El Consejo de Ministros ha aprobado un real decreto-ley que incluye la puesta en marcha, al servicio de las empresas, de un portal web único para el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, que contendrá la información necesaria y contendrá la ventanilla única del Plan, facilitando las solicitudes y la tramitación de los procedimientos a las empresas como punto formal de relación con la Administración.
En el caso de España, recibirá 140.000 millones de euros hasta 2026, de ellos 72.000 millones en transferencias los tres primeros años y, dentro de estos, 27.000 millones adelantados ya en los Presupuestos de 2021 y servirán para acometer las transformaciones pendientes durante años en materia de clima, digitalización, igualdad, cohesión social y territorial.
Proyectos muy definidos
La Unión Europea pretende que los proyectos que constituyen el Plan permitirán la realización de reformas estructurales los próximos años y, por lo tanto, permitirán un cambio del modelo productivo para la recuperación de la economía tras la pandemia causada por la Covid-19 y además una transformación hacia una estructura más resiliente que permita que nuestro modelo sepa enfrentar con éxito otras posibles crisis en el futuro.
Este Real Decreto-ley busca asegurar la implementación efectiva, de los Fondos europeos para la recuperación de los efectos socioeconómicos provocados por la crisis sanitaria del Covid-19, destinado a apoyar la inversión y las reformas necesarias garantizar una recuperación sostenible, una transición ecológica y digital y una respuesta rápida y ágil a las necesidades de la población española y de su sector productivo, tal y como exige la UE.
Cómo se puede participar
Si bien el régimen legislativo español cuenta con instrumentos de colaboración público-privada, el Real Decreto Ley modifica algunas cuestiones de los mismos para agilizar su formalización. En el real-decreto ley se permite que las agrupaciones de personas físicas o jurídicas, públicas o privadas sin personalidad puedan ser beneficiarias de subvenciones formalizando entre ellas un acuerdo de agrupación simple.
Los convenios se regirán conforme lo establecido en la Ley 40/2015, de 1 de octubre, de Régimen Jurídico del Sector Público.
Se permite que sea la Comisión del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia, previo informe favorable del Comité Técnico, quien autorice la creación de consorcios públicos en lugar de requerir de una autorización legal.
Se facilita la ejecución de determinados contratos de concesión de obras o servicios mediante su adjudicación a sociedades de economía mixta con capital mayoritariamente público, contando con la elección del socio privado mediante los mecanismos establecido en las leyes bajo el principio de libre concurrencia.
Una nueva forma de participar
Se recoge una nueva figura de colaboración público-privada: los Proyectos Estratégicos para la Recuperación y Transformación Económica (los PERTE) que serán clave para la ejecución de los distintos proyectos tractores contemplados en el Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia.
Esta nueva figura se crea con vocación de permanencia, para incluir en nuestro ordenamiento nuevos instrumentos de colaboración público privada que permitan una gestión ágil, y se pretende reforzar aquellos proyectos que contribuyan claramente al crecimiento económico, al empleo y a la competitividad de nuestro país.
El nuevo diseño trata de evitar los riesgos de los mercados con falta de inversión privada ante riesgos a los riesgos significativos y a la necesaria colaboración público-privada que entrañan estos proyectos.
Condiciones para ser aprobado
Podrán ser reconocidos como PERTE, aquellos proyectos de carácter estratégico con gran capacidad de arrastre para el crecimiento económico, el empleo y la competitividad de la economía española,
La declaración de un proyecto como PERTE se realizará por Acuerdo de Consejo de Ministros, a propuesta del titular del Departamento competente por razón de la materia. , acompañada de una memoria explicativa en la que se describirá la planificación de medidas de apoyo y colaboración público-privada proyectadas y los requisitos para la identificación de los posibles interesados. En su caso, se describirá su encaje dentro del Plan.
Los criterios que se aplican
Los criterios a valorar para declarar a un proyecto como PERTE serán, entre otros, los siguientes:
a) Que represente una importante contribución al crecimiento económico, a la creación de empleo y a la competitividad de la industria y la economía, habida cuenta de sus efectos de arrastre positivos en el mercado interior y la sociedad.
b) Que permita combinar conocimientos, experiencia, recursos financieros y actores económicos, para remediar importantes deficiencias del mercado o sistémicas y retos sociales a los que no se podría hacer frente de otra manera.
c) Que tenga un importante carácter innovador o aporte un importante valor añadido en términos de I+D+i, por ejemplo, posibilitando el desarrollo de nuevos productos, servicios o procesos de producción.
d) Que sea importante cuantitativa o cualitativamente, con un tamaño o un alcance muy grandes, o que suponga un nivel de riesgo tecnológico o financiero muy elevado.
e) Que favorezca la integración y el crecimiento de las pequeñas y medianas empresas, así como el impulso de entornos colaborativos.
f) Y que, en su caso, contribuya de forma concreta, clara e identificable a uno o más objetivos del Plan, en particular en lo que se refiere a los objetivos marcados a nivel europeo en relación con el Instrumento Europeo de Recuperación.
De esta forma, el PERTE podrá consistir en un proyecto único claramente definido en cuanto a sus objetivos y sus modalidades de ejecución, o bien en un proyecto integrado, es decir, un grupo de proyectos insertados en una estructura, plan de trabajo o programa comunes que compartan el mismo objetivo y se basen en un enfoque sistémico coherente.
La ejecución de los PERTE se llevará a cabo a través los mecanismos previstos en el ordenamiento jurídico, salvo las especialidades, que se regulan en esta normativa.
Los PERTE estarán sometidos a la competencia efectiva en los mercados y los operadores que participen en un PERTE estarán plenamente sometidos a la normativa sobre competencia.
La tutela de Hacienda
Además, se creará un registro en el Ministerio de Hacienda, si bien en un principio se pensó que dependiera de Industria, encargado de identificar a los operadores interesados en participar en un PERTE a fin de facilitar la gestión. La inscripción en el registro será requisito necesario para ser beneficiario de ayudas comunitarias.
En él ese inscribirán todas las entidades establecidas en España vinculadas al desarrollo de un PERTE, independientemente de su naturaleza jurídica pública o privada y de su forma de constitución.
El centro directivo del Ministerio de Hacienda con competencia en materia de fondos europeos actuará como autoridad responsable ante las instituciones europeas, en los términos que se establezcan en la normativa europea, desarrollando a tal efecto las competencias que legal y reglamentariamente tenga establecidas. Será el punto de contacto con la Comisión Europea y coordinará los ministerios, organismos públicos, comunidades autónomas y entidades locales y resto de entidades nacionales y comunitarias implicadas en el Plan.
Los plazos a cumplir
La futura norma establece que no podrá establecerse un plazo para solicitar la acreditación como entidad interesada; que el plazo máximo para resolver sobre la concesión de acreditación, que en ningún caso será superior a tres meses; y los requisitos cuantitativos y cualitativos que deberán acreditarse y los criterios de valoración de los mismos, deberán ser coherentes con el objeto del PERTE y deberán ajustarse a los principios de necesidad, proporcionalidad y no discriminación. Estos requisitos no podrán suponer una limitación del número de inscritos en el registro.
Una vez aprobada la acreditación, el Ministerio competente lo comunicará al Registro estatal de entidades interesadas en los PERTE en el plazo máximo de 3 días, para que proceda a realizar la inscripción. La condición de entidad acreditada deberá realizarse para cada uno de los PERTE.
El Reto de gestionar tanto dinero
Bruselas y los Estados miembros han optado por regar de millones la Unión Europea para evitar al máximo entrar en un bucle económico que derive en una recesión y una larga crisis como la de 2008-2012.
Sin embargo, uno de los problemas que más ha preocupado estriba en la capacidad de gestión, al menos de ciertos estados, para invertir la avalancha de ayudas. El plan de Recuperación comunitario, dotado con 750.000 millones, se basa en tres pilares.
El primero, la adopción de instrumentos para apoyar los esfuerzos de los estados en la recuperación, reparar los daños y, muy importante, salir reforzados de la crisis.
El segundo es la adopción de medidas para impulsar la inversión privada y apoyar a las empresas en dificultades. Y el tercer pilar, el refuerzo de los programas clave de la Unión Europea para extraer las enseñanzas de la crisis, hacer que el mercado único sea más fuerte y resiliente y acelerar la doble transición ecológica y digital, según resaltó el Ministerio de Presidencia en un comunicado tras el Consejo de Ministros.
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