La recuperación de la economía española solo llegará en los plazos previstos por el Gobierno si se lleva a cabo un proceso de vacunación rápido y efectivo, y si se logran integrar los fondos de recuperación de la Unión Europea en la estrategia presupuestaria del Estado, que le permita canalizar este dinero para inversiones y reformas con la mayor celeridad posible. Así lo apunta en su Informe sobre la Actualización del Programa de Estabilidad 2021-2024 la AIReF, donde además recuerdan que para la recuperación del empleo será clave la evolución de los sectores de actividad asociados al turismo. De hecho, advierte la Autoridad Fiscal en este sentido que a medida que pasan los meses se reducen las probabilidades de que los trabajadores afectados por un Erte vuelvan a su puesto de trabajo. Concretamente, para las 638.238 personas protegidas por Erte a finales de abril, solo cuentan ya con un 40% de posibilidades de volver al empleo.
"Se observa como la probabilidad de mantenerse en un Erte durante dos trimestres consecutivos resulta cada vez mayor. Estos resultados son similares a los observados en análisis recientes y reflejan cierto grado de persistencia como consecuencia del diferente grado de afectación sectorial y según región. De esta manera, entre el segundo y tercer trimestre del año 2020 la probabilidad de mantenerse en un Erte ascendía a prácticamente un 20%. Mientras, para los individuos en Erte entre el tercer y cuarto trimestre de 2020 y entre el cuarto trimestre de 2020 y el primero de 2021, esta probabilidad asciende a prácticamente un 60%", apunta la AIReF en el informe.
Además, la AIReF señala que atendiendo a los datos de la EPA, se observa que, cada vez una mayor proporción de las personas en situación de Erte tiende a clasificarse como parada o inactiva. De este modo, si bien en el primer trimestre de 2020 tan solo un 2,8% eran clasificadas como inactivas, durante el primer trimestre de 2021 este porcentaje asciende a prácticamente un 22% de las personas en Erte. De forma similar, en el primer trimestre de 2020 tan sólo un 1,4% de los individuos se clasificaba como parados, mientras que en el primer trimestre de 2021 esta proporción asciende a más de un 9%.
Aval, con condiciones, al Gobierno
El escenario macroeconómico del Programa de Estabilidad contempla un crecimiento del PIB del 6,5% en 2021, casi tres puntos porcentuales inferior al crecimiento del 9,8% con que se elaboraron los Presupuestos Generales para 2021. La AIReF considera que este crecimiento es factible si se producen avances en el control de la pandemia que permitan levantar las restricciones a la movilidad a lo largo del año y si comienzan a materializarse los efectos del Plan de Recuperación en la segunda mitad del año.
Más a medio plazo, las previsiones del Gobierno suponen que el PIB registra un crecimiento elevado, un 7% en 2022, para retornar al final del horizonte de previsión hacia tasas del 3,5% en 2023 y del 2,1% en 2024, superiores a las estimaciones de crecimiento potencial previas a la crisis. El crecimiento estimado en 2022 refleja la reactivación del turismo internacional y el impacto del plan, un elemento respecto al que el Programa de Estabilidad proporciona escasa información. En concreto, solo se señala el incremento que supone sobre el PIB en el promedio de 2021-2023 (2 puntos), el efecto sobre la creación de empleo acumulado en ese período (800.000 puestos de trabajo) y un impacto sobre el potencial de crecimiento de 0,4 puntos.
Además, el Gobierno ha publicado ya el detalle y la periodificación de las inversiones y proyectos de la mayoría de los componentes del plan de reformas. De acuerdo con esta información, la AIReF estima que las inversiones y el gasto asociado al PRTR podrían tener un impacto de 1,5% en 2021, 2,5% en 2022 y 1,6% en 2023, derivado principalmente del impulso de demanda. Aunque estas estimaciones son similares a las contempladas por el Gobierno, se encuentran sujetas a una elevada incertidumbre. Por un lado, el ritmo de ejecución de los proyectos y su concreción final serán cruciales a la hora de determinar el impacto. Por otro, la evidencia empírica sobre el impacto macroeconómico asociado a alguno de los componentes del Plan es escasa. Además, todavía falta la concreción legislativa de las reformas estructurales del mercado de trabajo, el sistema de pensiones y tributario que resultan cruciales para determinar el eventual impacto del Plan sobre la productividad, el crecimiento a medio plazo y la sostenibilidad de las cuentas públicas.
Por todo ello, la AIReF considera que el escenario macroeconómico a corto y medio plazo es realizable si remite la pandemia a nivel global y si los proyectos incorporados en el plan de recuperación se ejecutan en los plazos y cumplen con los requisitos establecidos a nivel europeo, y tienen la calidad suficiente para alcanzar los efectos multiplicadores esperados. "El escenario del Gobierno se encuentra dentro de los intervalos de confianza estimados por la AIReF, si bien estas bandas no reflejan la elevada incertidumbre que persiste en la economía", avala el organismo en última instancia.
Desviación del déficit
La AIReF estima para su escenario central una reducción del déficit de las Administraciones Públicas a lo largo del periodo hasta alcanzar el 3,5% del PIB en 2024, 3 décimas superior al recogido en la APE. En ambos casos, la senda se caracteriza por una fuerte reducción del déficit entre 2020 y 2022 por la progresiva retirada de las medidas implementadas para paliar los efectos de la crisis sanitaria y la fuerte recuperación económica, que se ralentiza posteriormente por el agotamiento de ambos factores. Esta ralentización en la reducción del déficit es mayor en el escenario central de la AIReF, que espera un déficit inferior al Gobierno en los primeros años, pero un mayor desfase al final del periodo. Tanto la AIReF como el Ejecutivo asumen un efecto neutral sobre el déficit de la ejecución de las inversiones previstas en el plan de recuperación en todo el periodo.
La AIReF prevé que el peso de los recursos sobre el PIB, se vaya reduciendo progresivamente hasta alcanzar el 39,1% en 2024, algo menos de 2 décimas por debajo de la senda del Gobierno. En 2021 y 2022, los ingresos crecen con fuerza, una media del 6%, por el dinamismo de la recuperación económica, si bien a un ritmo menor que el PIB nominal. Este crecimiento se modera en los dos últimos años del periodo hasta una media del 3,5%, más cercano, aunque todavía ligeramente por debajo del PIB nominal.
Los gastos, sin incluir el plan de recuperación, también reducen su peso en el escenario central de la AIReF hasta el 42,7% del PIB en 2024, 2 décimas por encima de lo recogido por el Gobierno. Al igual que en los recursos, se aprecian dos periodos diferenciados con una caída más notable en 2021 y 2022. Como consecuencia de la retirada progresiva de las medidas, en 2022, la AIReF prevé en términos nominales una caída del total de empleos sin incluir el plan de reformas de las medidas tras su práctica estabilización en 2021. Posteriormente, los gastos crecerían en torno al 2,3% siguiendo su evolución inercial.
Por subsectores, en la medida que la Administración Central ha asumido la mayor parte del incremento del déficit en 2020, la AIReF espera también que concentre su reducción. En ausencia de transferencias extraordinarias en 2022, las comunidades y ayuntamientos verían deteriorarse su saldo por el impacto de las liquidaciones negativas del sistema de financiación de 2019 para normalizar su situación en 2023 y 2024, es decir, sin transferencias ni liquidaciones extraordinarias. En el caso de las comunidades, esto supone finalizar 2024 con un déficit del 0,9% del PIB, superior al registrado en 2019 debido principalmente a que una parte del incremento del gasto sanitario se considera estructural. Por el contrario, las corporaciones locales recuperarían su superávit estructural en torno a 0,3% del PIB. Por su parte, los Fondos de Seguridad Social estabilizarían su déficit en torno al 1% del PIB a partir de 2022. En líneas generales, el Gobierno prevé un mayor déficit de la Administración Central y menor de los fondos de la Seguridad Social y las autonomías, lo que puede deberse a la asunción implícita de mayores transferencias entre esos subsectores.
