El vicepresidente segundo, Pablo Iglesias, ha vuelto a adelantarse al sector socialista del Gobierno y ha avanzado este jueves que en dos semanas el Ejecutivo presentará una medida para ampliar la prohibición de los desahucios hasta mayo de 2021, cuando concluye el actual estado de alarma. Tras días de polémicas, roces y 'tiras y aflojas' se constata que Unidas Podemos consigue que la medida salga adelante tras presionar al PSOE y el ala socialista logra que esta extensión se haga fuera del trámite de Presupuestos y no dure hasta 2023, como querían inicialmente los 'morados'.
"A veces las discrepancias y las diferencias se traducen en medidas beneficiosas para la gente", ha defendido Iglesias tras la pugna interna en el Gobierno por la medida y por otros choques recientes durante su comparecencia en la Comisión Mixta del Congreso para la Coordinación y Seguimiento de la Estrategia Española para alcanzar los Objetivos de Desarrollo Sostenible.
El vicepresidente ha concretado que su departamento trabaja con el ministro de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana, José Luis Ábalos, que tiene las competencias en Vivienda, para impulsar esta normativa que estará lista en los próximos días, a más tardar en dos semanas.
"Mi obligación como vicepresidente de Derechos Sociales y Agenda 2030 y coordinador de las políticas sociales de este Gobierno, como me encargó el presidente, mi trabajo es velar por la política social del Gobierno y por el cumplimiento de la agenda, tengo que hacer todo lo que esté en mi mano para evitar que se eche a ninguna familia de su casa durante la pandemia que estamos viviendo", ha subrayado Iglesias.
Unidas Podemos había presentado una enmienda a los presupuestos para acabar con los desahucios hasta 2022 junto a ERC y EH Bildu que generó malestar en el lado socialista del Gobierno, que no la apoyó.
Sin embargo, Iglesias acercó posturas este lunes con el jefe del Ejecutivo, Pedro Sánchez, que se comprometió a buscar la fórmula para extender hasta que expirase el actual estado de alarma la medida, ahora vigente hasta el 31 de enero, que impide echar a la calle a personas que estén en situación de vulnerabilidad como consecuencia de la crisis por el covid-19. Esta fórmula pasa por un decreto ley consensuado dentro del Ejecutivo.
Se busca también incluir en el decreto el compromiso de prorrogar automáticamente la imposibilidad de lanzamientos a la población vulnerable cada vez que se active el estado de alarma en función de la incidencia de la crisis sanitaria.
