Barcelona
La primera reunión de la mesa de diálogo entre el Gobierno y la Generalitat para buscar una solución al conflicto político catalán, prevista para este miércoles en Moncloa, cuenta con unas perspectivas muy descafeinadas. De hecho, el Ejecutivo español muestra mayor interés por la cita -al menos de cara a la opinión pública- que el presidente catalán, Quim Torra, que acudirá sin intención de ceder ni un ápice en sus reivindicaciones de amnistía para presos y huidos por el procés y del ejercicio de autodeterminación. Además, su partido insiste sin descanso en la figura del mediador.
La propia fecha ya tuvo que impulsarse desde el Gobierno, con el beneplácito de ERC, ya que Torra no tenía ninguna prisa por devolver la visita que le hizo Pedro Sánchez a la Generalitat el 6 de febrero, y de hecho forzó un cambio de día, aduciendo motivos personales.
Asimismo, mientras el pasado jueves Moncloa ya anunciaba los participantes en el encuentro (el presidente Sánchez; los vicepresidentes Carmen Calvo y Pablo Iglesias, y los ministros Carolina Darias, Salvador Illa y Manuel Castells), la Generalitat acabó la semana sin más concreción que la asistencia de Torra y del vicepresidente Pere Aragonès.
Calvo explicó el viernes que este primer encuentro debe servir para hacer un "diagnóstico" del enfrentamiento vivido desde que el PP "encendió la mecha", recogiendo firmas en contra de la reforma del Estatut de 2006, reiterando que no se precisan mediadores, algo que tampoco ve necesario ERC, que fue la formación que forzó esta mesa de diálogo como condición para permitir la investidura de Pedro Sánchez, si bien el protagonismo posterior se lo ha atribuido Torra, que, en vez de buscar avances, está más interesado en dejar pasar el tiempo para mejorar las perspectivas electorales de JxCat en las elecciones autonómicas catalanas anticipadas, previstas para este año, aunque todavía sin fecha.
El 'president' busca ganar tiempo para que JxCat mejore en las encuestas de las elecciones catalanas
Así las cosas, la mesa de diálogo se conforma como un paripé de solución imposible si el Gobierno se ciñe a la Constitución -que no se puede saltar- y los independentistas a la autodeterminación, pero ninguna de las dos partes quiere ser acusada de haberse negado a negociar. El Gobierno central, para marcar diferencias con los ejecutivos estatales del PP, y la Generalitat para sumar argumentos para su hoja de ruta internacional en búsqueda de avales para las tesis soberanistas.
Comisión bilateral
Al margen del protagonismo de la estrategia política en la mesa de diálogo, están en marcha los preparativos de la comisión bilateral Estado-Generalitat, donde se deben acordar los asuntos del gobierno del día a día y las reivindicaciones históricas de Cataluña al Gobierno central. Pero de momento no tiene fecha. El conseller de Acción Exterior, Alfred Bosch, encargado de recopilar el listado de peticiones y proponer el encuentro, explicó el viernes que llevaba dos semanas trabajando en dicha lista, y que las prioridades se pondrán sobre la mesa en la reunión semanal del Ejecutivo catalán de este martes.
Agravios milmillonarios
Bosch hablaba de "deudas históricas que se deben resolver", y que ascienden a cifras milmillonarias. Entre las cuestiones a tratar que está recopilando el Govern figura el traspaso de Cercanías -acompañado de recursos económicos- y transferencias para los Mossos d'Esquadra. También otros puntos que Pedro Sánchez ya incluyó en la agenda para el entendimiento de 44 puntos que entregó a Torra el 6 de febrero, como el traspaso de las competencias sobre las becas de estudios y compensaciones por nuevas plazas judiciales en Cataluña.
El 'Govern' lleva dos semanas trabajando en la lista de peticiones
Entre las pretensiones del Gobierno catalán figura reactivar el acuerdo de 2018 que quedó anulado por el fin prematuro de la legislatura estatal. Entonces, el vicepresidente y consejero catalán de Economía, Pere Aragonès, acordó con el Ministerio de Hacienda que el Estado pagase a la Generalitat -de forma escalonada durante cuatro años- un total de 1.459 millones de euros para inversiones e infraestructuras (759 millones correspondientes a la disposición adicional tercera del Estatut en el ejercicio 2008) y para financiar los Mossos d'Esquadra (700 millones, revisables al alza, para compensar el mayor gasto desde 2009 como policía integral y por la lucha contra el terrorismo).
Fue en la Comisión Mixta sobre asuntos económicos entre las dos administraciones, a la que la Generalitat acudió con una reclamación del pago de deudas por 7.607 millones por distintos conceptos.
