El veto de ERC y PDeCat a la tramitación de los Presupuestos Generales del Estado para 2019 también supone perjuicios para Cataluña.
La comunidad renuncia a recibir la mayor inversión histórica del Estado en infraestructuras, de hasta 2.251 millones (incluyendo 200 millones de pagos pendientes por la disposición adicional tercera del Estatut).
Con la prórroga de las Cuentas de 2018, Cataluña recibirá solo 1.351 millones, 900 menos que con el proyecto de Pedro Sánchez para este año. Ello fue lamentado ayer por el presidente de la Cámara de Comercio de Barcelona, Miquel Valls, y por la patronal catalana Foment del Treball.
Además, se cierra la opción de que el Gobierno central añada facilidades financieras a las autonomías, algo importante teniendo en cuenta que la Generalitat debe 57.500 millones al Estado (el 73 por ciento de su deuda total).
El portazo soberanista también supone renunciar a compromisos de pago de Sánchez por 1.459 millones entre 2019 y 2022 vinculados a inversiones en infraestructuras -donde se incluyen los 200 millones citados anteriormente- y a la financiación de los Mossos d'Esquadra, que fueron preacordados en la Comisión Mixta de Asuntos Económicos y Fiscales Estado-Generalitat en septiembre de 2018.
Concretamente, eran 759 millones en cuatro años para inversiones en infraestructuras, reconocidos por el Tribunal Supremo como pago pendiente por la aplicación correspondiente al año 2008 de la disposición adicional tercera del Estatut.
Por otro lado, Cataluña recibiría 700 millones en cuatro años para mejorar la financiación de los Mossos d'Esquadra. Esta cifra, que se fijó de manera provisional y podía ser revisada, debía compensar el gasto de este Cuerpo desde 2009, puesto que ha crecido su trabajo como policía integral y por la lucha contra el terrorismo.
Sin posibilidad de gestión
Cataluña también se hubiera beneficiado del incremento de las entregas a cuenta a las comunidades autónomas, contabilizado en unos 6.673 millones. A día de hoy, este ingreso para las autonomías peligra puesto que el Gobierno se vería sin posibilidades para gestionarlo, al no haber podido aprobar Presupuestos.
Y es que, según ha podido saber elEconomista, Moncloa duda de que las entregas se puedan autorizar a través de un real decreto de ley (RDL). Precisamente, uno de los límites que tienen estas herramientas legislativas son las competencias y las legislaciones autonómicas.
Ello pone en vilo la capacidad financiera de las autonomías. Cabe no olvidar que a lo largo de 2019 tienen que afrontar incrementos de gasto derivados de RLD aprobados por el Gobierno durante el año pasado, como la subida de sueldo de los funcionarios, que costará a las regiones unos 2.100 millones.
Por otro lado, María Jesús Montero, la ministra de Hacienda, confirmó ayer los peligros que entraña la prórroga presupuestaria respecto al déficit público. Sin nuevos presupuestos, se disparará hasta al 2,4 por ciento del PIB, según indicó la titular, más de un punto por encima del objetivo de déficit aprobado para 2019, del 1,3 por ciento.
