El Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana verificará los préstamos ICO para el pago del alquiler que se conceden desde abril a familias vulnerables por la covid-19 mediante un muestreo aleatorio de comprobación de la documentación presentada por los beneficiarios.
Según el real decreto de modificación de la orden que regula esas ayudas -ampliadas hasta 2022-, publicado este jueves en el Boletín Oficial del Estado (BOE), el muestreo aleatorio se realizará por sorteo, bajo la supervisión de la Dirección General de Vivienda y Suelo, para determinar una fecha de suscripción de los préstamos a partir de la cual serán examinados los expedientes o mediante otro criterio objetivo determinado por dicha dirección general.
Si se aprecian errores o incoherencias en la documentación, o falsedad, ocultación o inexactitud irrelevante de los expedientes comprobados se dará por terminada la verificación y comprobación de la totalidad de los expedientes y si fuera elevada se realizará una nueva comprobación que comprenda una muestra representativa de los restantes expedientes hasta alcanzar un índice de errores o incoherencias irrelevante.
En todo caso, el Ministerio que lidera José Luis Ábalos podrá verificar y comprobar cualquier otro expediente si ello fuera preciso para un adecuado control de las ayudas, recoge el texto, que señala a la Dirección General de Vivienda y Suelo como la competente para las actuaciones de "verificación, comprobación y reintegro".
Para rastrear ayudas de 1.000 euros no merece la pena disponer de más recursos
Desde la cartera defienden que se trata de un "proceso de verificación y comprobación eficiente y que razonablemente puede garantizar la correcta aplicación de estas ayudas, dado el elevado número de préstamos a comprobar, que se trata de un proceso masificado vinculado a una situación de emergencia nacional y con reducido plazo para la comprobación".
Recuerda también que la cuantía media de la subvención que recibirá cada beneficiario no superará el importe de 1.000 euros y que el coste de otras actuaciones de comprobación y verificación sería "no eficiente".
