El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, lo tiene claro: prefiere que sea su vicepresidenta Nadia Calviño la encargada de supervisar las cuentas de los Estados miembro de la Unión Europea al frente del Eurogrupo durante los próximos años y no otra persona que pueda ser menos sensible con las necesidades que demande nuestro país. Por ello, el presidente celebró este pasado domingo durante a rueda de prensa posterior a la videoconferencia con los presidentes autonómicos, la candidatura de la vicepresidenta de Asuntos Económicos y Transformación Digital para presidir el Eurogrupo, algo que además tal y como reseñó Sánchez no supondría su salida del Ejecutivo español, sino que compaginaría ambos cargos.
"Desde luego, el Gobierno de España estaría muy interesado, lógicamente, en ese tipo de responsabilidades. Durante estos días que tenemos hasta el 25 de junio hablaremos con todos los colegas para ver si madura esa candidatura, pero evidentemente yo la veo con muy buenos ojos", señaló Sánchez.
El futuro cargo de Nadia Calviño al frente de la coordinación de las políticas económicas de los estados miembros, con el objetivo de perseguir un crecimiento más sólido -como rigen los principios del Eurogrupo- no lleva adherido al puesto, al menos de manera oficial, más requisito que ser ministro de un estado miembro, su experiencia y su extenso y respetado currículum en los órganos bruselenses.
Extraoficialmente, sin embargo, implica una actuación ejemplar y modélica, reformas, políticas de consolidación fiscal y el temible término de recorte del gasto público, algo de lo que huye despavorido el Gobierno de Pedro Sánchez, que teme que su política se acabe pareciendo por necesidad impepinable más a la crisis de 2008 (con recortes y más impuestos). Ello podría significar para España duros reajustes y reformas que no estaban en la agenda gubernamental antes de la llegada del Covid-19 (fuentes de Hacienda confirman que "tienen intención" de presentar las Cuentas Públicas antes del 1 de octubre).
Se trata, por tanto, de rígidos ajustes, que podrían llegar a durar un mínimo de tres años, que es el ciclo que tardaría Calviño en defender su candidatura en Europa, ganarla el 9 de julio, y una vez elegida oficialmente, suceder al ministro portugués Mário Centeno y, finalmente, desarrollar su programa durante dos años y medio. Cabe recordar que a nuestro país, del Plan de recuperación económica europeo bautizado como Next Generation le corresponderían 140.000 millones, unos 77.000 millones en subsidios a fondo perdido y 63.000 millones en préstamos.
Pero la ayuda no se llegará sin una contraparte que se han encargado de apuntalar los países más reticentes con la aprobación de estos fondos de recuperación. Entre otras cosas, la Comisión Europea rechaza que el Gobierno derogue la reforma laboral si España quiere acceder a los fondos. Valdis Dombrovskis, vicepresidente de la Comisión Europea y comisario del Euro y de Diálogo Social, asegura que "es importante que no haya marcha atrás en las reformas aplicadas".
Pero no solo en términos de reformas estructurales podría aplicar el freno de mano la ministra Calviño desde su posición europea sino que además podría condicionar buena parte de los que supone el diseño ordinario de los Presupuestos Generales del Estados, que para la próxima versión de los mismos deberán incluir ciertos elementos de contención de gasto público y de incremento de la base de ingresos por la vía impositiva. Unas contenciones que, más allá, sería difícil articular por parte del Gobierno en su conjunción con las propuestas de la pata del Gobierno que lidera el vicepresidente Pablo Ilgesias pudiendo aflorar fricciones por los cambios en la hoja de ruta.
Quinielas en el Ejecutivo
Sánchez descarta una crisis de Gobierno si Calviño es nombrada presidenta del Eurogrupo, ya que no supondría su salida del Gobierno español, sino que complementaría ambos cargos. Pero la posible salida de Calviño y también del ministro de Ciencia, Pedro Duque, y de la ministra de Exteriores, Arancha González Laya, a organismos internacionales, podría abonar una crisis de Gobierno en los próximos meses. Se trataría de modificaciones en la estructura del Ejecutivo que afectarían a la portavocía del Ejecutivo que ostenta la ministra de Hacienda, María Jesús Monter, al ministerio de Industria de Reyes Maroto y al propio ministerio de Ciencia de Pedro Duque.
