El Consejo de Ministros ha presentado este martes una nueva modificación de la Ley de la Cadena Alimentaria, que amplía la "lista negra" de prácticas desleales, el alcance de las sanciones y otras medidas para corregir desequilibrios de precios, que perjudican al agricultor y al ganadero.
El Gobierno ha examinado, en primera lectura, un anteproyecto de ley para modificar dicha normativa, con el fin de avanzar en los pasos para fomentar un mayor equilibrio en las relaciones entre los distintos eslabones agroalimentarios (agricultores, industria y supermercados), según ha informado el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas.
El ministro ha explicado, en la rueda de prensa posterior al Consejo, que el anteproyecto "amplía los productos" afectados por la normativa, así como el número de prácticas comerciales consideradas desleales, como por ejemplo, las relativas a las cancelaciones de contratos, y, además, "incorpora sanciones" a la Ley, informa Efe. Planas ha asegurado que las modificaciones no entrarán en vigor hasta el 1 de noviembre de 2021 "para que el sector se pueda adaptar".
El Ejecutivo ya modificó esta ley a principios de año, en reacción a las movilizaciones de agricultores y ganaderos, en todo el país, en las que denunciaron la crisis del sector y reclamaron precios justos por sus productos.
En esa decreto se introducía, entre otros cosas, que cada operador de la cadena alimentaria debe pagar al operador inmediatamente anterior un precio igual o superior al coste efectivo de producción.
Cobertura comunitaria
El anteproyecto presentado este martes se basa y traspone una directiva europea; establece que tendrá cobertura comunitaria cualquier transacción -entre los operadores de la cadena alimentaria- que en parte se haya producido en España.
Amplía los productos cubiertos por la ley, porque no solo serán los primarios -agrícolas y ganaderos- sino también los alimentos transformados, como el chocolate, el pan o la cerveza. Asimismo, extiende los supuestos en los que los contratos serán obligatorios, al bajarse de 2.500 a 1.000 euros.
En cuanto a las prácticas comerciales desleales, el Gobierno amplía las que están dentro de una "lista negra", prohibidas, y las que forman parte de una "lista gris", es decir aquellas que pueden ser toleradas si se han reflejado en el contrato, en los acuerdos entre las partes.
El anteproyecto incorpora nuevas infracciones sancionables y recoge como tales la totalidad de las prácticas comerciales vetadas.
Entre las leves destacan la cancelación de un pedido de perecederos dentro de los 30 días previos a la entrega; y la devolución al proveedor, por el comprador, de productos agrícolas y alimentarios no vendidos, según ha detallado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación, en un comunicado.
Como graves se incorporan el incumplimiento de la obligación de suministrar la información cuando le sea requerida por la autoridad competente en el ejercicio de sus funciones, o hacerlo de forma engañosa, así como no presentar el contrato alimentario en el momento de la inspección y la obstrucción de los inspectores.
Proyecto flojo
Unión de Uniones de Agricultores y Ganaderos ha lamentado que el proyecto de Ley se haya quedado flojo sin haber incluido instrumentos importantes para reforzar la figura de los productores, como la definición de posición de dominio.
Unión de Uniones valora que se haya abordado la transposición de la Directiva Europea de Prácticas desleales, pero hace hincapié en que esto es una es una obligación para España, a cumplir antes del 1 de mayo de 2021, con vistas a su aplicación a partir del 1 de noviembre.
"Esto se podía haber hecho la semana pasada en la Comisión de Agricultura, tal y como propusimos", comentan desde la organización, señalando que este retraso solo da oportunidad a los lobbies de industria y la distribución para meter presión a su favor como pasó en 2013".
Unión de Uniones reclamara en el trámite parlamentario que se haga una reforma contundente en defensa de los productores contemplando que se redefina la venta a pérdidas, se refuerce el régimen sancionador y se incluya la posición de dominio en la Ley de cadena alimentaria entre otras cuestiones.
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