a la vivienda- que la Constitución atribuye a las Comunidades Autónomas en su artículo 148.1.3º. 

El autor de la enmienda advierte de que la propuesta de informe rechazada parte de una idea errónea, cual es que el artículo 47 de la Constitución, que garantiza el derecho de todos los ciudadanos a una vivienda digna y adecuada, "tiene al Estado como destinatario, si no único sí principal, y que, por tal motivo, la garantía y efectividad de ese derecho solo puede proporcionarla una regulación estatal que ha de ser lo más exhaustiva y dirigista posible porque algo tan importante como la vivienda no puede dejarse en manos de las Comunidades Autónomas ni ser objeto de tratamientos diferenciados en función de la orientación política mayoritaria de cada una de ellas".

El texto aprobado por el Pleno añade que el punto de partida del informe deben ser el artículo 148.1.3º de la Constitución, "que no solo opera como fundamento de las competencias autonómicas, sino que, también, es un límite de las estatales".

Rechazo mayoritario

La votación del Pleno se ha saldado mayoritariamente en contra de la propuesta de Álvaro Cuesta por 15 votos a seis, por lo que se ha decidido nombrar otros dos ponentes: los vocales José Antonio Ballestero (vocal desde 2018, en sustitución del hoy ministro del Interior, Fernando Grande-Marlaska) y Enrique Lucas (vocal a propuesta del PNV), que elaborarán una nueva propuesta de informe. Este magistrado fue miembro de la Ejecutiva Nacional de la Asociación Profesional de la Magistratura (APM), entre 2006 y 2012.

Fuentes del CGPJ han valorado que el nuevo informe que emitan será crítico con la ley que pretende sacar adelante el Gobierno de coalición y que, con toda seguridad no contará con el aval del Poder Judicial".

En declaraciones a Europa Press, Álvaro Cuesta, ha defendido su borrador señalando que el Estado "tiene título competencial para legislar sobre la vivienda".

El vocal progresista indica  que es paradójico que en la votación, los vocales conservadores y los nacionalistas que forman parte del pleno del órgano de gobierno de los jueces, se hayan puesto de acuerdo para considerar que el Estado no tiene competencia en materia de vivienda.

Los nuevos ponentes

Ballestero centró la atención de los medios de comunicación en el acto oficial de la entrega de despachos a los nuevos jueces en la Escuela Judicial de Barcelona en 2020, ante el veto del Gobierno a la presencia del Rey Felipe VI. Al concluir el acto, sorprendió a todos al levantarse de su asiento y pedir "con toda moderación, pero también con toda convicción, gritéis conmigo ¡Viva el Rey!".

El magistrado Enrique Lucas, por su parte, es profesor titular de Derecho Constitucional en la Universidad del País Vasco y Catedrático acreditado en la misma disciplina. Ha sido Secretario General de Régimen Jurídico en el Gobierno Vasco y Presidente de la Comisión Jurídica Asesora de Euskadi.

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