Nueva York
Tras una semana de infarto, el demócrata Joe Biden blindó los 270 votos en el Colegio Electoral que le brindarán la llave a la Casa Blanca el próximo 20 de enero. Una victoria que llega acechada por las acusaciones de fraude electoral realizadas por el todavía presidente, Donald Trump, quien sin pruebas concretas intenta judicializar el proceso electoral confiando en que el Tribunal Supremo acabará por supervisar alguna de sus demandas.
Biden y Kamala Harris, su vicepresidenta, tomarán las riendas del ejecutivo habiendo logrado un récord histórico de votos para su candidatura, más de 73,4 millones. Sin embargo, lejos de haber repudiado la gestión de Trump, más de 69,6 millones de estadounidenses ha respaldado una potencial revalida. Es decir, ha sumado al menos 5 millones de votos más que en 2016 y alrededor del 48% del voto popular, mejorando su posición entre los votantes latinos y afroamericanos.
Con su partido y casi la mitad del electorado estadounidense respaldándole, un Trump empoderado, ya sea como presidente saliente, líder de la oposición o tuitero de influencia mediática, seguirá atrayendo enormes niveles de atención, que utilizará para intimidar y socavar la agenda del demócrata.
Todo ello en un momento en que en el Capitolio, la división del legislativo parece ser una realidad casi asegurada. En la Cámara de Representantes, los demócratas mantendrán el control, pero han perdido al menos cinco escaños. De esta forma, los republicanos afianzan así su postura como una minoría de peso, al ganar de momento seis escaños.
En el Senado, ambos partidos permanecían empatados con 48 escaños cada uno, aunque los republicanos lideran también en Carolina del Norte y Alaska. En el caso particular de Georgia, donde están en juego dos escaños en la Cámara Alta, si ningún candidato obtiene más del 50% de los votos, como señalan los conteos, las dos contiendas irían a un segunda vuelta, y el resultado no se determinará hasta el próximo 5 enero.
Dicho resultado podría cambiar el equilibrio de poder en el Senado, ya que el demócrata Jon Ossoff intenta derrocar al senador republicano David Perdue y el demócrata Raphael Warnock se enfrenta a la senadora republicana Kelly Loeffler. Ossoff y Warnock han sido extremadamente críticos con Trump, mientras que tanto Perdue y Loeffler han sido importantes aliados del mandatario.
Un paquete de estímulo edulcorado
"Pese a la victoria de Biden, un Senado republicano hace poco probable que la nueva Administración pueda promulgar plenamente sus prioridades de política económica, incluido un gasto significativo en infraestructura y aumentos de impuestos tanto a individuos como empresas", incide Andrew Hollenhorst, economista de Citi.
A día de hoy, el escenario más probable es una gestión dividida entre la Casa Blanca y el Capitolio, con los republicanos manteniendo el control del Senado. Esto generaría una parálisis de la política fiscal, con un paquete de estímulo mucho menor al esperado y la continua dependencia de la Reserva Federal como principal respaldo de la economía. Una receta idónea para aumentar el riesgo de inestabilidad financiera futura.
Todo esto sugiere que los republicanos accederán a respaldar un proyecto de ley de estímulo de tamaño reducido, entre 500.000 millones y un billón de dólares, para evitar ser percibidos como tacaños y obstruccionistas. El líder de la mayoría en el Senado, Mitch McConnell, ya señaló el miércoles que lograr un acuerdo era su prioridad número uno.
"Fuera de un paquete de alivio fiscal limitado somos escépticos de que se vaya a aprobar otras medidas legislativas en materia económica. Un gobierno dividido hace que la legislación generalmente sea intrínsecamente difícil de aprobar", aclara Michael Pugliese, economista de Wells Fargo Securities, quien atisba una próxima presidencia a golpe de decreto.
En este sentido, Pugliese considera que Biden tendrá que centrar sus esfuerzos en realizar cambios en materia económica en áreas donde el poder ejecutivo tiene un poder unilateral significativo, como la política comercial, la política exterior así como el nombramiento de miembros del gabinete, jueces y reguladores.
Un gobierno a golpe de decreto
Por lo tanto, maniatado en su capacidad para conseguir una agenda más amplia, es probable que el demócrata al menos intente proteger a la clase media estadounidense de las turbulencias económicas globales a través de la política comercial. No obstante sin abandonar completamente el espíritu proteccionista implantado por Trump.
Su mandato ha permitido diseñar el cambio más abrupto en la política comercial de EEUU desde la Segunda Guerra Mundial, marcando una desviación del sistema de comercio basado en reglas que Washington había establecido durante las siete décadas anteriores. Una presidencia de Biden buscará una normalización parcial de las relaciones comerciales, lo que marcaría un regreso a un enfoque más multilateral y menos transaccional.
Dicho esto, Biden ha dejado claro que "la seguridad económica es seguridad nacional". En este sentido, los problemas acuciados por la crisis del coronavirus, principalmente regenerar la clase media estadounidense y apoyar a las pequeñas empresas, se postulan como parte prioritaria de su agenda, especialmente en medio de la pandemia.
Los planes del candidato esconden formas veladas de proteccionismo destinadas a promover bienes y servicios que se producen en el país. Bajo el lema "Buy American", por ejemplo, prevé 400.000 millones de dólares en inversiones en adquisiciones gubernamentales que se destinarían a bienes y servicios proporcionados exclusivamente por empresas estadounidenses.
El demócrata también lo tendrá complicado para deshacer la agenda arancelaria de Trump, especialmente cuando se trata de China porque buena parte de los gravámenes están respaldado por sindicatos, que buscan proteger sus puestos de trabajo, y agricultores, que quieren recuperar el acceso al lucrativo mercado chino.
En un intento por construir un frente común contra China, Biden podría levantar los aranceles sobre el aluminio y el acero producidos por empresas europeas. Eso sí a cambio de un compromiso de mayor gasto en la OTAN por parte de los aliados del Viejo Continente, una reforma de la Organización Mundial del Comercio (OMC) y garantías que limiten el acceso de Pekín en el desarrollo de las redes 5G.
