Ante el ajustado resultado electoral, la campaña del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha iniciado una enmarañada contienda legal con la intención de lograr la intervención del Tribunal Supremo del país en estados como Pensilvania, Michigan, Georgia y Nevada. Esta maniobra intensifica el pulso sobre las reglas y supervisión del proceso de voto que comenzó hace meses.
De hecho, este jueves, el mandatario atestiguó en Twitter su intención de plantar cara legalmente "en todos los estados recientemente reclamados por Biden" alegando un potencial fraude electoral. "Existen muchas pruebas, solo consulte los medios de comunicación. ¡GANAREMOS! América Primero!", sentenció.
En el caso de Pensilvania, la campaña de Trump acudió al Tribunal Supremo para pedirle que intervenga en un caso para impugnar un fallo del Tribunal Supremo de dicho estado. La decisión en cuestión permitió aceptar votos por correo que llegaran hasta tres días después de las elecciones si llevaban fecha anterior. Los jueces del Supremo se negaron a acelerar la apelación antes de las elecciones, pero aún están considerando si aceptar el caso o no.
Tres de ellos, Samuel Alito, Neil Gorsuch y Clarence Thomas, indicaron la semana pasada que el Supremo podría aceptar el caso e invalidar dichos votos aún después de las elecciones y los funcionarios electorales de Pensilvania han aceptado almacenar las papeletas por separado en caso de que se ordene que estas sean descartadas. El destino de la demanda podría depender de los puntos de vista de la nueva jueza Amy Coney Barrett, quien no participó en la decisión de la semana pasada.
Una tribunal de apelaciones en Pensilvania ordenó el jueves que se permitiera a los funcionarios de la campaña de Trump observar más de cerca el procesamiento de papeletas electorales en la ciudad de Filadelfia. Por su parte, el gobernador demócrata de Pensilvania, Tom Wolf, sentenció el jueves que el conteo de votos en el estado se está llevando a cabo de forma transparente y que se contará todos y cada uno de los votos. Al mismo tiempo, la directora de campaña de Biden, Jen O'Malley Dillon, acusó al presidente de querer evitar el conteo de votos y calificó las demandas de "distracciones" que lo único que harán es provocar un "inevitable retraso" en el resultado final.
No obstante es importante tener en cuenta que el Tribunal Supremo decide disputas reales, no propuestas abstractas y suele aceptar casos una vez que otros tribunales inferiores a nivel estatal han tomado sus propias decisiones. Por lo tanto, inicialmente buena parte de las contiendas se continúan librando inicialmente en los propios estados donde se han presentado demandas.
Más de 300 demandas
Si bien se presentaron más de 300 demandas antes de las elecciones en un total 45 estados, no está claro si alguna de ellas o de las recientemente presentadas por Trump y los republicanos podría llegar al máximo tribunal del país en los próximos días.
Hasta el momento, la campaña del presidente también ha solicitado un recuento en Wisconsin "basado en las anomalías observadas". Sin embargo, no está claro cuándo se llevará a cabo este recuento, ya que normalmente esto no ocurre hasta que los funcionarios del condado terminan de revisar los votos. La fecha límite del estado para esta parte del proceso es el 17 de noviembre.
En Michigan, el equipo del presidente anunció una demanda para detener el conteo de votos mientras en Georgia tanto los republicanos de dicho estado como la campaña de Trump hizo lo propio en el condado de Chatham, alegando problemas con el procesamiento de los votos por correo. Esta fue desestimada durante la jornada del jueves por un juez estatal. Tanto en Michigan como en Wisconsin, Biden fue declarado como vencedor, en este último estado por un margen de más de 20.000 votos, o 0,6 puntos porcentuales. Por su parte, en Nevada, también se oficializó otra querella en la ciudad de Las Vegas donde se dijo tener pruebas de que personas fallecidas y no residentes en el estado han votando en las elecciones.
