Los empresarios españoles admiten la necesidad de controlar la pandemia, pero rechazan de pleno que el Estado de Alarma anunciado el domingo por el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, se prolongue durante seis meses -hasta el 9 de mayo- por las consecuencias que tendría sobre la economía.
El presidente de la CEOE, Antonio Garamendi, se mostró el lunes contundente: "Podemos compartir las medidas pero no los plazos, pensamos que esto hay que revisarlo de forma más periódica (...) ¿Qué hacemos con la Semana Santa? ¿Nos la cargamos directamente con falta de confianza porque planteamos este plazo de mayo? Yo creo que es una auténtica barbaridad", afirmó durante el XXIII Congreso Nacional de la Empresa Familiar.
"Tenemos que prever cómo resistir con mucha menos actividad y además sin la campaña de Navidad y tampoco la de Semana Santa. Va a ser imposible resistir más meses con menos medidas. Llevamos meses pidiendo certidumbre y anticipación y vemos una vez más improvisación porque falta un plan para paliar los efectos que va a tener esta decision", señaló este lunes Gerardo Cuerva, presidente de Cepyme, en declaraciones a elEconomista.
"Hay que ver cómo resistir con menos actividad y sin la campaña de Navidad y Semana Santa", dice Gerardo Cuerva (Cepyme)
Una demanda que hizo suya este lunes también el presidente de Foment, Josep Sánchez Llibre, al reiterar la necesidad de que el Gobierno inyecte de manera urgente ayudas directas a las empresas por 50.000 millones de euros, al margen de los fondos de recuperación de la Unión Europea.
La declaración del estado de alarma golpea de nuevo a la economía española y pone en cuarentena todas las previsiones. En este sentido, la decisión impacta especialmente sobre los dos sectores más castigados por la pandemia, el transporte y el turismo. Las nuevas medidas dan la puntilla a ambas industrias y amenazan con retrasar la reactivación del sector al verano, dando por perdida la Navidad y la Semana Santa.
La nueva oleada de restricciones a la movilidad y el ocio impuesta en las últimas semanas por las comunidades autónomas, de hecho, ya se ha dejado notar en las aerolíneas, que ven cómo la demanda vuelve a caer respecto a septiembre y ya están revisando a la baja la programación de noviembre. No en vano, las medidas afectan de lleno a la movilidad nacional lastrando el tráfico doméstico, el único que ha tirado en un entorno marcado por la paralización de la demanda. Según Aena, el tránsito de viajeros internacionales cayó un 90% en septiembre, mientras que el doméstico descendió un 58%, suponiendo el 47% de los pasajeros. En septiembre de 2019 era el 18,3% (datos ajustados).
Aunque el estado de alarma busca dar protección jurídica a las comunidades autónomas para fijar medidas que limiten los contagios, lo cierto es que dispara la incertidumbre, ya que abre la puerta a prohibir la movilidad entre provincias y fija un toque de queda que resta atractivo a cualquier viaje de turismo. Una incertidumbre a la que se suma el desconcierto que supondrá que cada comunidad pueda poner distintas restricciones de un día para otro. "La incertidumbre y la disparidad de criterios son mortales para la movilidad. La diferencia de restricciones en Europa ha hecho mucho daño y llevarla a nivel nacional lo agrava", señalan fuentes del sector, que ya hablan de que la recuperación no llegará hasta verano.
Y es que la intención del Gobierno de extender la medida hasta el 9 de mayo amenaza la Semana Santa porque disuade a la gente de organizar viajes en un momento en el que las reservas se hacen cada vez más en el último minuto, obligando a aerolíneas y hoteles a revisar su oferta cada semana. En este punto, cabe destacar que los viajes de negocios están bajo mínimos y que se espera que sean los últimos en volver.
Pendientes de las CCAA
"El impacto final dependerá de lo que hagan las comunidades autónomas y las limitaciones a la movilidad y la actividad que impongan. Ya sabíamos que iba a ser un invierno muy duro y la mayor incertidumbre lleva a la gente a reservar vuelos con menos antelación. Seguimos confiando en que en Semana Santa de 2021 empiece una reactivación lenta pero ascendente que nos permita una recuperación en verano, tal y como se espera en julio que pasaría en octubre", explica Javier Gándara, presidente de la patronal ALA.
El nuevo desplome de la actividad, que ha obligado a IAG a rebajar al 30% su capacidad en la recta final del año, también se está notando en el taxi y en el transporte de pasajeros por carretera. En Barcelona, el taxi ha organizado una manifestación para reclamar ayudas directas y en Madrid Direbus tiene previsto protestar este martes en el Paseo de la Castellana por la falta de medidas tras "225 días de parón absoluto" y señala que la recuperación no llegará hasta marzo de 2022.
Mientras, el vicepresidente ejecutivo de Exceltur, José Luis Zoreda, alerta de la preocupación que genera en el sector turístico "un plazo tan largo de estado de alarma por la repercusión que puede tener de comunicación en el extranjero" y porque "puede parecer que esto es mucho más duro de lo que nos estaban contando".
