Ya hay un acuerdo en el seno del Gobierno entre PSOE y Unidas Podemos para paralizar los desahucios de familias vulnerables que no tengan alternativa habitacional mientras dure el estado de alarma, es decir, hasta mayo de 2021. Así lo ha transmitido este miércoles por la tarde la Vicepresidencia Segunda del Ejecutivo, que también ha confirmado que la medida llegará mediante un decreto ley que se aprobará cuanto antes en el Consejo de Ministros.
Según fuentes del departamento de Pablo Iglesias, que avanzó el pasado viernes 26 un plazo de dos semanas para aprobar la medida, el equipo negociador encabezado por la secretaria de Estado para la Agenda 2030, Ione Belarra, ha alcanzado ya un acuerdo con el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana que pondrá fin a los desahucios sin alternativa habitacional para las familias vulnerables de nuestro país mientras dure el estado de alarma (hasta el 9 de mayo). Cabe recordar que la actual prohibición de los desahucios está vigente hasta el 31 de enero.
En virtud del acuerdo este miércoles, apuntan dichas fuentes, las familias vulnerables no podrán ser desahuciadas mientras no exista la posibilidad de que sean realojadas en una vivienda digna. Las comunidades autónomas serán las encargadas de ofrecer esta alternativa habitacional, que será siempre una vivienda digna, y no, por ejemplo, un albergue.
Así, el lanzamiento no podrá ejecutarse hasta que estas personas vulnerables no tengan asegurado y garantizado su realojo. La condición de vulnerabilidad la concederán los servicios sociales a través de un informe vinculante, que los tribunales tendrán que solicitar obligatoriamente en el caso de que los afectados aleguen vulnerabilidad.
El pacto incluye también a las familias en precario que residan en viviendas de grandes tenedores, propietarios de más de una decena de viviendas. En este caso las comunidades tendrán un plazo máximo de tres meses para buscar una nueva vivienda para la familia en situación de vulnerabilidad.
El real decreto no amparará la prohibición de todos los desahucios, como pedían inicialmente en Unidas Podemos, sino solo a los que afectan a las familias más vulnerables, y tampoco se incluye la prohibición del corte de suministros en el caso de impagos.
Presión de Podemos al PSOE
Con vistas a presionar al PSOE, Unidas Podemos registró junto a ERC y EH Bildu dos enmiendas conjuntas a los Presupuestos Generales del Estado que pedían prorrogar la paralización de los desahucios, una hasta 2022, y otra hasta 2024. Sin embargo, la retiraron tras comprometerse la parte socialista del Gobierno, según Iglesias, a afrontar el problema con un decreto.
Iglesias había presionado para prorrogar la imposibilidad de desahucios más allá de enero de 2021 y que comprendiera situaciones de vulnerabilidad previas al covid-19. La cuestión generó tensiones entre los dos socios del Gobierno en coalición, sobre todo a raíz de las enmiendas.
Esta maniobra provocó un fuerte malestar en las filas socialistas y varios ministros afearon a Iglesias en público su comportamiento ante esta medida de presión de la formación morada, que perseguía aumentar la protección a la población vulnerable desde finales de septiembre.
El acuerdo viene a coincidir hoy con la publicación de una sentencia en el mismo sentido del Tribunal Supremo.
