Madrid
La aritmética de la actual mayoría parlamentaria parece que finalmente impondrá la ampliación del estado de alarma hasta los seis meses reclamados por Pedro Sánchez en su oferta al PP, según se reconocía ayer tanto en círculos socialistas como del principal partido de la oposición.
En esta ocasión, el Congreso no tiene que dar su visto bueno al decreto aprobado el domingo en el Consejo de Ministros extraordinario, sino que, únicamente debe pronunciarse sobre su ampliación más allá de los 15 días de vigencia iniciales.
Rápida respuesta
Pablo Casado condicionaba este lunes su apoyo al estado de alarma a que no dure más de ocho semanas, lo que considera que permitiría salvar la campaña de Navidad, y a que "se apruebe de una vez un marco legal a través de una modificación de la Ley Orgánica de medidas especiales en materia de Salud Pública que podría estar lista en diciembre".
Sin embargo, la ministra de Política Territorial y Función Publica, Carolina Darias, se ha mostraba firme en la voluntad del Ejecutivo y rechazaba las condiciones planteadas por Casado para dar su apoyo. "Hago un llamamiento a que el PP no ponga condiciones", señaló en la rueda de prensa tras la Conferencia de Presidentes.
En la dirección del PP no ocultaban su sorpresa por la rápida respuesta del Gobierno, algo que indica voluntad de cerrar la puerta a cualquier tipo de negociación sobre esta medida excepcional.
La ministra, por su parte ha insistido en que, "he sido clara. El tiempo de seis meses es un plazo que tiene criterios objetivos absolutamente razonables basados en la opinión de las personas expertas" y advertía que "no es el momento de poner palos en las ruedas, sino de contribuir entre todos".
No obstante, ha recordado las palabras de Sánchez en el anuncio de la imposición del estado de alarma. señalando que "se trata una propuesta de duración máxima, que no es "inamovible, sino que se podrá revisar, y levantar antes el estado de alarma, en el caso de que la evolución de la pandemia lo permita".
En cuanto a la condición del PP de reformar el marco legal para hacer frente a la pandemia, Darias ha reiterado también las palabras de Sánchez de que "el Gobierno no cree conveniente esta modificación de la ley, porque las restricciones que se amparan en el estado de alarma afectan a derechos fundamentales y, por lo tanto, requiere de este instrumento constitucional".
Mientras tanto, Casado, decidía aplazar al 3 de noviembre la reunión del Comité Ejecutivo Nacional del partido que se iba a celebrar este martes para centrarse en el debate parlamentario.
En cuanto a los apoyos, de momento, ya se han pronunciado por apoyar la propuesta el PNV, Nueva Canarias y los diputados del PDeCAT, lo que sumaría un total de 166 votos. En contra, ya se han mostrado Vox y UPN, aunque no han revelado si votarán en contra o se abstendrán.
Ciudadanos, por su parte, no ha dado aún un 'sí' definitivo, pero Inés Arrimadas ha mostrado su disposición a apoyar al Gobierno, como ha venido haciendo siempre desde el estallido de la pandemia, pero quiere negociar también, su duración a la baja.
Tanto Ciudadanos como PNV, PDeCAT, Más Madrid y BNG se mostraban también interesados en alcanzar algún tipo de acuerdo para que exista un control periódico durante los seis meses de duración de las medidas extraordinarias. Por su parte, Coalición Canaria, Teruel Existe y PRC no han avanzado la inclinación de su voto. Mientras tanto, ERC y Junts exigían más competencias para la Generalitat también abogaban por incluir un control parlamentario periódico.
Y en el caso de la CUP, que votó en contra de las prórrogas del anterior estado de alarma decretado por el Gobierno, tampoco hubo declaración de intenciones, aunque sí reconocieron que presentarán enmiendas al texto de renovación.
