El Gobierno aprobará en el Consejo de Ministros de este martes una línea de financiación para que los inquilinos con dificultades puedan hacer frente al pago del alquiler durante esta situación de emergencia provocada por el coronavirus. Así lo ha reconocido el ministro de Transportes, José Luis Ábalos, en una rueda de prensa el lunes por la tarde. El plan incluye microcréditos, ayudas directas de hasta 900 euros al mes, suspensión de desahucios y moratoria en propiedades de grandes tenedores.
El plan, que se articula sobre cinco pilares, ha sido objeto de controversia entre PSOE y Podemos, que una vez más están marcando hitos en la gestión de la emergencia sanitaria y visibilizando las divisiones en el Gobierno de coalición.
El punto más polémico del plan para el alquiler es el que hace referencia a los grandes tenedores de vivienda: los fondos, inversores privados o propietarios con más de ocho casas. Los partidos están de acuerdo en exigir a Blackstone, el fondo con más viviendas en España, y a las socimis apliquen a sus inquilinos una moratoria de cuatro meses en el pago de las rentas. Estos inquilinos se beneficiarán o bien de una quita de deuda del 50% o de una reestructuración de la misma en dos o tres años, pudiendo acogerse siempre a las líneas de crédito del ICO.
La parte socialista del Gobierno defendía que se negociase un plan de pagos a un mínimo de 36 meses y un máximo de 10 años para que los inquilinos paguen las rentas acumuladas durante los cuatro meses de moratoria mientras que la facción podemita del Ejecutivo de coalición apostaba por realizar una quita a la deuda o anularla directamente, es decir, que no se pague nunca.
"Estamos negociando con Podemos la propuesta pero las conversaciones están atascadas en algún punto. Se seguirá negociando todo el día de hoy y mañana por la mañana porque la intención es llevarlo cuanto antes a Consejo de Ministros"
Durante una entrevista en La Sexta, la propia ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, ha reconocido que mañana el Gobierno aprobará "un lote de medidas para ayudar a la ciudadanía". "El Gobierno es consciente de que es necesario tomar medidas en el alquiler, se están puliendo, a ver cuándo salen adelante".
Los otros puntos del plan de ayuda, que busca movilizar 700 millones de euros para que la población con problemas económicos pueda afrontar el pago de los alquileres, se consensuaron entre los dos partidos. Así, entre las medidas destaca la paralización durante seis meses de todos los procesos de desahucio iniciados y la prórroga de seis meses obligatoria de todos los contratos de arrendamiento que vayan a vencer este estos meses de paralización económica.
Además se va a habilitar línea de crédito ICO para que las familias que atraviesen una crisis coyuntural por el freno de la economía puedan pagar la renta. La idea es que, una vez recuperadas del bache, devuelvan los microcréditos en un periodo de entre tres y seis años, en función de su capacidad económica. Esta medida está pensada para gente afectada por ERTE o que se ha visto obligada a cerrar sus negocios temporalmente por las restricciones aprobadas por el Ejecutivo.
Para los colectivos más vulnerables y que queden mucho más afectados por la crisis, el Gobierno tiene previsto coger los fondos del Plan Estatal de Vivienda para crear líneas de crédito para que estas familias puedan pagar el alquiler. Entre estas dos medidas se movilizarán los 700 millones ya mencionados.
El Gobierno ya anunció hace unos días la idea de paralizar los desahucios e intervenir el mercado del alquiler, lo que sentó mal en el sector, que prevén que la compraventa y la inversión en viviendas va a salir muy tocada de la emergencia sanitaria. De momento, se ha paralizado la nueva ley del alquiler y la publicación del índice de precios.
Un 90% de las viviendas, en manos de particulares
El 90% de las viviendas que forma el parque de alquiler en España están en manos de particulares que cuentan con entre una y ocho viviendas en renta, por lo que solo el 10% restante es propiedad de grandes tenedores, donde entran en juego los fondos, las socimis y gestoras especialistas en este mercado.
La mayoría de estos gigantes del alquiler ya han lanzado a lo largo de las últimas dos semanas medidas para flexibilizar el cobro de las rentas. Así, la primera en dar el paso fue Lazora, que con una cartera de 7.000 pisos, anunció el aplazamiento de dos mensualidades para sus clientes que entre dentro de los criterios que el Gobierno aprobó para la moratoria hipotecaria.
Blackstone, que tienen sus viviendas a través de las compañías Testa, Anticipa, Fidere y Aliseda, asegura que está trabajando "en estrecha colaboración con nuestros inquilinos, solucionando caso por caso y teniendo en cuenta las medidas establecidas por el Gobierno, para ayudarles en estos complicados momentos".
Por su parte, la socimi Témpore, participada por el fondo TPG y Sareb, también ha aprobado medidas para flexibilizar el pago de las rentas a las familias afectadas por planes de regulación de empleo, mediante el diferimiento del pago de una parte del recibo mensual durante un plazo máximo de 6 meses.
"Estamos estudiando cómo ayudar a las personas que se encuentran con dificultades para pagar el alquiler y debatiendo las alternativas", indicó el ministro en rueda de prensa.
En una rueda de prensa reciente, Ábalos aseguró que se preveía adoptar una medida para ayudar a los ciudadanos que tengan problemas para afrontar el pago del alquiler de sus viviendas como consecuencia de la situación que atraviesa el país por la crisis del coronavirus y el decreto del estado de alarma.
"Estamos estudiando cómo ayudar a las personas que se encuentran con dificultades para pagar el alquiler y debatiendo las alternativas", indicó el ministro.
