No es una novedad, pero el Gobierno de Pedro Sánchez está haciendo especial énfasis sobre ello. De los 44 puntos del documento -"Agenda para el reencuentro"- que el presidente del Gobierno le dio en mano a Quim Torra el jueves, uno de los que más ha llamado la atención pese a 'llover sobre mojado' es el séptimo: "El Gobierno tiene el compromiso de que el proyecto de Presupuestos 2020 cumpla con las disposiciones contenidas en el Estatuto de Autonomía".
De hecho, el propio Ejecutivo remarca en el citado documento que el cumplimiento de esa disposición ya se intentó llevar a cabo en el proyecto de Presupuestos de 2019 que no salió adelante en el Congreso por el rechazo de los independentistas y precipitó las elecciones generales. Pero... ¿en qué consiste esa disposición?
En las últimas páginas del Estatut catalán, aprobado en 2006 y limado por el Tribunal Constitucional en 2010, aparece esta disposición bajo el título 'Inversiones en infraestructuras': "La inversión del Estado en Cataluña en infraestructuras, excluido el Fondo de Compensación Interterritorial, se equiparará a la participación relativa del producto interior bruto de Cataluña con relación al producto interior bruto del Estado para un periodo de siete años. Dichas inversiones podrán también utilizarse para la liberación de peajes o construcción de autovías alternativas".
En plata: si Cataluña suele representar cada año algo menos de un 20% del PIB nacional, el Gobierno de turno debería dedicar en torno a un 20% del montante total para inversiones en las comunidades de los Presupuestos a Cataluña. Haciendo cálculos, cada año más de 2.000 millones irían destinados a infraestructuras en la región.
El borrador presupuestario de 2019 ya contemplaba una subida de más del 60% en las inversiones destinadas a infraestructuras en Cataluña. Se trataba de 2.051 millones aderezadas con otros 200 de compromisos pendientes con la región que acercaban la inversión total al porcentaje referido anteriormente.
En lo que no se hace tanto hincapié es en la letra pequeña de la disposición, que se puede leer en una nota a pie de página que el propio Estatut recoge. Ahí se dice que la famosa disposición debe ser interpretada acorde a la sentencia 31/2010 del Tribunal Constitucional, mediática a fuer de ser la que recortó el texto tras el recurso del PP. El fundamento jurídico 138 de esa sentencia dice que este porcentaje de inversión supone un compromiso político, pero no una obligación vinculante.
"No puede admitirse que la disposición adicional tercera, apartado 1, vincule a las Cortes Generales en el ejercicio de sus funciones de examen, enmienda y aprobación de los Presupuestos Generales del Estado", reza de una tacada la sentencia del TC, a lo que añade que los compromisos presupuestarios formalizados en un Estatuto de Autonomía "no constituyen un recurso que el Estado deba consignar obligatoriamente en los presupuestos generales de cada ejercicio económico, pues es al Estado a quien corresponde en exclusiva (...) decidir si procede dotar, en su caso, y en qué cuantía aquellas asignaciones en virtud de la competencia exclusiva que sobre la materia le atribuye el artículo 149.1.14 de la Constitución".
Queda manifiesto que el Gobierno no está atado -legalmente- a esta disposición y que su cumplimiento ofrece a Sánchez una manera relativamente factible de contentar al independentismo con millones sin pisar ascuas más ardientes. Aunque el líder socialista defiende ese incremento en las inversiones, este 'chorreo' de millones va a ser del Estado a Cataluña. Es decir, va a decidir el Estado.
Es lo contrario de lo que sucede con el punto 8 del documento de 44, garante del compromiso del Ejecutivo de estudiar en el seno del Consejo de Política Fiscal y Financiera (CPFF) -Hacienda y los heterogéneos consejeros de Hacienda de las comunidades- las propuestas catalanas para su autonomía tributaria.
Sánchez diluye en este organismo algo que sabe que puede darle a la larga más dolores de cabeza, porque no es solo dinero contante y sonante, sino perder competencia en una materia clave -perder poder al fin y al cabo- y volver a exponerse a un choque con la Constitución. En el recuerdo está la Agencia Tributaria propia catalana que el TC en la ya comentada sentencia dejó vacía de contenido por motivos obvios.
