Madrid
El Gobierno de Pedro Sánchez da por descontado que el dinero procedente de los fondos de la UE para 2021, los 27.000 millones previstos, llegarán más tarde de lo pensado inicialmente por Moncloa. Por ello, y después de la intervención del presidente Pedro Sánchez, el Ministerio de Economía, pese a que la deuda pública en España se puede ir a entre el 118% y el 123% del PIB, ya ha avanzado su intención de emitir más deuda con el fin de adelantar los proyectos que se asignen para materializarse en 2021, y que en sí, suponen un gasto de 25.000 millones de euros, teniendo en cuenta la certeza de que 2.000 millones para Sanidad sí serán entregados.
En esa ecuación, deuda a cambio de una liquidez que tardará en llegar, de lo que no habla el Ejecutivo es de las consecuencias de esa emisión y del riesgo que supone para la sostenibilidad de las Cuentas Públicas engrosar aun más el peso que el Estado tiene reconocido por medio de títulos. De hacerse así, expertos consultados por eE advierten de un nuevo peligro para la economía española, no descartando la temida subida de la prima de riesgo.
La opción de elegir la deuda en lugar de esperar a los fondos sucede mientras la AIReF pide al Gobierno que presente un Plan de Reequilibrio a medio plazo, como estrategia fiscal y, mientras el FMI dice a España que está a la cola de Europa, con la mayor caída del Producto Interior Bruto de la eurozona,en nuestro caso, del 12,8%.
Una previsión muy optimista
Recientemente, el secretario general del Tesoro de la Vicepresidencia de Asuntos Económicos, Carlos San Basilio, señalaba que una emisión de estas características apenas tendrá un impacto, pues su efecto sería transitorio, y esa emisión se cortaría en el momento el que empezaran a llegar esos fondos.
Precisamente, en una ronda de consultas a distintos economistas, la mayor coincidencia de la valoración del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia que España enviará a la UE, es que el Plan adolece de cifras concretas, proyectos, cálculos, evaluación de riesgos, y ha empezado antes por el reparto de dinero que por el desarrollo de los proyectos, justo además en medio de una respuesta arancelaria agresiva por parte de Trump, hacia la 'tasa Google', ahora que la OCDE confiesa que tiene problemas para cerrar un acuerdo.
Ajeno a estos vaivenes de la economía, la previsión del presidente del Gobierno es que España recibirá 72.000 millones en tres años, a partir de 2021, y que ese dinero llegará por semestres -25.000 millones el próximo año-.
El miércoles pasado, en la presentación que Pedro Sánchez hizo desde Moncloa, sustanció que los proyectos para recibir ese dinero en calidad de subvención se podrán ejecutar sin problemas en tres años -los que quedan de legislatura- y, que además, están garantizados. Aunque lo único garantizado por ahora son 4.000 millones de anticipo, sin olvidar que Europa exigirá proyectos aprobados por mayoría cualificada.
Expertos economistas como Javier Santacruz señalan que con esta operación de deuda, "el Gobierno puede intentar engañar a los inversores y al Banco de España con la llegada inminente de los fondos, pero los mercados saben que es muy difícil que estén los fondos de 2021, con lo cual, sí se puede acudir a deuda pública, pero eso no va resultar inocuo, ya que implicará un incremento de la prima de riesgo".
La vista de Bruselas también estará puesta sobre la reforma de la Ley de Contratos y Subvenciones
José María Rotellar, profesor de Economía en la Universidad de Francisco de Vitoria es de la misma opinión. Una emisión de deuda para adelantar el dinero de los proyectos que no llega de los fondos para la Recuperación tras la pandemia va a tener como consecuencia que se eleve la prima de riesgo.
En opinión de Mercedes Pizarro, del Círculo de Empresarios, España "tiene poco margen fiscal", pero pueden devenir sorpresas. Por lo pronto, Luis de Guindos, vicepresidente del BCE sostiene que las primas de riesgo no se han disparado en Europa, y recuerda que existe un programa de compras de emergencia contra la epidemia con opción de compra de bonos emitidos por entidades supranacionales. En todo caso -subraya Pizarro-, "habrá que ver la evolución de España".
Según los principios generales de los Tratados de la UE -proteger los intereses financieros y el estado de derecho-, la vista de Bruselas también estará puesta sobre la reforma de la Ley de Contratos y Subvenciones que el Gobierno quiere aprobar en enero por RDL. Advierten desde la oposición que ese decreto se tiene que aprobar con luz y taquígrafos, evitando la arbitrariedad y fraude con el que se tuvieron lugar las compras de Sanidad en la primera gran ola de la pandemia.
