Economía

Moncloa gastará 322 millones más para 250.000 parados sin prestación

  • El Ejecutivo amplía la lista de prácticas desleales en la cadena alimentaria
  • La ley de Planas es de obligado cumplimiento por la UE con vistas a aplicarse en un año
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A una semana de haber aprobado por Consejo de Ministros el Anteproyecto de las Cuentas Públicas de 2021, el Gobierno de Pedro Sánchez aprobó este martes una partida de 322 millones para ayudar a parados a los que se les han agotado las prestaciones. En concreto, el subsidio irá destinado a 250.000 personas, y la ayuda será de 430 euros mensuales para quienes estuviesen recibiendo prestaciones entre el 14 de marzo y el 30 de junio y hoy las hayan agotado. El cálculo de la ayuda mensual corresponde al 80% del Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples (Iprem).

La medida aprobada en Consejo de Ministros va dirigida a aquellos trabajadores que no tienen acceso a ningún tipo de ayudas ni posibilidad de buscar empleo o de incorporarse al mundo laboral por las restricciones impuestas para hacer frente a la emergencia sanitaria durante el estado de alarma, así como por la paralización de la actividad en determinados sectores.

Además, el Consejo de Ministros dio luz verde a prestaciones por desempleo para artistas de espectáculos públicos, subsidio para el personal técnico y auxiliar y taurinos, con un acceso extraordinario al desempleo por el que cobrarán 775 euros al mes hasta el 31 de enero.

Por otra parte, el Gobierno ha habilitado otra partida de urgente apoyo al Tercer Sector de ámbito estatal por 26,4 millones de euros, procedente del 0,7% del impuesto de Sociedades y del IRPF.

Pan, chocolate y cerveza

El ministro de Agricultura, por su parte, presentó este martes la modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía su ámbito de aplicación, prohíbe nuevas prácticas comerciales desleales y generaliza los contratos por escrito en todas las operaciones. De este modo, el Gobierno subraya su compromiso de impulsar un reparto equitativo del valor añadido a lo largo de la cadena alimentaria y de fomentar la transparencia en la formación de precios y proteger los eslabones más débiles en la cadena.

La ley no solo afectará a las relaciones comerciales internas, sino que se extenderá a las de ámbito comunitario en las que participe un operador establecido en España, siempre que no aplique la legislación de otro Estado miembro.

Respecto al ámbito material, se contemplan las materias primas y otros productos incluidos en el Anexo I del Tratado de Funcionamiento de la Unión Europea como pueden ser el pan, el chocolate o la cerveza, según señaló Planas. Por otro lado, también se amplían los supuestos en los que es obligatorio hacer contratos por escrito hasta la práctica totalidad de las operaciones.

Una ley "floja"

La Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos lamentó que el anteproyecto de Ley de cadena alimentaria se "haya quedado flojo" al no incluir instrumentos importantes para reforzar la figura de los productores, como la definición de posición de dominio. La organización agraria valora que se aborde la transposición de la Directiva europea de prácticas desleales, pero señala que es una obligación para España, a cumplir antes del 1 de mayo de 2021, con vistas a su aplicación a partir del 1 de noviembre.

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