El Consejo de Ministros aprobará hoy la solicitud al Congreso de la prórroga que permitiría extender el nuevo estado de alarma hasta el 9 de mayo. Conviene denunciar las graves consecuencias que tendría la prolongación, durante un periodo tan largo, de una medida excepcional como ésta.
Máxime considerando que podrá salir adelante con una mayoría simple en la Cámara, sin necesidad de que el principal partido de la oposición el PP, le brinde su respaldo. En primer lugar, no existe justificación desde el punto de vista sanitario para un estado de alarma tan largo, pese a la gravedad de la segunda oleada del Covid. Los expertos reconocen a este tipo de restricciones una efectividad limitada y, por ello, deben someterse a revisiones frecuentes para calibrar qué resultados reales están obteniendo. Mucho más seguros son sus perjuicios económicos, por lo que no puede sorprender el rechazo que las grandes patronales expresan, ante la "barbaridad" (en palabras del presidente de CEOE, Antonio Garamendi) que suponen unas limitaciones a la movilidad y a la actividad empresarial tan largas. Pero todavía más escandalosa es la amenaza de que se implante una especie de estado de excepción o de sitio no declarado como tal, capaz de dar cobertura a peligrosas derivas autoritarias. Basta recordar cómo, durante el primer estado de alarma, Podemos buscó ampararse en él para atentar contra derechos básicos, en especial la libertad de prensa o el respeto a la propiedad privada.
Ahora, con un control parlamentario inefectivo durante seis meses, el peligro de que esa situación se materialice es mucho mayor. Sólo se evitará si el estado de alarma se somete a la debida supervisión del Congreso.
