El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, puso el domingo sobre la mesa un estado de alarma de seis meses de duración y de gestión conjunta con las comunidades. De momento, solo tiene garantizados los primeros 15 días, para los que no hace falta el apoyo del Congreso si no únicamente informar a la Cámara baja de la decisión tomada por el Consejo de Ministros, algo que está previsto que ocurra este jueves. Pero su extensión sí dependerá del aval parlamentario.
Pasada la primera quincena, el Gobierno debe conseguir el aval parlamentario para extenderlo. Será necesaria una mayoría simple (176 escaños) pero Sánchez no quiere se que sea por la mínima sino que prefiere que la prórroga salga adelante por una mayoría abrumadora entre la que se encuentre el PP, de momento reticente a aceptar las condiciones. ¿Con qué apoyos cuenta de momento el plan del Gobierno de cara a la votación del próximo jueves que defenderá el ministro Salvador Illa?
En plenas negociaciones, de momento, el Gobierno ha confirmado un cambio al anunciar que retirará del decreto el establecimiento del toque de queda entre las 23 y las 6:00 horas, que quedará bajo la decisión de los mandatarios de las CCAA tras la primera prórroga.
El PP no apoya el plan tal cual está y propone a Sánchez dos cambios para el 'sí' pero el Gobierno los rechaza
Pablo Casado ha realizado este lunes una oferta al Gobierno para apoyar con sus 88 diputados la prórroga del estado de alarma y que pasa por reducir su duración a ocho semanas "para salvar la campaña navideña" y por abordar, en ese tiempo, una modificación "urgente" de la ley de salud pública de 1986 para dar un marco jurídico que ofrezca estabilidad a las autonomías y blinde sus decisiones ante los pronunciamientos de los diferentes tribunales de Justicia. La idea del PP es que la reforma esté lista a mediados de diciembre.
En rueda de prensa, Casado ha reflexionado sobre el estado de alarma que propone el Gobierno y ha indicado que es signo de un "fracaso" en la gestión de la pandemia y ha recordado además que la responsabilidad en materia de pandemias es del Gobierno. El líder popular ha hecho hincapié en que el estado de alarma conlleva un control parlamentario y debe ser aplicado en momentos puntuales y no para seis meses. Asimismo, según Casado hay aspectos del decreto que podrían ir contra la Constitución, en referencia a la ausencia de control jurisdiccional en los actos de limitación de derechos fundamentales.
En respuesta a Casado, la ministra de Política Territorial y Función Pública, Carolina Darias, ha rechazado las condiciones del PP al señalar en rueda de prensa en el Senado tras la Conferencia de Presidentes que "Sánchez ha sido cristalino sobre la duración de la alarma. Está basada en criterios científicos. El PP debe abandonar sus condiciones y sustituirlas por recomendaciones de la ciencia".
Un día después, la portavoz popular Cuca Gamarra insistía en que la propuesta de ocho semanas es inamovible. "Si el Gobierno no asume la propuesta, el PP lo registrará como enmienda", ha indicado sin confirmar si votarán no o abstención. "Lo veremos en su momento".
Vox lo llevará al Constitucional
Por su parte, el presidente de Vox, Santiago Abascal, ha anunciado que su partido recurrirá ante el Tribunal Constitucional el decreto de estado de alarma y ha considerado que el toque de queda impuesto en toda España es "ilegal" y deja a los ciudadanos en una situación de "indefensión absoluta" e "incertidumbre".
El argumento que ha esgrimido en una entrevista también en Telecinco -y que se traducirá en su rechazo en las Cortes de sus 52 diputados- es el mismo que llevó a su formación a recurrir ante el Constitucional el estado de alarma de marzo y sus sucesivas prórrogas al entender que vulneraba derechos fundamentales, aunque el tribunal no se ha pronunciado al respecto.
ERC se lo piensa y EH Bildu asume
ERC ha indicado este lunes que no está de acuerdo con que el estado de alarma dure hasta el mes de mayo y es partidaria de "rendir cuentas ante los Parlamentos" todo lo que sea necesario, si bien aún no ha decidido el sentido de su voto en el Congreso con respecto a esta cuestión y ve "margen para negociar", según ha comunicado la portavoz de ERC, Marta Vilalta. "Una prórroga tan larga, de seis meses, creemos que es abusiva", ha indicado Vilalta para abrirse a explorar "todo el margen que tenemos antes de decidir nuestro voto".
Un dúa después, ha sido Gabriel Rufián quien ha indicado que el partido republicano catalán mantendrá en secreto el voto a la espera de poder negociar no la duración sino el control parlamentario en el tiempo que dure el estado de alarma para que el Congreso pueda decidir qué medidas siguen o cuáles se levantan. "Nuestro problema no es la duración, sino el control parlamentario. No es que comparezca Sánchez o Illa, sino que se voten las características. Es que chirría democráticamente que el Congreso esté seis meses sin votación en algo tan restrictivo como el estado de alarma", ha dicho desde el Congreso.
Idéntica opinión ha mostrado el otro socio de investidura. EH Bildu tiene asumido que el estado de alarma debe ser largo, incluso de seis meses, pero una prórroga directa por tanto tiempo sin control parlamentario es demasiado, según ha explicado la portavoz del grupo en el Congreso, Mertxe Aizpurua, que ha insistido en que no apoyarlo sería una "irresponsabilidad", aunque ha pedido consenso con los tiempos.
Ciudadanos buscará acortar el plazo
También ven excesiva la pretensión del Gobierno de estirar seis meses el estado de alarma en Ciudadanos. La presidenta de la formación naranja, Inés Arrimadas, ha tachado este lunes de "excesiva" la prórroga y ha asegurado que negociará con el Ejecutivo la reducción del plazo para que sea "mucho menor".
Con el matiz del tiempo, Arrimadas ha insistido en Cadena Ser en que la disposición de Ciudadanos es mantener el apoyo de sus 10 diputados al estado de alarma en el Congreso al igual que hizo durante la primera ola de la pandemia para favorecer "un amparo legal adecuado" a la adopción de "medidas contundentes y restrictivas" aunque también ha pedido a Sánchez hacer "los deberes" y establecer un Plan Nacional de actuación.
El PNV acepta los seis meses
El portavoz del PNV en el Congreso, Aitor Esteban, ya ha confirmado la posición favorable de su formación a la prórroga el tiempo y forma publicada ayer en el Boletín Oficial del Estado (BOE).
Según ha indicado esta mañana en Radio Euskadi, al PNV le ha "gustado" el decreto publicado por el Gobierno central y ha considerado "procedente" que se prolongue hasta mayo si el Ejecutivo acude "con frecuencia" al Congreso a "dar explicaciones y escuchar lo que digan" sus señorías, por lo que suma a favor los síes de sus seis diputados.. Cabe recordar que según anunció Sánchez en la rueda de prensa en la que anunció la entrada en vigor de un nuevo estado de alarma, el ministro de Sanidad, Salvador Illa, comparecerá cada 15 días en el Congreso para dar cuenta de la situación.
Aunque reconoce que la prórroga es larga, Esteban recuerda que la situación no está controlada y se desconoce cuándo se van a tener que tomar según qué medidas. En este sentido ha asegurado que "no podíamos continuar con los tribunales rechazando una y otra vez todas las medidas que se adoptaban".
División de opiniones en el Grupo Plural
El líder de Más País, Íñigo Errejón, comunicó el domingo su apoyo al plan del Gobierno para doblegar la curva de contagios, manteniendo la misma postura que en el primer estado de alarma "Apoyamos el estado de alarma como siempre hemos hecho", escribió en Twitter, donde aprovechó para solicitar más recursos para combatir la pandemia: "Faltan más rastreadores, más sanitarios, más teletrabajo, más transporte público y aulas más seguras", expresó. Sin embargo, su posición podría variar tras criticar que no sea Sánchez quien defienda la prórroga sino Illa.
En Compromís sin embargo no lo tienen tan claro, que se mantiene en conversaciones con el Gobierno de coalición para reducir el tiempo sin control parlamentario. Según ha indicado hoy el diputado Joan Baldoví, la formación confía en que el Ejecutivo acepte rebajar el periodo inicial que ha propuesto para la prórroga y que, en todo caso, se someta siempre al control del Congreso.
También del Grupo Plural se ha pronunciado la portavoz nacional del BNG, Ana Pontón, que en rueda de prensa este lunes ha indicado que su formación presentará enmiendas al estado de alarma para "acotar mejor la duración". Se ha mostrado así en contra de que se establezca durante seis meses cuando en la primera ola de la pandemia se renovaba "cada 15 días".
En el caso de JxCat, su vicepresidenta y diputada en el Parlament, Elsa Artadi, o ha desvelado el sentido del voto pero ha calificado este lunes de "decepcionante e insuficiente" el decreto del estado de alarma: "No haremos una adhesión a ciegas", ha recalcado en rueda de prensa a pesar de que los cuatro diputados del PDeCAT en la Cámara baja ya han anunciado que votarán a favor.
Según Artadi, quieren darse tiempo para mejorar un decreto con el que ha sido muy crítico, también por el hecho de que el estado de alarma se pueda prorrogar durante los próximos seis meses, medida que considera "extraordinariamente excepcional" y que cree que no pueden normalizar.
UPN 'no' pero Revilla lo ve bien
De los nueve diputados que conforman el Grupo Mixto en el Congreso, Sánchez deberá descartar los dos de UPN. El presidente de la formación navarra y portavoz de Navarra Suma, Javier Esparza, ha confirmado que no apoyará la propuesta del Gobierno porque "un recorte de libertades de esta magnitud no puede tener la duración de seis meses, es excesivo" y se ha abierto a modular su posición si hay "corrección" por parte del Gobierno.
Por su parte, parece que el Partido Regionalista Cántabro(PRC) se pronunciará a favor después de que el presidente de la autonomía, Miguel Ángel Revilla, haya asegurado en rueda de prensa que no le parece mal el planteamiento a seis meses "en las condiciones en las que se plantea porque no es un instrumento centralizador", ha dicho para recordar que las CCAA pueden modular horarios, aforos... "No nos limita", ha indicado para reconocer que el plazo sí puede asustar un poco. En el mismo sentido se han mostrado en Nueva Canarias y Coalición Canaria.
También desde el Grupo Mixto, la diputada de la CUP en el Congreso Mireia Vehí ha asegurado están de acuerdo con las medidas que introduce el decreto de estado de alarma para controlar la movilidad de la población pero ha avanzado que lo enmendará para introducir otras medidas para paliar las consecuencias económicas y sociales. "Lo que no podemos hacer es que la gente tenga que elegir entre la salud y poder pagar el alquiler. Necesitamos también medidas que vayan dirigidas a paliar las consecuencias que tiene el cierre de bares, el despido o que la gente siga siendo desahuciada", ha dicho también en rueda de prensa.
