Bruselas
La segunda ola del Covid-19 obligó a los Estados miembros a reforzar y extender las ayudas que ofrecieron a sus empresas. Y como ya hiciera en primavera, la Comisión Europea continúa abriendo la mano con el régimen de ayudas de Estado, que tanto limita la intervención pública en el sector privado en circunstancias normales. La Comisión aceptó este lunes la modificación de las condiciones de los créditos garantizados por el Instituto de Crédito Oficial, para apoyar a las empresas y autónomos frente a la pandemia.
El decreto ley aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 17 de noviembre amplió la concesión de los avales del ICO hasta el 30 de junio de 2021. Además, permite a los beneficiaros enmendar las condiciones iniciales de los préstamos avalados por la institución, como la extensión del plazo de devolución en tres años más, hasta un máximo de ocho años, y la ampliación del periodo de carencia en 12 meses, hasta el máximo de 24 meses.
La Comisión constató que las modificaciones añadidas por España a los avales se ajustan a las condiciones establecidas en el Marco temporal que Bruselas adoptó la pasada primavera flexibilizando el régimen de ayudas de Estado durante este periodo excepcional.
El Ejecutivo comunitario explica que el Real Decreto de noviembre, que modifica las condiciones de la propuesta presentada en abril, es facilitar las condiciones de financiación para que los beneficiarios finales aborden mejor la duración prolongada de la crisis.
"La Comisión llegó a la conclusión de que el régimen, modificado, es necesario, adecuado y proporcionado para remediar una perturbación grave en la economía de un Estado miembro," tal y como estipulan los tratados (artículo 107) y las condiciones establecidas en el Marco Temporal, dice el comunicado de la Comisión.
Esta línea de créditos registró hasta noviembre 910.000 operaciones de financiación, movilizando más de 110.000 millones de euros. Las más de 700.000 operaciones de menos de 100.000 euros -el 80% del total, aproximadamente-, tienen un importe medio de financiación de 33.000 euros, con mayor incidencia en el turismo, el ocio, actividades culturales, automoción. Canarias y Baleares son las comunidades con mayor número de avales concedidos.
Fondo de recuperación
Mientras, el fondo de recuperación de la UE continúa su lenta y complicada travesía. Tras ser desbloqueado por los líderes el pasado jueves, al lograr levantar el veto de Hungría y Polonia, los Estados miembros lanzaron este lunes el procedimiento para que la Comisión Europea pueda pedir prestados en los mercados los recursos del fondo. De hecho, no serán 750.000 millones de euros el volumen de deuda que emitirá, sino 800.000 millones, dado que la Comisión utilizó precios constantes de 2018 al elaborar la propuesta, para mantener la homogeneidad con los otros elementos del presupuesto plurianual comunitario 2021-2027.
En concreto, los Estados miembros adoptaron este lunes la Decisión sobre Recursos Propios, que establece cómo la UE financia las arcas comunitarias, incluyendo el aumento del techo presupuestario comunitario para permitir este endeudamiento de la UE sin precedentes.
Hungría y Polonia habían bloqueado este fondo, que requiere la unanimidad de los 27, por su oposición a la condicionalidad del Estado de Derecho adherida a los fondos comunitarios. Las clarificaciones que obtuvieron Budapest y Varsovia de los líderes el pasado jueves sirvieron para que levantaran sus vetos.
La ratificación del nuevo techo presupuestario deberá ahora completarse en los 27 socios los próximos meses, en gran parte de ellos a través de sus parlamentos nacionales. Por eso, las fuentes comunitarias no esperan que los fondos de recuperación lleguen hasta la segunda mitad de 2021, incluido el primer tramo de los 140.000 millones de euros que le corresponden a España.
