El portavoz del PSOE, Felipe Sicilia, recordaba ayer que la nueva propuesta de informe del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) sobre la Ley de Vivienda -que se conoció ayer y que será debatida el próximo jueves por el Pleno-, no es vinculante, pero aclaró que la norma saldrá adelante con "total garantía y seguridad jurídica". Así, anunciaba que el Gobierno "estudiará el informe y después decidirá lo que tiene que hacer o no".
La propuesta del nuevo escrito sobre la Ley de Vivienda recoge todos los argumentos que se plantearon enmienda a la totalidad del primer informe en la enmienda a la totalidad del primer informe, apoyado mayoritariamente en contra de las tesis mantenidas por el anterior ponente, el vocal Álvaro Cuesta.
El nuevo texto, del que han sido ponentes José Antonio Ballesteros y Enrique Lucas, defiende, como lo han hecho los expertos, que la vivienda "es una materia de titularidad autonómica, por lo que su regulación y las políticas públicas encaminadas a hacer efectivo el derecho del artículo 47 de la Constitución corresponde a cada uno de los Gobiernos autonómicos, que desarrollan las competencias de acuerdo a la orientación política mayoritaria existente en ellas".
Los ponentes explican también, que la competencia autonómica es sobre el conjunto de la materia de vivienda, mientras que la estatal puede incidir en otros aspectos, como la fiscalidad, el mercado hipotecario, apoyos a los arrendamientos urbanos y a los desahuciados, a la propiedad horizontal o a la eficiencia energética.
Señala también el informe, el derecho a una vivienda digna y adecuada, si bien se reconoce en la Constitución no se define. Y la jurisprudencia del Tribunal Constitucional ha precisado que, "al estar encuadrado fuera de los capítulos de la Carta Magna en los que se establecen los derechos fundamentales, no contiene un derecho subjetivo exigible ante los tribunales sino una directriz constitucional que obliga a todos los poderes públicos a procurar su efectividad".
En la misma línea, aventuran, como ya han venido haciendo los expertos sobre la materia, que la Ley, tal y como está redactada, obligará al Tribunal Constitucional a intervenir "comprobando, en primer lugar, que la ley estatal que resulte de este anteproyecto se desenvuelva en el ámbito competencial propio del Estado y sobre esto sí existe una verdadera contradicción con la ley autonómica que sea insalvable como consecuencia de la inconstitucionalidad sobrevenida o inmediata de esta última".
Respuesta al Gobierno
El escrito responde también a los mensajes que se han lanzado desde el Gobierno sobre su legitimidad, al haber concluido su mandato en 2018 para elaborar estos informes.
El CGPJ recuerda al Ejecutivo que "el alcance de la función consultiva del Consejo General del Poder Judicial no depende ni del interés ni de la voluntad del órgano que solicita el informe y, sin perjuicio, de las competencias del Estado que incidan en dicha materia".
Y señala que el Ejecutivo en este aspecto "carece de toda capacidad de disposición porque ha de ceñirse a lo dispuesto en la Ley Orgánica del Poder Judicial, cuya interpretación es la que se ha expuesto y que ha venido siendo pacíficamente aceptada por los distintos Gobiernos y hasta el momento presente".
